En una polémica votación en la provincia de Santa Cruz, la semana pasada 12 diputados de La Cámpora decidieron no hacer lugar al tratamiento del pliego que pretendía cobrarles un 10% a la transferencia a aquellas empresas mineras que se revenden proyectos entre sí.

La UCR acompañó la creación de este canon, con el fin de que se puedan conseguir recursos para el gobernador Daniel Peralta, quien tiene importantes problemas financieros. Sin embargo fueron los mismos kirchneristas quienes se opusieron a la medida.

Según viene cubriendo OPI Santa Cruz, los diputados de la organización K — incluyendo el Vicegobernador Fernando Cotillo— argumentaron que tendrán que “analizar si no colisiona con las leyes nacionales en la materia” y enviaron a diversas comisiones el proyecto de otros diputados del FPVS, el cual pretende que las mineras paguen un 10% de comisión cuando se venden, unas a otras, los yacimientos adjudicados.

Por ejemplo, el de Cerro Negro, se vendió por 3.400 millones de dólares y el Cerro Moro por 400 millones de dólares. De este “pase de manos” de una empresa a otra, la provincia de Santa Cruz no vio ni un peso.

“La actitud de los legisladores, no solo levanta suspicacias, sino que a estas alturas alientan la existencia de connivencia y corrupción entre el sector político y las empresas que actúan en Santa Cruz”, indicó OPI.

Entre quienes votaron contra el impuesto estuvieron los que responden a La Cámpora: Leonardo Álvarez, Federico Boldovich, Matías Besi, Gómez, Paiva, Stella García, Galván y Guanes; y los diputados Arabel de Calafate, Atanacio Pérez Osuna y Páez de Río Turbio, Quintana de Caleta Olivia y, como había empate en un primer momento, desempató el Vicegobernador Fernando Cotillo para que, finalmente, el proyecto no se aprobara.

Es dable destacar que algunos de los votantes tienen intereses directos en la minería. Tal es el caso de Leonardo Álvarez, de San Julián.

El día 19 de de junio, OPI dio cuenta de que la Cámara minera había denunciado a Álvarez por aprietes, amenazas y coacción a las operadoras para que contraten los servicios de su empresa, “Transporte Álvarez SA”, cobrando, inclusive, hasta diez veces más por el mismo servicio que prestan otras transportadoras de la competencia. Allí se lo culpa de estar en connivencia con el gremio Camioneros de Santa Cruz, quienes amenazan a los choferes para quedarse con el trabajo.

Esta semana, Álvarez se defendió en medios afines por la polémica votación, y terminó confesando lo que se sospechó el mismo día en que se produjo el rechazo de este canon minero: que había recibido la orden del Secretario de Minería, Jorge Mayoral, quien le habría indicado que “parara ese proyecto”. Álvarez lo reconoció públicamente y dijo que, junto al Subsecretario de minería de la Provincia, “fueron coincidentes”.

También hay otros que podrían tener lazos con este tipo de empresas ya sea a nivel provincial o nacional. Por su parte, el propio Vicegobernador está sospechado y denunciado por relaciones incompatibles.

“No existe una explicación posible a la actitud dilatoria que pretende, en medio de la peor crisis que vive Santa Cruz, evitar cobrarles a las mineras que hacen negocios entre ellas con las riquezas del subsuelo santacruceño y el futuro de todos y cada uno de nuestros hijos. La posición arbitraria y evidentemente contraria a los intereses de la provincia tiene dos respuestas: o son tontos o son cómplices y claro está que de los nombrados, ninguno es tonto”, remarcó el reconocido medio local.

“Es una locura lo que sucedió porque este proyecto había tenido amplio debate en comisiones, y obtuvo despacho de tres comisiones. Con lo cual nadie puede decir en la legislatura que desconoce la iniciativa. También son una locura los argumentos esgrimidos por parte del oficialismo al decir que esta norma debe ser consensuada con el gobierno nacional”, dijo al respecto la legisladora radical Stella Maris Bubola.

“Acá siempre pasa lo mismo, en las declaraciones son todos buenos y todos piensan en la gente, pero cuando llega la hora de trabajar y votar a favor de los vecinos, prefieren ponerse del lado de los intereses privados y las corporaciones”, remarcó.

La diputada también remarcó que su partido tiene varios proyectos para elevar las regalías mineras, que hoy apenas llegan al 3%, pero dijo que los mismos “duermen en comisiones” porque el Gobierno y sus diputados no permiten su aprobación.

Mónica Filippi