Néstor Osvaldo Lorenzo no se andaba con chiquitas: sus “vínculos” cubrían todos los espectros. Así como comenté en notas anteriores y consta en los expedientes judiciales, no solamente blanqueó dinero por intermedio de mi empresa Global Pharmacy Service S.A., sino también por intermedio de terceras personas, tal el caso de Julio César Pose, Carlos Torres y Carlos Torresín. Todo ello consta en el Juzgado Federal N° 5, el cual sigue investigando a la fecha a otras empresas que “aportaron” a las arcas del Frente Para la Victoria.

El responsable político del FPV, hoy a cargo de una gerencia de la ANSeS, Sebastián Gramajo —procesado en esta misma causa— tampoco es ajeno a ello. Y me detengo en el cargo que tenia: responsable político, ya que es quien mantenía conversaciones con el “Yabrán de los medicamentos” y a su vez recibía dinero de este, cosa que no convence al juez de Instrucción, ya que en un allanamiento realizado en el domicilio de Lorenzo, se encontraron cuadernos con anotaciones como: “Gramajo 5.000” en tinta negra y al lado en tinta azul “1.000”; en otra de sus hojas “Gramajo (4.000)” y en otra “Gramajo “(1.000).

En otro cuaderno, el magistrado reseña que en diversas hojas encuentra distintas anotaciones que rezan “Gramajo 31/4 25.821 y 25/1, 21.576”; “Gramajo 25/4 21.576 / 31/3 25.821”, algo que no se entiende. ¿Cómo siendo diputado en aquel momento podría recibir “pagos” de droguería San Javier?

Otro dato que toma en cuenta el juez Norberto Oyarbide para procesarlo, surge del listado de las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Néstor Lorenzo 5183-4353. Entre el 01/05/2008 y el 01/01/2009 obran 37 llamadas entre ambos, mientras que desde el mismo número, del 01/12/2008 al 01/05/2009, hay un total de 63 llamadas entre ambos.

Por su parte, del mismo abonado, desde al 01/05/2009 al 01/07/2009 hay un total de 56 llamadas registradas entre ambos teléfonos, mientras que desde el 01/07/2009 al 19/10/2009 hay un total de 39 llamadas. Lo que llama la atención al magistrado es la cantidad de llamadas y su tenor hechas por el “abonado” Lorenzo para con aquel cuya titularidad pertenece a Gramajo. Hablamos del 11-5450-8976.

Gramajo hizo ese contacto siendo responsable político del Frente para la Victoria; él sabía que debía solucionar un problema político que lo salpicara durante años.

Pero lo de Néstor Lorenzo no termina en el escándalo político: también hay ciertos sectores de la Industria farmacéutica que actúan en complicidad en una puja de poder y traición entre todos. Es así que por la transcripción de escuchas a su teléfono pudimos corroborar que la agrupación de cámaras empresarias de la Industria Farmacéutica también tuvo lo suyo; y hay escuchas que dejan entrever la participación —o por lo menos el conocimiento— de Lorenzo en estas maniobras donde habrían aportado la suma de setecientos mil pesos a la campaña del año 2007 por intermedio de cheques a nombre de un sanatorio el cual nunca les realizó dicha prestación. Cuando consulté al encargado de firmar las órdenes de pago y hacer las retenciones correspondientes, Ing. Jorge Arriaga, me contestó que ellos habían emitido los valores y un “motoquero” retiró los mismos. ¿No es algo raro que alguien se lleve cheques por un cuarto de millón de pesos?

Quien puso ese dinero que retiró el “chico de la moto” fue la ACE PAMI Agrupación para la Administración del Sistema de Provisión, Distribución y Dispensación de Medicamentos a afiliados del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Ello según consta en las siguientes facturas: 6.124 por pesos 380.000; 6.127 por pesos 180.000; 6.144 por pesos 70.000; y 6.146 por pesos 70.000. La primera de fecha 01/08/2007, la segunda 02/08/2007, la tercera 30/08/2007 y la ultima 01/09/2007.

Todas se dejan ver junto a los cheques emitidos, órdenes de pago y retenciones correspondientes. El letrado del Sanatario María Mater S.A. negó enfáticamente haber recibido semejante importe, aclarando además que esa institución no hace auditorias ni tiene ninguna relación comercial con esta agrupación empresaria.

Ahora, ¿por qué tanto Fernando Loiácono de Lucma S.A. como Norma Sina de Microsules Argentina consultaban a Lorenzo, sobre esto? La mujer —Sina— en una conversación le dice: “Clara Suarez, gerente de Cooperala (una de las camaras que integran dicha agrupación) recibió un correo privado, donde le envían esta documentación como así varios laboratorios”.

Allí, Lorenzo niega la participación pero queda en averiguar. Sina le responde: “Mirá que se usan términos jurídicos muy parecidos a tu presentación”. Lorenzo, como de costumbre, ríe mientras en otra conversación Loiacono le comenta: “Hubo una reunión en Av. del Libertador, en la oficina de Eduardo El Grande (léase Eduardo Kampel Martian) donde hubo muchos reproches por los aportes a la campaña, donde también estuvo este, el novio de la diputada María Laura Leguizamón”. Este resulta ser nada menos que el dueño de Laboratorios Richmond (ex diario Critica) Marcelo Figueiras. Lorenzo siempre riendo responde: “Y…  ya Eduardo El Grande junto a Cereijo (Gobbi Novag) deben retirarse”.

Estas escuchas constan en la causa 1787/07 y llama poderosamente la atención que el juez de Instrucción no las haya tenido en cuenta ya que Lorenzo tenía acceso y conocimiento de todos los fondos aportados a la campaña, aún el de sus enemigos del momento, que como podemos ver en este caso no figuran en el listado oficial declarado por el Frente para la Victoria. En su momento se dijo que mitad de este dinero fue a parar a Córdoba (lo cual fue negado por dos fuentes).

La otra mitad era para el recaudador Héctor Capaccioli. Quiero destacar que este material es inédito, no fue publicado por ningún medio; solo la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, realizó una presentación en el juzgado de Héctor Torres.

A su vez, quiero recalcar que una fuente cercana a la agrupación nos comentó que idéntico procedimiento para recaudar fondos se habría llevado adelante por intermedio de la empresa Farmandat S.A. perteneciente al contador Eduardo Bonangelino de la Ciudad de Córdoba y Coin Farm S.A. del ingeniero Oscar Iglesias de Mendoza. Algo que los investigadores deberían tener en cuenta: solo basta realizar un allanamiento en las oficinas de la Ace PAMI sito en Paraguay 1.178 Piso 4°.