Las severas complicaciones de Daniel Scioli para afrontar los salarios y aguinaldos de junio pueden ser el primer paso de un efecto dominó en otros distritos, pero también desnudan una puja política de proporciones entre el gobernador y la Casa Rosada. Los problemas de financiamiento de la provincia de Buenos Aires hicieron que debiera pedirle fondos a la presidenta Cristina Fernández, quien a diferencia de otras oportunidades demoró más tiempo de lo habitual en habilitar su transferencia y sólo giró 1.000 millones de pesos, cuando se le pedía más del doble.

En el medio, Cristina retó a Scioli y le dijo que no alcanzaba con "poner la cara", frase habitualmente utilizada por el gobernador ante cada adversidad, sino que se debía mejorar la gestión. Todo teñido de un trasfondo político a esta altura indisimulable: el kirchnerismo pretende impulsar la reelección de Cristina para el 2015, y Scioli es por ahora el principal competidor con vistas a las presidenciales de ese año.

Falta mucho para aquella batalla —que incluso requeriría de una reforma constitucional ya fogoneada por sectores ultra K—, pero en política los tiempos suelen acortarse dramáticamente. Para el sciolismo no es casual que el gobernador venga siendo torpedeado con fuerza por su propio vice, Gabriel Mariotto, delegado de la Presidenta en la provincia.

La jefa de Estado se puso como ejemplo de administración eficiente, pero la diferencia entre la Nación y la Provincia es que la Casa Rosada cuenta con la "máquina de hacer billetes" del Banco Central, que cada vez utiliza con más discrecionalidad. Esa es una de las razones por las cuales la inflación se continúa retroalimentando en la Argentina, a pesar de la merma en los niveles de actividad.

Esa máquina de hacer billetes no se frena porque el gobierno considera que la clave para la subsistencia del modelo pasa por seguir alimentando el consumo, aunque eso se logre mediante un sistema artificial. Mientras eso ocurre, la provincia de Buenos Aires, con sus 550 mil empleados públicos, tiene un costo fijo mensual que se le hace cada vez más difícil afrontar.

El aumento de los empleados públicos ha sido una constante en el esquema de poder kirchnerista, que llega desde lo más alto del poder pero se replica en la mayoría de las provincias. Se estima que en la Argentina hay más de un millón de empleados públicos, y la gran duda es si la administración pública del país es capaz de soportar semejante estructura.

A esto se añaden decenas de miles de millones de pesos destinados a afrontar el pago de planes sociales, subsidiar servicios públicos e importar combustibles, entre otros destinos. El problema del sistema de funcionamiento de la administración pública impuesto desde el kirchnerismo no alcanza únicamente a la provincia de Buenos Aires.

Son numerosos los gobernadores y municipios que empezaron a mencionar desde hace meses el término "cuasimonedas", una de las frases que más malos recuerdos trae a la memoria popular de los argentinos. La idea de dar papeles de colores para pagar a proveedores y cancelar salarios suena cada vez más fuerte en distintos círculos políticos, y la gran duda es si la Presidenta estaría dispuesta a desteñir su gobierno, habilitando un esquema que puede retrotraer al país a la pesadilla sufrida hace más de una década.

 José Calero
NA