En el día de hoy el abogado Enrique Piragini, ha radicado una denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, contra la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández y el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, por omisión y violación de los deberes de funcionario público, al no arbitrar los medios necesarios para evitar los desmanes que en el día de ayer provocaran el homicidio de Mariano Ferreyra, quien recibió un disparo en el tórax, y que provocó también lesiones a otras dos personas en el marco de la disputa sindical en torno a los reclamos de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca.

“La sistemática tolerancia hacia estos métodos de reclamos y protestas hizo que una vez más se produjeran hechos de extrema violencia, llevándose la vida del joven Ferreyra en una muestra clara de omisión de los deberes de todos aquellos funcionarios que, detentando las atribuciones para impedirlo no lo hicieron, colocando en virtual situación de abandono de persona”, indicó Piragini.

Viene al caso recordar que es atribución del estado el uso racional de la fuerza pública, por lo que llama la atención que no se previniera, controlara ni se interviniera para evitar estos estragos. Vale recordar el caso de los reclamos del gremio gastronómico donde existió represión por parte de las fuerzas policiales. En la denuncia se explica que los funcionarios denunciados "resultan responsables por no cumplir con su deber de vigilancia y diligencia, imponiéndose una profunda investigación para determinar sus responsabilidades e identificar a los instigadores de tales atropellos".

¿Será justicia o será otro hecho aislado?

Carlos Forte