Parece un mal chiste pero no lo es, se trata de un culebrón que se da en tres actos casi teatrales y que deja expuesta la hipocresía del Gobierno nacional a la hora de construir su propio relato.

Primer acto: Cristina Kirchner avanza en acciones de toda índole contra YPF, llegando al extremo de pedir a los gobernadores de provincias petroleras que evalúen la quita de áreas petroleras a esa misma firma por supuesto incumplimiento de inversiones. Al mismo tiempo, la mandataria inicia una virulenta campaña contra empresas británicas en el marco de la disputa por las Islas Malvinas.

Segundo acto: los gobernadores Martín Buzzi, de Chubut, y Daniel Peralta, de Santa Cruz, anuncian en un acto conjunto el retiro de zonas de explotación a la misma firma.

Tercer acto: tanto la presidenta como el mandatario chubutense, comenzaron contactos con Carlos Bulgheroni, mandamás de la firma Bridas, que a su vez controla la empresa Pan American Energy LLC a efectos de solicitarle que se haga cargo de la explotación que deja vacante YPF.

Si bien el grupo Bridas es uno de los más poderosos de la región y tienen una relación de larga data con el poder político chubutense —los hermanos Bulgheroni son considerados como las personas más adineradas de la Argentina, de acuerdo a las mediciones que suele realizar la revista Forbes— hay un dato que provocará incomodidad más temprano que tarde. Tiene que ver con la empresa British Petroleum, controlante del 60% de esa compañía petrolera.

Según refiere agencia Noticias Argentinas, "no pareciera estar en el horizonte del oficialismo iniciar un rápido proceso de estatización de YPF, sino más bien un traslado de algunas de sus áreas de explotación a empresas que tengan mejor sintonía con el Gobierno".

Lo dijo claramente este jueves el diputado Agustín Rossi: "Seguramente se revocaron los contratos para llamar a licitación y entregársela a otras empresas que garanticen los niveles de inversiones que todos los argentinos queremos".

Como sea, la decisión presidencial traerá polémica segura, ya que por un lado se exacerba el discurso contra Gran Bretaña, y por el otro se negocia con una empresa que es controlada por intereses británicos.

Hace instantes, por caso, el canciller Héctor Timerman advirtió públicamente que el Gobierno "iniciará acciones legales en tribunales nacionales e internacionales contra petroleras que operan directa o indirectamente en la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas".

Como puede verse, aquí es donde colisiona el engañoso relato K.