Dentro de dos semanas el nuevo mapa político de la Argentina quedará diseñado con una homogeneidad nunca vista desde la recuperación de la democracia.
El dibujo mostrará una veintena de provincias alineadas con la Casa Rosada frente a cuatro o, a lo sumo cinco, distritos electorales del arco opositor, más un Congreso nacional muy favorable al kirchnerismo, aunque no monocromático.
A no ser por alguna campanada sorpresiva, la única intriga en torno a las nueve elecciones para gobernador que se harán junto con las presidenciales del próximo 23 está puesta en Mendoza, donde la UCR aspira a quedarse con el poder que ostenta el PJ.
La oposición sólo dominará la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO; Santa Fe, bajo el dominio del Frente Amplio Progresista; San Luis, con el atenuante de que ya no gobernará un Rodríguez Saá; y Corrientes, que está en manos del radical Ricardo Colombi y elegirá gobernador dentro de dos años.
Este compendio merece dos aclaraciones. Colombi ya dio señales de querer volver a ser un radical K para asegurar su supervivencia y Alberto Rodríguez Saá dijo que espera que la relación entre la Casa Rosada y San Luis mejore durante el más que probable mandato de su actual jefe de Gabinete, Claudio Poggi.
En el Congreso, el oficialismo orillará el quórum propio en Diputados, pero seguramente se nutrirá con legisladores que comenzarán el nuevo período como "independientes", muchos de ellos enrolados en el Peronismo Federal. En el Senado requerirá de aliados, pero también estará mucho más holgado que ahora.
Este rebalanceo legislativo ya quedó en evidencia con la sesión de esta semana en la que la oposición solo junto 85 legisladores —un tercio— para tratar de subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y volverá a quedar en evidencia cuando se vote y apruebe el Presupuesto 2012.
Ambiciones
Bajo este panorama, Elisa Carrió volvió a hacer blanco esta semana en un debate que se había anticipado a principios de año, sobre una reforma constitucional para permitir la continuidad de Cristina Kirchner en el poder.
Bajo este criterio el oficialismo podría buscar una reforma para establecer la reelección indefinida del presidente o directamente cambiar a un sistema parlamentario y que la mandataria se convierta en primer ministro.
El paso a un parlamentarismo cuenta con el impulso de Eugenio Zaffaroni, quien está punto de dejar la Corte Suprema de Justicia, y también tiene adeptos en otros partidos, como en el FAP de Hermes Binner que lo incluyó en su plataforma política.
El propio Raúl Alfonsín propuso ir a un sistema mixto de gobierno, en tanto que Eduardo Duhalde hace años que promueve la implementación de un sistema de gobierno parlamentario.
En caso de avanzar, la Argentina iría a contramano de la región. El continente americano tiene una tradición presidencialista, a diferencia de Europa donde predominan los sistemas parlamentarios con distintos matices.
Lo cierto es que para avanzar hacia una reforma constitucional se necesita el aval de los dos tercios de ambas cámaras legislativas. Y lo que el oficialismo sumaría en algunos sectores de la oposición podría perderlo dentro de sus filas. ¿Respaldarán los gobernadores peronistas como Daniel Scioli, José Manuel De la Sota, Juan Manuel Urtubey o Jorge Capitanich una reforma de este tipo cuando ya están anotados para la sucesión en 2015?
Encumbrados hombres del oficialismo reconocen que la reforma sería difícil de instalar e implicaría el avance sobre otros aspectos de la Constitución. Algunos piensan, en cambio, en fortalecer la figura del jefe de Gabinete en detrimento del presidente, y proponer a Cristina Kirchner para ese rol.
Si bien el debate recién comienza y volverá a partir de 2013, lo cierto es que en 1994 la figura del jefe de Gabinete fue pensada precisamente como "fusible" ante las crisis y con un juego político distinto al que le dieron los distintos gobiernos.
Prioridades
"La Argentina no está blindada ante la crisis internacional", alertó el titular de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren y puso blanco sobre negro que las prioridades actuales están lejos de embarcarse en una reforma constitucional.
Lo hizo junto con los anuncios de suspensiones de plantas de Fiat —luego desactivados— o Alpargatas y en momentos en que los pilares de la economía argentina establecidos por Néstor Kirchner comenzaron a sentir presión interna y externa.
Pero los llamados de atención no fueron sólo sobre la economía. La detención del dirigente gremial opositor Rubén Sobrero volvió a poner en la mira a las instituciones.
El desempeño del juez Juan Manuel Yalj dejó muchas dudas sobre su real independencia, mientras espera ser designado camarista, y la intervención de Aníbal Fernández, celebrando y respaldando el arresto, alentó esas especulaciones.
Fue la misma detención de Sobrero la que volvió a mostrar a un díscolo Hugo Moyano. En defensa propia y desconfiado del Gobierno, el líder de la CGT denunció una supuesta persecución contra dirigentes gremiales. Equiparó a Sobrero con José Pedraza, investigado por la muerte de Mariano Ferreyra o José Zanola, imputado por la adulteración de medicamentos.
Moyano parece desorientado. Después de que esta semana Cristina Kirchner volviera a pedir "moderación", el gremio de los camioneros realizó un paro que afectó a la distribución de viandas en el aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque, bloqueó una planta de Siderar en Haedo y el acceso de la cerealera Pionner de Salto. Finalmente, el viernes pareció volver sobre sus pasos y firmó otro comunicado en respaldo a la jefa de Estado.
Gabriel Profiti
NA