La polémica con respecto a la modificación del Código Penal referido a la financiación del terrorismo que modifica el Código Penal para intensificar las penas de cualquier delito cometido con finalidad terrorista, viene causando polémica.

  La iniciativa —altamente repudiada por sindicatos y organismos de DDHH— establece que cuando se cometa un delito previsto en el Código Penal con la finalidad de "aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" la pena "se incrementará en el doble del máximo y el mínimo".

El propio titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, fue el que aseguró que, en caso de aprobarse la ley en el Senado contra los que financien o faciliten el terrorismo se podría encarcelar empresarios que "aterroricen a la población o afecten la gobernabilidad" del Estado.

"A mi entender, porque eso quedará a interpretación de los jueces, esta ley permitiría caracterizar una corrida de la moneda con ánimo de desestabilizar un gobierno y voltearlo como terrorismo y el financiamiento de esa actividad, como financiamiento de terrorismo", aseguró Sbatella en declaraciones a la prensa.

Bajo este criterio, tanto sindicalistas, empresarios, políticos, como cualquier ciudadano puede convertirse en sospechoso y acusado de un delito grave.

El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, confirmó esta mañana que los medios de comunicación podrían ser sujetos de la polémica ley antiterrorista, que fue sancionada anoche con la mayoría oficialista por el Senado de la Nación.

Pero no solo las corridas cambiarias pueden ser catalogadas como un acto de terrorismo, dicha ley también puede alcanzar a los medios de comunicación.

Según indica una artículo de diario La Nación del día de hoy, Sbatella reveló en un reportaje a radio La Red que los medios de comunicación también podrían ser acusados de "aterrorizar a la población" en caso de difundir noticias que puedan provocar retiro de depósitos.

"La ley antiterrorista no es para perseguir, es para que no vuelva a pasar un golpe de mercado", afirmó el funcionario. Uno de los puntos más graves de la norma que el propio Sbatella difundió es el que podría afectar el derecho a la libertad de expresión.

Con la Ley Antiterrorista "lo que se está previniendo es la posibilidad de que un grupo de personas con un gran poder económico pueda concertar una política que vacíe las reservas o aterrorice a la población de tal manera que la induce a llevarse los depósitos que es lo que ha pasado históricamente en los golpes de mercados".

"Los que generan eso son un núcleo muy reducido de operadores que luego difunden la situación con los medios", afirmó el jefe de la UIF, ante lo cual Jorge Rial —quien le realizó la entrevista— agregó que "algunos medios que se unen a eso", y el funcionario completó: "Y bueno, eso es aterrorizar a la población".

Equipo de Política de Tribuna de Periodistas