La inesperada revelación del “Proyecto X” que trascendió esta semana, ha puesto sobre el tapete una cuestión incómoda para aquellos que insisten en ver en el kirchnerismo una dosis de progresismo oficial. ¿Cómo alguien podría defender la idea de una fuerza que espía a quienes legítimamente reclaman por sus derechos?

El interminable silencio del Gobierno a la hora de responder sobre la denuncia de espionaje —solo Nilda Garré quebró ese mutismo desde su cuenta de Twitter—, no hace más que levantar sospechas acerca de la participación del Estado en cuestiones que solían identificar a quienes ocuparon de facto la primera magistratura en los años más oscuros de la Argentina.

Sin embargo, no se trata de nada nuevo ni novedoso, sino de la continuidad de una política que comenzó casi al mismo tiempo que los Kirchner llegaron al poder. Basta a ese respecto recordar las palabras del ex ministro de Justicia, Gustavo Béliz, quien en 2004 reveló —a través de la pantalla de la TV— que agentes de la ex SIDE habían montado una especie de “ministerio de seguridad paralelo” y habían convertido a la secretaría de Inteligencia en una “policía secreta sin control (…) una Gestapo”.

Lejos de investigar las palabras del funcionario, el gobierno prefirió en esos días eyectarlo de su cargo e impulsar una investigación en su contra. A partir de ese momento, el kirchnerismo comenzó una escalada que no tuvo límites: mandó a espiar y seguir a referentes de la oposición, empresarios y periodistas críticos. “Existen terminales de computación denominadas DVCRAU que funcionan incansablemente en la oficina que la SIDE posee en Av. de los Incas 3834, más conocida como ‘Ojota’ (Observaciones Judiciales). En esa dependencia no sólo se suelen escuchar conversaciones, sino que se suelen interceptar otro tipo de comunicaciones como los correos electrónicos y las señales de fax. Desde allí surgen reportes que son enviados directamente a una de las oficinas de presidencia de la Nación y que sólo pueden ser leídos por pocos funcionarios de la extrema confianza del primer mandatario”, publicó Tribuna en junio de 2006, anticipándose a lo que estallaría pocos meses más tarde.

Los hackers oficiales 

A principios de mayo de 2008, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, descubrió que su correo electrónico había sido vulnerado por un grupo de hackers. Lo que desconocía el ministro es que esos mismos intrusos trabajaban a sueldo del oficialismo de turno.

A lo largo de los años, Tribuna reveló una y otra vez los métodos utilizados por la Inteligencia vernácula para espiar a periodistas, políticos y jueces. “Al comienzo del gobierno de los Kirchner se buscó la interceptación de e-mails, con lo que se comenzó a experimentar con técnicas de rootkits, fuerza bruta, administradores remotos y técnicas avanzadas de clonación que más tarde serían conocidas con el nombre de ‘Phishing’ en lo que se denominara ‘Proyecto Vampiro’”, publicó este sitio en septiembre de 2009 con lujo de detalles. El costo de revelarlo fue el ataque directo al sitio y una campaña de difamación incesante.

No solo se desnudaron los modos ilícitos utilizados por los espías, también se hicieron presentaciones judiciales y se pidieron explicaciones oficiales. La respuesta siempre ha sido el silencio.

El mutismo no ha sido solamente para con este portal: en el año 2006, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que comanda Horacio Verbitsky le pidió al entonces presidente Néstor Kirchner que hiciera pública la nómina de agentes de la SIDE que reportaron para el Estado entre los años 1974 y 1983, a efectos de contrastarlo con quienes hoy siguen en funciones. Aún cuando existía una fuerte afinidad del oficialismo con esa entidad, el Gobierno jamás dio a conocer el referido listado.

Ello lleva a preguntarse: ¿Por qué la insistencia en espiar a opositores y críticos? ¿Cuál es la necesidad de monitorear de manera permanente lo que hacen terceras personas, violando los derechos básicos de los ciudadanos?

Quienes han indagado en el pasado de los Kirchner, aseguran que los mismos métodos utilizaban cuando Néstor era gobernador de Santa Cruz. Ello explicaría la coherencia de una conducta que hoy no deja de sorprender a propios y ajenos.

Sin embargo, el entendimiento no justifica el delito y, menos aún, el silencio oficial. Por eso, hasta que no se den las explicaciones gubernamentales del caso, nada de lo que diga el kirchnerismo será creíble.