En el día de ayer, diario La Nación publicó un artículo en el que alerta a la población sobre el aumento del consumo y venta de estupefacientes. En el mismo se hace referencia al creciente número de procedimientos policiales por drogas que se suceden en la provincia de Buenos Aires y las inútiles medidas que se intentan día tras día desde ese distrito.

Lo que no cuenta La Nación es de dónde provienen la mayor parte de los alcaloides que se incautan a diario ni cómo influye la política para que este sistema de consumo y venta funcione aceitadamente, sin hablar del necesario papel de la policía bonaerense.

Para entender de qué hablamos, debemos recordar que el narcotráfico es el segundo negocio más rentable a nivel mundial, luego del tráfico de armas. Mueve alrededor de 600 mil millones de dólares al año y el dinero que produce está inserto en el circuito de la economía formal.

Si bien existe un histórico debate acerca de la legalización de los estupefacientes frente a la supuesta inutilidad de su combate, debemos admitir que no existe tal pelea.

Por las cifras anteriormente nombradas es evidente que la de las drogas es una de las cajas más importantes a la hora de financiar cualquier actividad pública o privada. Por eso mismo no existe un real combate contra este flagelo sino todo lo contrario.

Es dable aclarar que esto no es potestad sólo de nuestro país, sino de la mayoría de las naciones del mundo, ya que el narcotráfico genera enormes dividendos que luego son blanqueados a través incontables maneras.

El ex agente de la DEA Michael Levine le dijo claramente a este periodista en el año 1996, en el marco de una investigación sobre narcotráfico en Argentina, que “la CIA no solo protege a algunos narcotraficantes, sino que muchas veces entra en las operaciones ilícitas. La CIA determina qué y como hacer las cosas, en tanto que la DEA debe aparentar que lucha contra la droga”.

Este hombre que trabajó para la DEA durante 23 años, conoce muchos usos y costumbres que la agencia maneja internamente, y eso lo demuestra en cada una de sus afirmaciones: "Si un gobernante tiene buenas conecciones con la CIA, puede hacer lo que quiera. Si él mismo saliera a vender cocaína en la calle, la DEA no podría hacer nada al respecto. En la Argentina me di cuenta de que la CIA protegía a ciertos narcotraficantes".

En el mismo sentido, se sabe que la DEA utiliza mucha de la información que recoge acerca de narcotráfico y que involucra a funcionarios políticos, como arma de presión de su política exterior. Como ya contáramos en otras notas, este organismo sospechó en algún momento de hombres del entorno de Carlos Menem e investigó al entonces presidente. El resultado de la investigación está archivado en computadoras de El Paso -Texas- y del Departamento de Estado.


Cocina al dente

Hace casi un año, el Gobernador bonaerense Felipe Solá aseguró en una reunión con funcionarios de su confianza que el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, tenía un hijo que manejaba una cocina de droga en ese distrito.

El enojo del intendente, cuando se enteró de la noticia, fue mayúsculo. Solá optó por desmentir sus palabras y todo quedó ahí.

Al mismo tiempo, desde este periódico, comenzamos a indagar en el tema y descubrimos que los dichos del Gobernador no eran descabellados en absoluto.

Con la ayuda de varias fuentes de información detectamos que Curto no poseería sólo una cocina de drogas sino dos, camufladas como “talleres protegidos”.

¿Qué son los talleres protegidos? Según la Resolución 339/98, dictada por el ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Buenos Aires, es creado el “Programa de apoyo a talleres protegidos de producción” que, según se desprende en el artículo 2 de la citada norma tiene por objeto “promover la adaptación laboral de las personas con discapacidad para su integración en el mercado laboral protegido y no protegido”.

En buen romance, hablamos de una iniciativa que tendría que beneficiar a personas con capacidades disminuidas y que se utiliza para esconder “cocinas” de producción de drogas que luego serán vendidas a granel a nuestros propios jóvenes.

Curto, un hombre curtido

Hugo Curto, DNI 5.620.894, es el intocable intendente de Tres de Febrero. Ligado a la derecha peronista -en su momento estuvo muy vinculado a los militares y a López Rega-, maneja la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y ha puesto en sus cargos a los principales jueces de la zona de San Martín, uno de los lugares del conurbano donde se mueve más droga.

Curto es un verdadero impune debido al respaldo que ostenta por parte de Eduardo Duhalde y sabe más que nadie cómo manejar la difusión de su patrimonio: no tiene nada a su nombre. La casa en la que vive está a nombre de su esposa, lo mismo que el automóvil Peugeot 306, año 2001, dominio DPF-542.

Hombre eternamente sospechado, Curto estuvo hace pocos meses en la mira de la jueza federal María Servini de Cubría por una maniobra millonaria en perjuicio del Ejército Nacional, con la construcción de todo un barrio en su municipio.

Y es que la magistrada sospechaba que la intendencia tasó los terrenos militares —de 70 hectáreas— en 7,5 millones de pesos/dólares cuando, en realidad, valían el doble: así lo certificaron peritos oficiales de la Corte Suprema. Esa tasación sensiblemente menor habría tenido el fin de que el Ejército le transfiriera las tierras a la Municipalidad de Tres de Febrero a un precio más bajo que el del mercado.


Concluyendo

No es tan complicado luchar contra el narcotráfico si se tiene real interés en hacerlo.

Lo complicado es intentar cartelizar un negocio como el de los estupefacientes y hacer creer a la población que se está en pleno combate de ese flagelo.

Curto es sólo otro nombre más de los tantos que manejan las drogas en la provincia de Buenos Aires, no será el último ni es el primero.

Para peor, a futuro es una de las figuras que el presidente Kirchner tiene en vista para intentar construir una base propia en la provincia de Buenos Aires.

Solá ya sabe quien es Curto ¿Lo sabrá Kirchner?