Apenas sucedida la tragedia de Once y en base a otros accidentes ferroviarios, se preveía que el hilo se cortaría por lo más fino: el maquinista. La estrategia oficial es inculparlo, y pese a los peritajes que demostraron que un freno no funcionaba y que exculpa al maquinista, la voz oficial del Gobierno, Página/12, ya se encuentra haciendo de las suyas.

“Es muy joven, muy joven”, insistía el entonces secretario de Transporte Juan Manuel Schiavi en su “conferencia de prensa” sin preguntas permitidas, horas después de sucedida la tragedia.

Mientras, el responsable de Material Rodante de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), Roque Cirigliano, desligaba responsabilidades cuando se animó a indicar que el tren estaba "en buenas condiciones" mientras que consideró que la tragedia se habría producido por "una falla humana".  "El sistema que utiliza el tren es poco probable que se quede sin frenos, muy poco probable", afirmó cuando todavía los peritajes del accidente ni asomaban a una definición.

Al maquinista, Marcos Antonio Córdoba se lo viene intentando inculpar desde el minuto cero. La Justicia dispuso la toma de muestras de sangre para determinar si había rastros de alcohol o drogas. La prueba fue realizada luego de que el motorman fuera hospitalizado. No arrojó resultados positivos.

Posteriormente, el abogado de un grupo de familiares de las víctimas de la tragedia, Gregorio Dalbón, aseguró que personajes que venían en nombre de TBA le ofrecieron a Córdoba en principio 300.000 dólares, y luego 6 millones de pesos. La denuncia de este curioso ofrecimiento dinerario se presentó en la Justicia.

En el día de ayer, los peritos entregaron su informe al juez  Bonadío y finalmente exculparon al motorman de la tragedia que dejó 51 muertos en febrero pasado.

Uno de los frenos de la formación de la Línea Sarmiento que se estrelló contra el parachoques de la estación de Once en febrero pasado "no funcionaba" y el maquinista no cometió errores, según arrojaron los primeros resultados de los peritajes.

"La actuación del motorman no tiene objeciones", asegura el informe presentado por los peritos a la Justicia, a la vez que advirtieron la existencia de falencias en el "mantenimiento preventivo" de las formaciones que implicaban "un riesgo en la seguridad de la operación", mientras que en el caso del siniestro un freno de guarda no se encontraba operativo.

"Yo no te lo dije, pero tenemos chequeado que la noche anterior al accidente estuvo en el carnaval de Gualeguaychú. Por ahí ni durmió". Así, un dirigente kirchnerista que trabaja en el Gobierno se refirió a Córdoba, según una información sin confirmar de Noticias Argentinas y fue delineando hacia dónde parece apuntar la estrategia oficial que hasta ahora no ha realizado ninguna acción al respecto, y que fue adelantada por Tribuna el 22 de febrero pasado.

Tal vez esto explique el curioso artículo en el diario oficialista Página/12 de este jueves, con la firma de los pocos célebres Raúl Kollman e Irina Hauser.

“No se ha encontrado evidencia de falla”, se titula la nota en cuestión que parece decir todo lo contrario al resultado de los estudios obtenidos ayer.

“Los peritajes indican que no hubo mal funcionamiento de los sistemas de freno, tal como ya informó Página/12. Sí advierten falta de mantenimiento, pero eso no influyó en la tragedia. El freno del guarda no andaba, aunque eso tampoco tuvo que ver con el choque”, cuenta la bajada.

“Da la impresión de que el maquinista se quedó dormido, se abatató o alguna variante de ese estilo”, expone la nota más cerca de la operación que se venía adelantando de la información fidedigna.

“Por último, los ingenieros sostienen que ‘no hay objeciones que efectuar en cuanto a la aptitud del involucrado’, pero esto responde al legajo del maquinista Córdoba, no a su actuación ese día”, insiste Página/12.

Largo historial, la misma estrategia

La costumbre de apuntar a choferes y maquinistas cada vez que sucede un episodio de estas características no es nueva y ya tiene su propio historial.

El trágico episodio ocurrido el 16 de febrero de 2011, cuando una formación de Ferrobaires chocó a un convoy del ferrocarril San Martín, hasta ahora no tiene ningún detenido, pero sí procesados.

El controvertido juez Juan Manuel Yalj —quien se hizo tristemente conocido por su paupérrimo desempeño en el caso de la quema de vagones que pretendió inculpar a Rubén Sobrero con total apoyo del gobierno nacional— procesó por homicidio culposo a los maquinistas de la locomotora N° 9076 de Ferrobaires, Sergio Balbi y Carlos Raviola.

Esta resolución había sido apelada por el fiscal Paul Starc, quien consideró que ambos conductores debían ser procesados por homicidio simple con dolo eventual y lesiones.

A 48 horas del choque, los dos maquinistas fueron indagados por Yalj. Tras los testimonios, el magistrado excarceló a los conductores, que quedaron imputados de homicidio y lesiones culposas.

Según el juez, no habría frenado el tren a tiempo porque habría estado distraído enviando mensajes de texto con su celular. Ambos fueron embargados por $ 400.000.

Desde el primer momento, Yalj manejó la hipótesis de que el accidente se había producido por un “error humano”, pese a que de acuerdo a las constancias de la causa, el freno de emergencia del tren de Ferrobaires "se encontraba anulado" y atado "con alambre tipo de empardar y retorcido mediante una pinza", mientras que el freno denominado "hombre muerto" tampoco funcionaba.

La causa avanza —lentamente— al juicio oral y público. La última medida en ella fue la decisión del ahora ex juez federal Yalj, de clausurar la investigación y remitir el expediente al fiscal Starc para que emitiera la acusación. Pero el representante del Ministerio Público consideró que previo a ello debían agotarse una serie de medidas de prueba.

El otro episodio, tiene que ver con la tragedia de Flores, cuando el 13 de setiembre del año pasado un colectivo cruzó un paso a nivel con las barreras curiosamente bajas y fue embestido por una formación ferroviaria. La causa está en plena investigación y a cargo del juez federal Julián Ercolini, el secretario Gustavo Cristofani y el fiscal federal Gerardo Di Masi. Todos eligieron el hermetismo cuando fueron consultados sobre el estado de la causa por el diario Tiempo Argentino el día de ayer.

“El último movimiento relevante indica que en octubre del año pasado fueron allanadas la sede de TBA y la estación Flores. Y las demandas civiles por los once muertos y más de 200 heridos ya superan los 150 millones de pesos. En el expediente penal no hay reportes sobre llamados a indagatorias”, señalaba ese matutino.

El tiempo dirá cuál será la suerte de Córdoba, aunque por ahora, ninguna medida ha sido tomada para que no vuelva a ocurrir lo mismo que el último 22 de febrero.

José María González