El 2010 está cerrando —sorpresivamente para muchos, no tanto para tantos otros— bajo el signo de los estallidos de violencia, y aunque los sucesos más graves se han registrado, en términos geográficos, en la Capital Federal y, por lo tanto, las responsabilidades institucionales y políticas han recaído hasta ahora en los gobiernos nacional y de esa ciudad, la preocupación por esta etapa de furia social y de opción por las acciones ilegales y los desmanes marca también el fin del año bonaerense.

 Es que, en ese panorama general, la “balacera” contra gendarmes que custodian un predio en el corazón del conurbano sur que había sido usurpado y desalojado heló la sangre en la Gobernación.

Técnicamente, la Provincia es un polvorín. El solo hecho de que contenga —masivamente en el Conurbano— la mayor concentración de población en situación de pobreza, exclusión y marginalidad del país, la coloca en situación de altísimo riesgo de explosión social.

 Efecto multiplicador

 Ya se ha dicho aquí que las usurpaciones, tanto de predios del Estado como privados, no son nuevas ni excepcionales en la Provincia. Son, desde hace un buen tiempo, demasiado frecuentes.

Por eso la violencia que ha signado los episodios porteños provoca especial preocupación en los ámbitos oficiales bonaerenses.

 Y en ese marco inquieta la ausencia de una política general definida frente a las ocupaciones, aunque en la mayoría de las ocasiones desde el gobierno provincial y las intendencias se reacciona "dejando hacer" en la medida que no intervenga la Justicia y ordene desalojos.

 Una manera de evitar que acciones destinadas a impedir los asentamientos desencadenen violencia, aunque su contracara implique convalidar la ilegalidad y propiciar, desde el "ejemplo" de la permisividad, la multiplicación de las tomas de predios.

 Por lo pronto, esta semana el propio intendente de Quilmes, el oficialista "Barba" Gutiérrez, admitió públicamente que piensa comprar —con fondos públicos, desde ya— los terrenos privados en los que se instaló el único asentamiento bonaerense que alcanzó trascendencia mediática en los calientes días de la toma del Parque Indoamericano en la Capital Federal.

 La intención es, claro, adquirir el predio para permitir la permanencia del asentamiento. Y algunos observadores políticos advierten que esta decisión puede tener un efecto multiplicador de las usurpaciones mayor aún que la política de mirar para el costado ante las ocupaciones.

 Balacera y alarma

 El episodio en el que tres gendarmes fueron baleados en Lanús generó, en ese contexto, extrema inquietud. Ocurrió un día después de que se pusiera en marcha el desembarco de 6 mil hombres de esa fuerza en el Conurbano para participar de la prevención del accionar delictivo.

 La inseguridad, se sabe, es otro polvorín bonaerense siempre listo para estallar y cobrarse vidas. Por eso, después de la confusión inicial, resultó casi un alivio para los habitantes de despachos oficiales de la Provincia la precisión de que el ataque a los gendarmes no había ocurrido en el marco de un asalto.

 Pero los detalles del hecho volvieron a encender las luces de alarma sobre los riesgos de que las usurpaciones también deriven en la Provincia en actos violentos.

 Aunque en verdad nada se sabe hasta ahora de los autores del tiroteo contra los gendarmes, se estima que el ataque estuvo vinculado al hecho de que esos uniformados están allí para custodiar el predio de una entidad empresaria luego de que éste fuera, hace un tiempo, ocupado y desalojado por orden judicial y ahora —cuatro días antes del ataque— se registrara un nuevo intento de toma evitado por esos mismos efectivos.

Otro estallido

 Y que en la hipercompleja situación social no sólo la cuestión de las ocupaciones encierra riesgos de estallidos quedó muy duramente demostrado el jueves en la estación de trenes de Constitución. El escenario fue una vez más un ámbito porteño y fue el corte de un servicio regulado por el gobierno nacional la chispa que encendió el fuego. Pero fueron bonaerenses los protagonistas de otro día de furia.

 Para la Casa Rosada, se trató de otro episodio provocado por sectores políticos —se volvió a acusar a Eduardo Duhalde— cuyo objetivo es "generar un clima de inestabilidad" que tenga a la administración de Cristina Kirchner como eventual responsable ante la sociedad.

 En la política bonaerense hay quienes comparten el criterio de que en ése como en otros desbordes violentos en las protestas sociales actuaron grupos de activistas políticos, aunque con el matiz sustancial de que los que así lo creen, tanto en el oficialismo como en la oposición, sostienen que se trataría de grupos de ultraizquierda.

 Sin embargo, en la Provincia tomaron debida nota de que fueron centenares de habitantes del sur del conurbano bonaerense los que iniciaron los incidentes, atacando con piedras y cuanto elemento contundente encontraron las boleterías y otras instalaciones de la estación de Constitución, cuando descubrieron que no tenían trenes para volver a sus casas después de una jornada de trabajo y de calor agobiante.

 Nada justifica las reacciones violentas y los desmanes. Pero los bonaerenses saben que, en la hora pico de un día laborable, si no andan los trenes no hay forma de volverse a casa desde Constitución, ya que los servicios de colectivos desde allí al extenso y superpoblado sur del conurbano no pueden absorber esa multitud como no sea a lo largo de varias horas.

 Por eso, advierten que el inicio de los incidentes fue un desborde de furia de los usuarios del servicio ferroviario, al que, en todo caso, alimentaron y contribuyeron a sostener durante más de dos horas algunos activistas políticos.

Marisa Álvarez
NA