Desde el preciso momento que comenzó el escándalo de la droga enviada a España a través de la aerolínea Southern Winds, el entonces presidente Néstor Kirchner mostró una elocuente preocupación por el curso de la investigación periodístico-judicial.

Tribuna de periodistas publicaba entonces: “no es para menos. Uno de sus hombres de confianza, secretario de Estado, aparecía implicado en un escándalo que hasta el día de hoy los medios no lograron desentrañar del todo. Esa misma persona que Kirchner protege es la que lo convenció para que se subsidiara a la empresa Southern Winds en 3.200.000 mensuales”.

¿De quién hablamos? del ministro de Planificación Julio De Vido, quien estaría más que implicado en la investigación por el escándalo de marras, a través de uno de sus funcionarios de confianza. Veamos.


Se quiebra la cadena de complicidades

Mientras diario La Nación titulaba en su tapa en esos días que “Kirchner busca despegarse de Southern Winds”, su colega-socio Clarín aseguraba lo mismo pero suavizando los términos: “Kirchner aclara la relación con Southern Winds”. Todo un dato.

En los últimos meses se ha dado un nuevo impulso a la causa, ya que un grupo de brigadieres desplazados de Ezeiza por el Gobierno empezaron a tomar contacto con el periodismo para contar las relaciones ocultas entre gente de la aerolínea y algunos funcionarios del Estado. Reveladores vínculos que echan verdadera luz respecto a las responsabilidades políticas del affaire Southern Winds. En estas horas muchos tienen claro que no tienen interés en ser "chivo expiatorio" de nadie, menos aún de un grupo de funcionarios desleales que no vacilarán en soltarles las manos en caso de ser necesario.

Por caso, Walter Beltrame, jefe de pista de Southern Winds, liberado oportunamente luego de haber sido detenido y acusado de "tráfico agravado de estupefacientes", confesó que el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, tenía demasiada injerencia en las decisiones de la empresa. Cuando Beltrame fue interrogado sobre quién ordenaba que se hiciera caso a las órdenes de Jaime, respondió: "Juan Maggio. Para él, Jaime era parte de la empresa".

Lo que dice Beltrame es lo mismo que muchos han sugerido en voz baja: detrás del escándalo estaría la figura de Ricardo Jaime, puesto en su cargo por el ministro de Planificación Julio De Vido, cajero histórico de Kirchner desde sus tiempos de Gobernador de la provincia de Santa Cruz.

Tal vez en este marco se entienda la encendida protección que el Gobierno le está otorgando a Jaime, la misma que recibe desde hace meses cuando su nombre comenzó a aparecer en medio de no pocos escándalos de coimas y otros negociados. Es probable que el motivo de esa protección tenga que ver con otro de los "secretos a voces" que se maneja en algunos círculos políticos relacionados al primer mandatario y que asegura que Jaime sería uno de los testaferros del presidente Kirchner.

En el marco de la escandalosa "causa Conarpesa" —en la que se acusa a dicha firma de haber instigado la muerte del empresario pesquero competidor, Raúl "Cacho" Espinosa— un abogado llamado Emilio Galende, aseguró que estaba dispuesto a declarar ante cualquier Juez que la tercera parte de las acciones de esa empresa, pertenecerían al presidente Kirchner, por intermedio de sus testaferros Claudio Minnicelli y Ricardo Jaime, habiendo intervenido el escribano Ángel Alfredo Bustos en la cesión de cuotas sociales a favor del mandatario y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de lo antedicho, es dable volver a preguntarnos a quién responde Ricardo Jaime para terminar de entender este escándalo de valijas y drogas.


Conarpesa: De Vido también

El santacruceño Julio De Vido es conocido como el “hombre fuerte” del gabinete de Néstor Kirchner. Al frente de una cartera con amplias facultades posee, entre otras, la atribución de intervenir en la fijación de las políticas de transporte, comunicaciones, energía y minería.

