Néstor Lorenzo tenía protección política, no me cabe ninguna duda. Aún cuando Néstor Kirchner se espantó el día que la SIDE le dio el informe donde constaba que su archirrival Eduardo Duhalde financiaba la campaña de “Chiche” a senadora nacional con fondos del denominado grupo de “los gordos”, los cuales provenían de las mismas arcas del Estado Nacional.

¿Quién puede pensar que un lugar como la Superintendencia de Servicios de Salud quedaría solo en manos del poco relevante Héctor Capaccioli? Un recién llegado que no sabía absolutamente nada del sistema. A Kirchner no le bastaba con la información que le acercaban sus colaboradores: él mismo estaba al tanto de cada movimiento, de cada negociado. Por ello debe destacarse su responsabilidad política.

Por ello me permito transcribir algunos testimonios de la causa 7975/06, “Zanola Juan José y otros s/asociación ilícita”. Manifestaciones de un testigo de identidad reservada, quien al respecto dijo que: “A partir de mayo del 2007, San Javier empieza a entregar medicación, mencionada en la causa, pero comienzan los reclamos de algunos afiliados que vienen a la obra social diciendo que no recibieron su medicación y los cheques para dicha medicación ya habían salido de la obra social (..) Cuando se percibían los subsidios del APE Néstor Lorenzo enviaba notas que recibía Claudio Ferrari (subgerente de Finanzas de ese momento) y este le llevaba la nota para que Zanola autorice la transferencia de fondos que no era en forma directa a San Javier sino a una serie de droguerías como Multipharma, Bairesmed, etc y a distintas cooperativas como Vernet, Milenio, Talcahuano, Climafin, y otras… Cabe agregar que las facturas cargadas en un listado de cuenta corriente el cual no estaba acompañado por la factura ni el remito ni el troquel que verifica la entrega de medicación al paciente para este proveedor en especial no se cumplía con el circuito de control de gestión en donde es necesaria la documentación respiratoria completa para el pago de la misma…”

Me detengo en esta declaración ya que el testigo habla en mayo de 2007, cuando faltaba poco para las elecciones presidenciales y en momentos en los que el 35 % de los aportes a la campaña electoral fueron hechos por droguerías.

Lorenzo decidía dónde se derivaban los fondos, que de acuerdo a peritajes contables que obran en esta causa se determino que un gran número de facturas y recibos son duplicados y hasta triplicados: cheques del Banco Nación Argentina, por caso, fueron a pagar hasta dos veces la misma factura. Además de encontrarse una caja de las tantas que contenían 10.000 troqueles adulterados. Zanola “autorizaba”, Lorenzo “negociaba” y el mismo Estado (APE, Banco Nación) “legalizaba” por intermedio de sus funcionarios la estafa que se venía pergeñando.

Otra declaración de un testigo de identidad reservada, el cual se refiere a la vicepresidenta del Consejo de Administración de la OSBA, Alejandra Estoup, quien presento su renuncia al cargo en el año 2008, dice: “…Este circuito de pago sin documentación estaba autorizado por Juan José Zanola dado que todos los cheques de droguería San Javier eran firmados por él y no por la vicepresidente, quiero aclarar que los cheques debían llevar tres firmas: presidente o vicepresidente, tesorero o jefe de actas, gerente de finanzas o subgerente de finanzas. Aclaro que la vicepresidente Alejandra Estoup, quien renuncio también al cargo, no quería firmar los cheques porque no estaba de acuerdo con la droguería San Javier porque decía que no era un proveedor confiable. A ella no le gustaba esa operatoria de refinanciación y refinanciación y así no se podía operar. Los subsidios que ingresaban a la obra social eran controlados en forma directa por Lorenzo dado que este tenía la clave de ingreso al APE de la obra social…”

Voy a destacar la denuncia en el marco de la causa N° 13022/2010 conexa con la presente, en donde un título “cartular” serie A80779163 emitido por Multipharma con fecha 19/12/2007 por la suma de $ 103.581,56 ingresa en las arcas de la propia OSBA para luego ser endosado por Cabaña Agropecuaria del Zonda S.A., resultando llamativo para los investigadores la circunstancia que una droguería le pague por algún servicio a la OSBA, cuando en realidad debería ser al revés. Y menos aún que la Osba lo endose y termine en manos de una empresa agropecuaria.

Es más, un artículo de diario La Nación del periodista Hugo Alconada Mon, sobre “campos, barcos y efectivo en el multimillonario desvíos de fondos” de La Fundación Madres de Plaza de Mayo, asegura que esta empresa agropecuaria recibió caratulares por la friolera de 44,2 millones de pesos. Sin olvidarnos que esta empresa también aparece en el listado de aquellas que compraron dólares por un valor de 2.064.200.

A raíz de esto, el juez Norberto Oyarbibe solicita a la División Investigaciones Patrimoniales de PFA un informe técnico tendiente a verificar el giro comercial de la Asociación Bancaria y de la OSBA, con inclusión en dicha tarea de los libros contables y financieros de ambas instituciones como así también las vinculaciones que tendrían tanto con la droguería San Javier como así también con cooperativas de créditos investigadas en esta causa.

Como podemos ver, Néstor Osvaldo Lorenzo siempre se amparó en sus vinculaciones políticas: manejaba hasta la clave de ingreso al APE, entregaba cheques de Multipharma a la OSBA, etc.

Una pena que el Gobierno no tuviera en cuenta aquel famoso informe de la SIDE mencionado al principio de esta nota. Lamentablemente, tampoco tuvo en cuenta las denuncias del Iname, del Dr. Eduardo Mondino —por aquel entonces Defensor del Pueblo de la Nación—, de la SIGEN, de la AGN, o las advertencias de Graciela Ocaña quien se fue de su cargo cansada de luchar contra el poder de los corruptos, todos ellos amparados por el propio gobierno.

Recuerdo en alguna escucha irreproducible cómo festejaba Lorenzo el día que la ex Ministra de Salud renunció. Solo puedo decir que al final decía: “Se hizo justicia”. No se imaginaba que la misma caería sobre sus espaldas unos meses más tarde.

Gabriel Alejandro Brito
Especial para Tribuna de Periodistas