Hay muchas razones para suponer que Cristina Fernández de Kirchner y su Gobierno están intentando esconder el fracaso de su gestión económica detrás de una fachada de nacionalismo. La economía argentina está al borde del colapso y, en esta hora de frustración, la presidenta ha optado por escudarse en las viejas consignas patrióticas (“roban nuestras materias primas, se llevan nuestras riquezas”) que inflaman la retórica política del país desde la aparición del peronismo. Un buen ejemplo de esta deriva política fue el discurso que ayer pronunció en la Tierra del Fuego, conmemorativo de la guerra de las Malvinas, en el que apeló al diálogo, pero también al sentimentalismo, en el conflicto diplomático con Reino Unido a cuenta de la guerra de 1982 y la esperanza de acceder al petróleo descubierto en las costas de las islas.

Argentina corre el riesgo de una ruina a corto plazo. Y la exaltación patriótica es un mal camino. Hoy, los inversores extranjeros en Argentina operan bajo una amenaza permanente de exacción o nacionalización. Este es el caso de YPF, el grupo petrolero participado mayoritariamente por Repsol, al que se le están retirando arbitrariamente permisos de explotación en las provincias argentinas y sobre el que pende en los últimos meses un decreto de nacionalización. No hay ninguna razón para nacionalizar YPF. Pero sucede que el Gobierno ha sido incapaz de aplicar una política de moderación del consumo y tampoco ha gestionado bien su producción nacional de productos energéticos.

El resultado es una demanda creciente, una producción cada vez menor y unos precios disparados que pesan sobre los consumidores. Kirchner y sus ministros han intentado que las compañías extranjeras importen gas y lo vendan en Argentina con pérdidas. Quienes se han negado serán castigados con la nacionalización. El Gobierno de Buenos Aires está dispuesto a pasar por encima de contratos, concesiones y cualquier idea de seguridad jurídica que pueda atraer en el futuro a la inversión extranjera.

El discurso populista, las amenazas de nacionalización (que, además, deterioran la cotización de YPF) y el recurso constante a la presión sobre los capitales extranjeros son razones suficientes para que la comunidad internacional retire su confianza en la estabilidad regulatoria argentina. No es propio de un país del G-20 suprimir concesiones de explotación a una empresa extranjera sin ofrecer argumento alguno para ello o amagar con la nacionalización para satisfacer el chovinismo exaltado de los gobernadores de las provincias. Obama ha anunciado que suspenderá las preferencias comerciales de que gozaba Argentina; la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, México y otros 10 países han denunciado ante la Organización Mundial de Comercio las políticas proteccionistas de Argentina. La señora Kirchner tiene un problema con la economía de su país, con su política energética y con su balanza de pagos. Si quiere solucionarlos con patrioterismo económico, comete un grave error.

Fuente: El País