La causa judicial por el presunto pago de coimas en la comercialización de productos con Venezuela, una de las que más comprometió al gobierno durante este año y principal arma de ataque opositor, se encamina a quedar en el olvido, ya que ningún testigo avaló los dichos del ex embajador, Eduardo Sadous, cuya declaración dio origen a la investigación.

Luego de meses de varios pedidos de información al extranjero sobre el movimiento de las cuentas del Fideicomiso entre la Argentina y Venezuela, y al haber finalizado una primera ronda de declaraciones testimoniales pedidas por el fiscal federal, Gerardo Pollicita, nadie confirmó que se pagaron coimas por sugerencia de funcionarios argentinos en la venta de productos a Venezuela, en su mayoría agrícolas.

Durante varias semanas declararon ante el juez federal Julián Ercolini varios técnicos; actuales y ex funcionarios, y hasta dirigentes críticos como el caso del ex Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, ya que en dicho organismo de control se investigó a partir de un anónimo el presunto pago de coimas, pero finalmente se archivó por no comprobarse.

Al no poder avanzar sobre irregularidades en las operaciones de venta a Venezuela de productos de maquinaria agrícola, el grueso de la comercialización con ese país, la Justicia encamina la investigación hacia la intención de compra de fuel oil a la administración de Hugo Chávez, lo que finalmente no se concretó.  En ese sentido, solamente resta la declaración prevista para el próximo 10 de noviembre de Alieto Guadani, ex secretario de Energía, quien había desaconsejando la compra de fuel oil de Pdvsa, porque el mismo tenía altos niveles de azufre, elevado precio y porque la operación había sido sin ningún tipo de licitación previa.

Las sospechas sobre el presunto pago de coimas surgieron en torno a la denuncia de Sadous sobre una especie de "embajada paralela", que llevaba adelante el entonces funcionario del ministerio de Planificación Federal, Claudio Uberti, quien cobró relevancia al viajar en el mismo avión con que el venezolano Guido Antonini Wilson trasladó la valija con 800 mil dólares e intentó sin éxito ingresarla al país.

Además, se especula que las coimas iban camufladas en las comisiones del 15 por ciento que los empresarios argentinos pagaban a mediadoras, como la empresa Palmat.

Durante varias semanas declararon entre otros Jorge Médica y Rosana Negri, ex presidentes de la CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola), que concentró las operaciones comerciales del sector; Mondino; y el entonces agregado comercial en la sede diplomática en Venezuela, Alberto Álvarez Tufillo.

Incluso, a principio de semana declaró el ex segundo de Sadous y quien aún conserva cargo de embajador, Carlos Riva, pero su testimonio no trascendió debido a que la causa cayó en el olvido ante la no aparición de pruebas.

Riva no sólo tiró abajo la hipótesis de una "embajada paralela" (ya que dijo que la delegación argentina tenía como cabezas a Julio De Vido y Martín Redrado en esos años), sino que negó haber escuchado de pago de coimas.

También declararon la subdirectora de Control Aduanero, Ana Ruz; los asesores de la CAFMA Gustavo Parino y Carlos Kesman; técnicos de la Auditoría General de la Nación; empresarios privados; y la titular de Aduana, María Silvina Tirabassi, entre otros.

Si bien de los testimonios no surgieron indicios, tampoco hubo confirmación de la denuncia a través de otras medidas que llevó a cabo el juez, como pedidos sobre el movimiento de cuentas bancarias, sobre los viajes que realizó Uberti a Venezuela (algo que de por sí llama la atención, ya que su cargo era como titular del organismo de control de las concesionarias viales), entre otras.

Las sospechas sobre las coimas fue promovida por la Coalición Cívica que realizó varios meses atrás una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py, y luego utilizó el crédito político de las acusaciones hacia funcionarios kirchneristas.

Esa denuncia apuntaba contra el ahora fallecido ex presidente Néstor Kichner, varios miembros del Gabinete Nacional y era apenas un capítulo de una extensa denuncia.

Tal alcance político tuvo la acusación que el Congreso intervino para escuchar la versión del propio Sadous y otras personas que pudiesen aportar elementos, pero tampoco surgió algo que pueda definir el futuro de la investigación.

Sergio Farella
NA