Para las autoridades del gobierno nacional, la política de subsidios que frena el aumento en el transporte y los servicios públicos, constituye una de las bondades de esto que han dado en llamar “modelo”.

La verdad es que en macroeconomía la interrelación de las variables es inevitable en algún punto, y estos subsidios que el oficialismo tanto promociona como aciertos de su gestión, solo constituyen otra falacia más dentro del universo populista en materia de administración de un Estado.

Lo que el gobierno desembolsa en concepto de estos subsidios anualmente asciende a unos 45 mil millones de pesos, y la verdad es que el usuario no paga menos gracias al subsidio, sino que paga lo mismo pero de manera indirecta.

Esta maniobra es de suma utilidad por supuesto para que aplaudan siempre los mismos, aquellos que se benefician con los efectos colaterales del modelo en términos político-comerciales, o las bases, que desconocen estas estrategias creyendo por consiguiente todo lo que les dicen quienes los instruyen acerca de que acto de patoterismo, escrache, persecución ideológica, física o virtual hay que hacer ese día y contra quien.

El mecanismo es sencillo, un boleto que podría costar por ejemplo $ 3,20.- más $ 0,30.- en concepto del combustible con que se subvenciona a las empresas de transporte público de pasajeros, haciéndolo llegar a los $ 3,50.-, el usuario hoy lo paga $ 1,10.-.

Esta diferencia necesariamente la eroga por el “impuesto” inflacionario que le “impone” el Estado mal administrado, de modo tal que los déficits del Tesoro Nacional se compensan con una excesiva emisión monetaria. Eso si, la apariencia es que los precios de los servicios públicos están controlados.

En los cuatro últimos años, los subsidios se han incrementado alrededor de 5 veces mas, pasando de unos 4 mil millones a casi 20 mil millones en concepto de energía y de unos 2 mil millones aproximadamente a algo más de 9 mil millones para el transporte público.

Si bien los subsidios en realidad son compensados por otro lado por el mismo usuario, el problema más grave lo constituye la falta de políticas tendientes a disminuirlos como un modo de empezar a sanear la economía.

Si se considera la energía, gas y electricidad, no resulta demasiado complejo advertir que sin subsidios el incremento sería entre un 90 % y 100 % para que las empresas pudieran cubrir sus gastos operativos, invertir y obtener rentabilidad.

En el servicio de trenes, la tarifa sin subsidios sería de un $ 4,45.- contra algo más de $ 1.- que paga actualmente el usuario.

En la década de los ´80 ocurrió lo mismo, y luego de eso, vino un nuevo gobierno y una nueva hecatombe, total, siempre el que sigue se hace cargo de los dislates del anterior.

Pero eso sería lo de menos. Lo verdaderamente importante es el tendal de pobres que deja cada gestión de esta naturaleza, conformada además por personajes que se van del poder a gozar de largas vidas en el exilio disfrutando ellos y todas sus generaciones futuras de todo lo que le roban al pueblo mientras acá, en pleno siglo 21 se siguen muriendo compatriotas por desnutrición.

En tanto el Poder Judicial siga siendo una entelequia para resolver estos temas y el Poder Legislativo no deje su calidad de mercenario de modo tal que sus representantes ni bien instalados en sus bancas se vendan al mejor postor, no parece haber solución al problema.

Hay que decir claramente que uno de los motivos por los cuales se ha incrementado de manera exponencial el gasto público es a causa de subsidios ajenos a los esquemas presupuestarios tradicionales.

Mediante esta modalidad, son transferidas por el oficialismo grandes masas dinerarias a empresas y actividades que antes no estaban contempladas.

Cuanto más crece la inflación más se retrasan los valores de las tarifas y eso exige un mayor nivel de compensaciones, en este caso, por parte del Estado.

Ahora bien, a esto debe sumarse que el criterio dedocrático en cuanto al sistema de asignación de subsidios llevada a cabo por el Estado actual no constituye ninguna excepción a la regla K.

Mientras algunas empresas y/o actividades entraron en concurso preventivo y otras con mejor suerte pudieron refinanciar sus pasivos, hubo un tercer grupo que fue ampliamente beneficiado por el poder político vigente desde 2003.

En este tercer grupo, el Estado Nacional decidió invertir dejando los precios paralizados, pero también con eso se extinguieron las obras.

El discurso original que exponía la intencionalidad de ir disminuyendo los subsidios no se ha cumplido, sino que gracias a la imparable inflación que se supo conseguir y alimentar, se han incrementado las erogaciones. Y esta farsa hay que sostenerla a como dé lugar en un año electoral.

Como además, al contrario de la versión oficial de superávit fiscal lo que hay es déficit, lo que ingresa en concepto de recursos tributarios resulta insuficiente para sostener semejante nivel de subsidios y por eso se usan en parte las transferencias que se hacen de otros organismos como el BCRA al Tesoro Nacional. Y esto, agudiza aún más la inflación.

Mientras tanto, los defensores del régimen nos seguirán acusando de gorilas, golpistas, estúpidos e ignorantes, y esto no deja de ser natural.

Cuando el que ve un poco más allá de las apariencias señala parte de lo no tan evidente, los deslumbrados por los fuegos de artificio solo alcanzan a ver el dedo índice, recibiendo en simultáneo la orden de destruirlo, aunque nunca sepan ni por qué ni para qué la ejecutan. Pero claro, no les pagan para pensar.

Nidia G. Osimani