La crisis en Santa Cruz y las tensiones esperadas para cuando la sociedad perciba la dimensión real del ajuste en marcha, disimulado por ahora con la "sintonía fina", anuncian el exigente año que les espera a los argentinos.

 Cuando millones de argentinos regresen de sus vacaciones tomarán conciencia de la magnitud del recorte de subsidios a las tarifas que pagan por electricidad, gas y agua, y ahí el mal humor se puede hacer sentir.

 Advertida sobre la asfixia fiscal que soportan las provincias, la presidenta Cristina Fernández les dio un obsequio de fin año, al refinanciarles deudas por unos 13.600 millones de pesos con la Nación que vencían en 2012 y 2013.

 La decisión busca atenuar la conflictividad social rumbo a las legislativas de medio término de 2013, aunque Cristina no pudo hacer nada para salvar a su propia provincia, donde el gobernador Daniel Peralta lanza un feroz ajuste que dejó tecleando a su gobierno y duros enfrentamientos con la policía que dejaron un tendal de heridos.

 Enseguida, Daniel Scioli refinanció las deudas de los municipios con la provincia de Buenos Aires, por unos 600 millones de pesos de deuda.

 La estrategia es patear la pelota para adelante, pero la pregunta es qué se hará mientras tanto para poner el gasto público bajo control.

 Tras varios años de mantener una política expansiva del gasto público y de aliento al consumo, el Gobierno parece haber percibido finalmente que esa bola de nieve se le podría volver en contra y meterlo en un callejón sin salida.

 Los datos que elevan a casi un millón la cantidad de empleados públicos en la Argentina, tomando en cuenta la administración nacional, las provincias y los municipios, reflejan que "papá Estado" volvió a instalarse con fuerza en un país que ya tuvo experiencias nefastas cuando el estatismo invadió la mayoría de los rincones de la economía.

 Los más de 3.000 millones de pesos puestos este año en Aerolíneas Argentinas sin resultados a la vista, los más de 600 millones en el Fútbol para todos, los manotazos constantes del Tesoro a la ANSeS —donde está la plata de los jubilados— y ciertos manejos casi discrecionales con fondos públicos en esferas a cargo una burocracia alineada con los deseos de la Casa Rosada, dejan cada vez más dudas.

 La principal es saber si la plata de los contribuyentes se invierte en destinos transparentes o gran parte se va por una alcantarilla destinada a nutrir el interminable aparato de propaganda permanente de un gobierno que hizo de la resignificación de la realidad uno de sus objetivos de gestión.

 Cristina empezó a percibir, tal vez tarde, la existencia de un problema que le acaba de estallar en su patio trasero, Santa Cruz, donde un plan feroz de achique de gastos y jubilaciones anticipadas lanzado por el gobernador Daniel Peralta terminó en caos social.

 La Presidenta acaba de refinanciar deudas por más de 13.600 millones de pesos a 17 provincias, pero a cambio les puso una condición: deberán informar cuántos empleados públicos tienen y las áreas en las que se desempeñan.

 En la Rosada existe la sospecha de que la cantidad de empleados públicos se ha desbordado en el interior del país, donde algunas provincias tienen una cantidad de personal estatal desproporcionada.

 Pero no hace falta que la Presidenta se vaya muy lejos para comprobar que el empleo público es lo que más parece haber crecido en su gobierno.

 En la órbita de la Nación existe superposición de tareas, personas sin función determinada y ese esquema habitual de capaz residuales de empleados que suele repetir en Estado, como surge de realizar una breve recorrida por distintas esferas públicas.

 El aparato estatal, útil para un gobierno que decidió profundizar su intervencionismo en todos los sectores clave de la economía, se va convirtiendo en desproporcionado ahora que el viento de cola empieza a aflojar.

 Menor fuga de capitales

 Aplicar una medida artificial para evitar la salida de capitales puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

 En el último bimestre se habría reducido a 1.500 millones de dólares la salida de capitales, a partir de prohibir la compra de divisas a casi todo el mundo.

 Pero el costo de la medida es enorme, ya que el gobierno terminó convalidando un nivel de dólar de 4,75 pesos, la cotización de la divisa en el mercado paralelo, cuando la oficial cotiza a 4,32 pesos.

 El éxito efímero del cepo cambiario —que afectó el mercado inmobiliario y casi paralizó la construcción, como surgen de los últimos números oficiales— fue una jugada casi desesperada del gobierno ante una salida de capitales que se catapultaría a los 23.000 millones de dólares este año.

 La fuga de capitales obligó a mineras, petroleras y aseguradoras a traer dólares y permitió que el Banco Central sea hoy casi el único comprador de divisas del mercado.

 El problema de fondo es que la inflación, la cantidad de dinero y el gasto público crecen más que la cotización del dólar.

 Pero más allá de estos desajustes, gracias a que el mundo seguirá demandando los productos argentinos, el país podrá sostener una tendencia positiva de crecimiento, aunque caería a la mitad respecto del 8 por ciento con que terminaría el 2011.

 La dinámica creciente de mayor intervencionismo en la que ha ingresado el Gobierno tiene como principal ariete al impredecible Guillermo Moreno, un súpersecretario que ya tiene a mal traer de más un ministro.

 Moreno, siempre dispuesto a cumplir las tareas más difíciles y moverse al filo de las reglas y normas, es la cara que Cristina ha elegido para protagonizar su segundo gobierno.

 Por su secretario de Comercio la Presidenta parece dispuesta a poner las manos en el fuego, y arriesgarse como nunca en asumir las responsabilidades y los fracasos del hombre que erigió como el gran peso pesado de su segundo mandato.

 Ante empresarios y exportadores, Moreno viene repitiendo una frase ambigua pero amenazante: "Conmigo se termina la joda", es su nueva muletilla.

 En los próximos meses se sabrá cuál es el alcance de sus inquietantes advertencias.

José Calero
NA