Causó bastante asombro cuando la madre de Candela Rodríguez confesó contar con el patrocinio de un abogado como Fernando Burlando, quien se caracteriza por fijar abultados honorarios. Luego causó aún más confusión al aclarar que el letrado había sido presentado y tal vez financiado por el Padre Grassi.

También sorprendió el cambio de look de Carola Labrador, luciendo lentes de lectura y su desenvoltura frente a los medios.

Pero creo que, al menos a quien escribe estas líneas, le causó estupor, fue la arenga que lanzó el Dr. Burlando al convocar a los presos para que ayuden a esclarecer el infame crimen de la niña de 11 años.

Llamó poderosamente la atención que un abogado penalista lance al aire tan aventurada propuesta, ya que entre los códigos carcelarios la delación se paga con la muerte.

Sin embargo, en tan singular affaire, salpicado con algunas notas de color —como la entrevista de la Presidenta con la madre de la niña asesinada, el despliegue de efectivos de distintas fuerzas de seguridad por parte de los inoperantes gobiernos nacional y provincial, la maratón de artistas y funcionarios en procura de brindar su apoyo en la investigación a cargo de un fiscal y juez incompetentes (también por razones de jurisdicción y materia), y la repentina aparición de tantos supuestos responsables del secuestro y muerte de Candela— que nada es lo que parece.

Resulta absurdo que la causa continúe en el ámbito de la Justicia común cuando hubo un secuestro y corresponde la Justicia federal, y lo que es peor aún es que en la investigación participe la propia policía bonaerense tan cuestionada como sospechada.

Hay que recordar la gaffe monumental de la “mejor policía del mundo” en el desgraciado caso de la familia Pomar, como clara muestra de inoperancia supina.

Nadie duda que la familia de Candela sabe mucho más de lo que dice, como tampoco se duda de la connivencia policial con marginales del narcotráfico y la pedofilia, pero ahora se suma otro ingrediente llamativo: el rumor de que Candela sería una niña apropiada, robada a su madre biológica y que tendría otras dos hermanitas.

En consonancia con esta ensalada, donde se mezcla lo peor de la sociedad, que un profesional experto en leyes pretenda transpolar el juego del “poliladron”, en un asunto de tanta gravedad, que resulta, cuando menos, poco serio.

De prosperar iniciativas semejantes, no tendría sentido mantener a miles de funcionarios y empleados relacionados con inteligencia criminal e investigación y prevención delictual, dejando la seguridad ciudadana y la tarea de auxiliares de la Justicia en manos de personajes de dudosa catadura alojados en nuestras cárceles, aunque la mayoría de esos ciudadanos se hallen detenidos en calidad de procesados conviviendo con otros condenados por los más diversos crímenes.

Llevada al extremo esta idea, ¿lo mejor no sería liberar a los presos y encerrarnos el resto de los ciudadanos desprotegidos por las fuerzas de seguridad?

Enrique Piragini