De Vido ha sido mano derecha del Presidente Kirchner desde sus años de Gobernador en Santa Cruz y es señalado como el principal artífice del polémico envío de los 532 millones de pesos a cuentas bancarias en el exterior.

La cartera de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que maneja Julito concentra todo lo inherente a saneamiento, obras públicas, vivienda, explotación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, actividad vial y organización de la inversión pública, una “gran caja”. Asimismo, los complejos Binacional Yacyretá y Salto Grande, que generan importantes dividendos al Estado, también quedaron bajo su dominio.

Es en ese marco que De Vido "colocó" a Ricardo Jaime en su cargo de secretario de Transportes, un lugar más que estratégico si de hacer negocios se trata.

Kirchner tiene tal confianza en De Vido que le ha delegado sectores que han dependido históricamente de Presidencia de la Nación, como las áreas de "desarrollo urbano" y "energía atómica".

Y es que, desde sus días como Gobernador en Santa Cruz, Kirchner ha tenido en De Vido a uno de sus mejores colaboradores a la hora de hacer tareas oscuras.

Daniel Gatti, autor de la biografía del primer mandatario —El amo del feudo—, lo comenta así: “tal como ha ocurrido casi siempre durante la gestión de Kirchner en la provincia de Santa Cruz, el trabajo sucio es encomendado a Julio De Vido”.

Y así como Jaime aparece relacionado, de alguna u otra manera, a Conarpesa, también De Vido tiene una rara vinculación con esta empresa y con la muerte del citado Raúl Espinosa. Veamos:

Espinosa fue asesinado en la ciudad de Puerto Madryn el 30 de enero del año 2003. Por los datos recabados por la justicia y en ámbitos parlamentarios, el crimen está lejos de haber sido un episodio policial más. Y es que los acusados de instigar el homicidio (Juan Alvarez Cornejo y su hijo Fernando) son los titulares de la sospechada empresa.

Como consta en la causa judicial, tres meses antes de su muerte Espinosa mantuvo una reunión con Julio De Vido, a quien —según declaraciones de la esposa del difunto, Lorena Galbarrus— le habría planteado manejos cuestionables de Conarpesa y la hipótesis de que podrían atentar contra su vida, cosa que posteriormente sucedió. A pesar de la gravedad de lo sucedido, De Vido siempre mantuvo un férreo silencio sobre la cuestión.

Más que elocuente.


La madre patria: conexión España

El hecho de que las valijas con cocaína del 17 de septiembre de 2004 tuvieran una etiqueta con la leyenda “Embajada argentina en España”, no es menor. En dicho lugar se encuentra ocupando su cargo más importante —el de Embajador— don Carlos Bettini, un hombre señalado en más de una oportunidad por sus oscuros antecedentes.

En los días en los que se lo designó Embajador en España, la insistencia del Gobierno para que Bettini ocupara ese cargo despertó no pocas sospechas, aún cuando su postulación fue duramente cuestionada desde diversos ámbitos. Quizás ahora empiece a entenderse por qué.

El periodista Juan Gasparini ha desnudado oportunamente los antecedentes del citado funcionario: "Carlos Bettini fue asesor en el Ministerio de Justicia de los menemistas Jorge Maiorano, Rodolfo Barra y Elias Jassán. Luego pasó a ejercer la jefatura de gabinete del entonces Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, hasta su retiro en febrero de 2004.

Invocó esta investidura para, supuestamente, sobornar (sin éxito) a la Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Patricia Bullrich, ministra de Trabajo durante la presidencia de Fernando De la Rúa. El 20 de diciembre de 1999, en efecto, el entonces ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, le redactó la denuncia a Patricia Bullrich, alarmada por la oferta de cohecho que, según ella, le insinuara Bettini esa misma mañana en sus oficinas de la calle Sarmiento 329 de Buenos Aires.

