Evocando algunas frases del genial José Ingenieros, podríamos decir que el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el caradura Aníbal Fernández, se ha convertido en el paradigma del ser deleznable hundido en la mediocridad.

Da la sensación que los Fernández tienen pasión por la figuración, en particular por mostrarse como Abogados, aún cuando jamás hayan cursado los estudios completos ni rendido las materias necesarias para obtener el título correspondiente.

La “Reina Kretina” jamás pudo mostrar su diploma, pues correría el riesgo de que la acusen por falsedad, se abstuvo de utilizar el supuesto título en alguna tarea abogadil para evitar caer en usurpación de títulos y honores, haciendo gala de una picardía superadora del mejor leguleyo. La presidente mandó quitar de su CV (curriculum vitae) su condición de Abogada, precavida ella.

En cambio el liliputiense Aníbal Fernández, que jamás rindió las materias de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, tuvo el coraje de presentar sus papeles y hasta juró como abogado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuando su presidente era el impresentable KK Jorge Gabriel RIZZO. Algún día se harán las investigaciones judiciales pertinentes y saldrán a luz esos títulos truchos.

Mientras el Estudio Fernández & Fernández siga comandando el barco de la Patria seguramente encallaremos, pues esta canalla no para de cometer los más abyectos desaguisados.

Al extremo que, según el Pequeño Fernández (des) ilustrado, no existe el delito de usurpación, previsto en el Código Penal argentino. Esto lo dijo el Jefe de Gabinete sin ponerse colorado, por Cadena Nacional, seguramente bajo el influjo de algún psicotrópico que le habría alterado sus facultades mentales, en el marco de las ilegítimas ocupaciones de espacio público por parte de lúmpenes arengados por punteros kirchneristas.

Además de ignorancia supina del Derecho, esa manifestación implica la comisión del delito de apología del crimen, y la falta de previsión y represión de las usurpaciones, el delito de omisión de sus deberes de funcionario público.

Pero lo más grave de esta situación es que la singular interpretación del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación sirve de incitación a cometer esa clase de atropellos hacia la propiedad, avalando en primer término la ocupación del espacio público y luego, más peligroso aún, la intrusión en propiedad privada, tal como aconteciera en Quilmes y en el Club Albariños de Capital Federal.

Lo más suelto de cuerpo el caradura Aníbal Fernández dijo que no existe usurpación si antes no lo dice un juez, y además que no habría usurpación en el caso de la ocupación de bienes del estado por cuanto —según este malformado personaje— el art. 181 del Código Penal exige que se despoje “a otro”, y para él, “otro” no puede ser el Estado! Sería bueno revisar no sólo su título de Abogado, también el de Contador (salvo que se refiera a Contador de Cuentos) pues parece que en la intendencia de Quilmes le erró fiero a los números y se quedó con unos cuantos pesitos y eso lo obligó a poner pies en polvorosa huyendo en el baúl de un automóvil para burlar la orden judicial.

Ahora bien, ¿para qué querrá que un juez diga si hay o no delito, si cuando un magistrado así lo sostuvo desobedeció sus órdenes? ¿Acaso no es el polifuncionario más creativo que inventó como excusa que había órdenes judiciales que no debían obedecerse por ser —según él— “de imposible cumplimiento”?

Me pregunto, este sujeto, ¿resistiría un estudio psiquiátrico? ¿Y un estudio rinoscópico? ¿O, cuando menos, algún estudio proctológico?

Su aversión a cumplir con la ley implica una conducta social reprochable, peor aún cuando puede tomársela como ejemplo alentando la comisión de delitos en una sociedad crispada y rayana en la intolerancia. Acaso sirven de ejemplo las aberrantes expresiones discriminatorias de Hebe de Bonafini tanto contra los bolivianos, los miembros de la Corte Suprema, el ex presidente Eduardo Duhalde y el vicepresidente Julio Cobos?

Pero entre esta banda de facinerosos descerebrados vale destacar un singular personaje: El fiscal Carlos Stornelli (retornado a su despacho de Comodoro Py para garantizar su supervivencia), eyectado de su cargo de Ministro de Seguridad del gobierno de Daniel Scioli por sus reiteradas muestras de ineptitud, siendo paradojal la tragedia vivida por la familia Pomar y su absoluto fracaso en la prevención y represión del delito, quien ahora promovió “de oficio” una denuncia por supuesto complot en la toma del Parque Iberoamericano, rebautizado como Parque Indoamericano, sosteniendo que detrás de ello estaba el ex presidente Eduardo Duhalde!

El papelón que hizo Stornelli con la denuncia de otro supuesto complot para desestabilizar a Scioli —desestimado in limine por la justicia por absurda— no lo ha mellado y ha llegado al extremo del chupamedias en su afán de congraciarse con el gobierno KK inventando ahora —juntando recortes periodísticos y con base en un mail anónimo— una presentación judicial contra un opositor al oficialismo cleptómano, sin que antes hubiese promovido otras denuncias por hechos muchísimos más graves y probados que surgieran de prolijas investigaciones periodísticas y cometidas a vista y paciencia de todos.

Lo más perverso de esta situación es que estos siniestros personajes instalados en los distintos estamentos del poder se han concertado para destruir el Estado, y encima cobran abultados salarios pagados con dinero de todos nosotros.

¡Ahora comprenderán por qué promoví una Acción meramente declarativa, para que judicialmente se exprese si en la Argentina todavía siguen vigentes las leyes, el Código Penal y la Constitución Nacional!

 Enrique Piragini