La prórroga del período de gracia que 17 provincias firmaron ayer con el Estado Nacional les permitirá evitar una inminente crisis fiscal y sobrellevar dos años de gestión sin zozobras, para afrontar las próximas elecciones legislativas del 2013 con mayor tranquilidad.

La prórroga concedida por el Estado Nacional en virtud del Programa Federal de Desendeudamiento, a mediados de 2010, implicaba condonar a las provincias el pago de sus vencimientos de deuda con el Tesoro Nacional hasta fines de 2011.

Con la nueva medida, este plazo de gracia se extiende hasta fines de 2013.

Sólo para el 2012, las provincias afrontaban vencimientos con la Nación por cerca de $ 22.800 millones, según surge de un informe elaborado por la consultora EGES.

A las 16 provincias que ya habían firmado los correspondientes acuerdos bilaterales en mayo de 2010, se sumó ahora Chubut.

El nuevo acuerdo exige como contrapartida que cada provincia informe al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) la cantidad de trabajadores que emplea el Estado a nivel provincial y municipal, antes del 29 de febrero de 2012.

De no cumplir con esta condición, el refinanciamiento quedaría trunco.

Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no deberá abonar los $ 7.500 millones que vencían en 2012 de su deuda con la Nación – quedándole sólo $ 2.500 millones en vencimientos de deuda con acreedores internacionales -.

De no ser así, el salto interanual en el servicio de su deuda hubiera sido fenomenal: en 2011, al no abonar su deuda con la Nación, Buenos Aires había debido afrontar apenas $ 700 millones en pago por su deuda.

A raíz de la implementación del Programa Federal de Desendeudamiento a mediados de 2010, las provincias vieron reducida su deuda con el Gobierno en alrededor de un 13%.

A fines de marzo de 2010 la deuda total de las provincias con el Estado Nacional era de poco más de $ 71.000 millones, mientras que a fines de septiembre de ese mismo año se había reducido a alrededor de $ 61.000 millones.

Esta caída se debió a causa de la distribución de los fondos acumulados en concepto de ATN, de $9.800 millones.

Según el informe de EGES, la participación del Estado Nacional como acreedor de las provincias se redujo gracias a la aplicación de este Programa, del 67% al 61% del total de deuda provincial.

Esto incrementó la independencia de las provincias respecto del Gobierno Nacional para administrar sus finanzas.

Particularmente favorecidas fueron las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde la deuda con la Nación se redujo en $ 3.700 millones y $ 1.500 millones respectivamente.

Esto se debe a que la importancia de la deuda provincial no es homogénea para todas las provincias.

En un extremo se ubica Buenos Aires (acaparando cerca del 40% de la deuda de todas las provincias), secundada por Córdoba (con el 9%), Chaco, Tucumán, Formosa, Jujuy, Río Negro, Misiones, Mendoza y Entre Ríos (todas ellas entre el 4% y el 6%); y en otro extremo La Pampa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe y la CABA, las cuales apenas poseen deudas con la Nación. 

Mientras tanto, el gobernador santacruceño Daniel Peralta envió a la Legislatura un paquete de medidas que implican un fuerte ajuste de las cuentas públicas y la  consolidación de deudas con proveedores que serán pagadas con un  bono a cuatro años.

En un mensaje brindado por cadena provincial, Peralta anunció  la declaración de la Emergencia, mencionó el envío sólo de tres de las seis leyes que efectivamente mandó a la Legislatura, al tiempo que centró la responsabilidad del déficit en la repitencia de medidas de fuerza por parte de los distintos gremios, en especial las que afectaron la producción petrolera a lo largo de este año, y años anteriores.

La declaración de emergencia establece una serie de medidas de restricción de gastos, las que estarán orientadas fundamentalmente a gastos corrientes, suspende la contratación y pases a planta transitoria de personal, con excepción de educación, salud y seguridad.

NA