La audiencia oficial tuvo que ser abruptamente interrumpida por la potencial candidata a ser corrompida. Sus alegaciones fueron cursadas a la Oficina Anticorrupción. Allí le transmitieron que, al tratarse de un subordinado de Becerra, le correspondía a éste abrir el sumario.

Conviene añadir que Bettini no sólo se cubrió con el manto de patrón de los asesores del Fiscal General del Estado para impresionar a Bulrich. Se arropó también con la amistad del líder socialista español, Felipe González, con el embajador de España en Argentina, y con altos funcionarios del Ministerio de Justicia. De este modo, justificó el "inusual interés por las licitaciones para remodelar o construir prisiones en Argentina, operando en nombre de Dycassa, empresa española interesada en los contratos con el gobierno nacional, un trámite que nada tenía que ver con sus ocupaciones en derredor del jefe de los Fiscales, Nicolás Becerra.

Patricia Bullrich, como responsable de asuntos penitenciarios, con los expedientes del caso bajo su control, no permitió que Bettini le hiciera la ominosa oferta y lo expulsó de su despacho. El artículo 258 bis del Código Penal de Argentina, sanciona con prisión de uno a seis años al que propusiere dádivas a un funcionario público.

Dycassa, la compañía española en el origen de este presunto ilícito, propiedad de Florentino Pérez, hoy presidente del club Real Madrid, cuenta con los servicios en la Argentina del estudio del abogado mendocino Roberto Dromi, quien, como José Luis Manzano y Eduardo Bauzá (...) Dijo a su alrededor que ejercía lobby, sin voluntad de sobornar, un argumento que no justifica invocar a Becerra para conseguir una entrevista muy importante, con objetivos al margen del ámbito judicial en el que coincidían las actuaciones públicas con su interlocutora. El libreto excluye de toda mención al abogado Dromi, con quien está vinculado Dycassa, por lo demás un amigo y comprovinciano de Becerra. Estos puntos oscuros podrían constituir ingredientes para una asociación ilícita con el propósito de corromper".

De manera similar, Bettini ha sido acusado en una veintena de hechos de corrupción y coimas.


Concluyendo

A pesar de todas las líneas de investigación que se han abierto, no aparenta haber real interés por parte de la Justicia en avanzar en el esclarecimiento de la causa por drogas en Ezeiza. No olvidemos que oportunamente la fiscal María Gabriela Ruiz Morales solicitó medidas puntuales para avanzar en la faz política del tema y nadie le hizo caso.

No es menor el hecho de que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, haya denunciado el ingreso de las valijas —del cual tenía conocimiento no bien sucedió— sólo después de que este trascendió a los medios de información. En el mismo sentido, es dable recordar que el mismo día en que el Departamento de Aduanas español abrió las polémicas cuatro valijas, una persona llamada José Juan Díaz Fraga y que se identificó como comisario de la Policía Federal Argentina, llamó desde Buenos Aires para interiorizarse sobre los estupefacientes incautados. Esa comunicación telefónica llamó la atención de las autoridades aduaneras españolas, porque muy pocas personas sabían del secuestro de la droga.

Según consta en la causa judicial, Díaz Fraga dijo trabajar como agregado del Ministerio del Interior en la embajada española en Buenos Aires. 

Lo cierto es que esta causa ya se "llevó puesto" al juez Carlos Liporace y promete traer cola en el juicio oral. Algunos silencios ya han sido comprados y otros se están intentando "negociar". La "caja" para hacerlo está a la orden del día, es sólo cuestión de tiempo.

De esta manera se explica que muchos de los principales testigos hoy se hayan quedado mudos ante el requerimiento de la prensa, "Es la plata o la vida, o aceptás guita o te liquidan", confesó a este periódico uno de los testigos políticos del tema. En ese marco nada parece casual.

Ni siquiera los nervios del matrimonio Kirchner, que aunque aparenten tranquilidad, saben que oportunamente estarán cercados por una investigación que roza a demasiados funcionarios de su confianza personal.