Desde Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizaron el primer informe sobre criminalización de la protesta, con la colaboración de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha – APEL;  Centro de Abogados por los Derechos Humanos –CADHU; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos – CEPRODH; Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo – CADEP; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI; Liberpueblo.

El informe presenta es el resultado de la sistematización de la situación de causas abiertas en todo el país —entre el 2001 y el 2012— contra los sectores populares movilizados: organizaciones sindicales, de derechos humanos, partidarias, movimientos de trabajadores desocupados, territoriales, estudiantiles, comunidades indígenas y grupos ambientalistas, entre otros.

Según se desprende, actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70.

“En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular”, sostiene el informe.

“El Gobierno Nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestran las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza ‘a los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código penal en la mano’, la ministra Garré acusando de ‘desestabilizadores’ a los desocupados que se oponen al clientelismo, y la misma Presidenta, calificando de ‘extorsivos’ los reclamos y las huelgas de los trabajadores”, indica el estudio.

Porcentaje de criminalizados por año

Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de judicialización, se puede observar un claro incremento de esta medida represiva a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años.

Porcentaje de criminalizados por sector de pertenencia

Sobre un total de 2238 casos que cuentan con identificación de sector criminalizado, se observa que los sectores a los que ha apuntado con más fuerza esta política de criminalización son: el sector sindical (31,6%) y el sector pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos registrados.

Porcentaje de criminalizados por tipo de conflicto

Sobre un total de 2256 casos que cuentan con identificación de conflicto criminalizado, se observa que los conflictos que involucran los derechos y reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3%, y los conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman un 31,7%.

Según el informe, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización. 

INFORME CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA Organismos DDHH EMVJ Marzo 2012