Ayer por la tarde, Sergio Schoklender deambulaba por los tribunales de Comodoro Py presentando nuevas denuncias contra la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

En un parate para tomar media botella de agua mineral Villavicencio, en el noveno piso del edificio del tribunal de justicia, el ex apoderado acercó la primicia de una noticia que los medios nacionales rápidamente se harían eco. Uno de los abogados de la Fundación fue nombrado, en el día de ayer, para mediar en la famosa ley de medios. Pero no se trata solo de uno. Son dos.

Entre los conjueces que citaron, está Eduardo Fachal, denunciado penalmente en el juzgado de Servini de Cubría y también por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. "Es abogado de la Fundación pero simultáneamente es el segundo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Es una basura pero bueno", explica Schoklender.

 Tal como relato en "El negocio de los derechos humanos" obra que saldrá publicada por Sudamericana el 1 de noviembre próximo, el abogado Fachal respondió unas pocas preguntas acerca de la trama judicial del llamado escándalo Schoklender y me explicó que, "iría a fondo a pesar de que chocara contra los intereses de la propia hija de Bonafini".

En fin, ¿puede un mismo letrado estar de ambos lados del mostrador? ¿Es parcial? Lo más increíble es que Fachal trabaja en la defensoría del pueblo y, a su vez, es patrocinante de una Fundación que contrataba el Gobierno de la Ciudad. Es una situación similar a la de Eduardo Barcesat, abogado que dejó su cargo para "que no hable boludeces Schoklender con su manía de ensuciar a todos" como declaró en un programa radial. Barcesat prefirió continuar dentro de la estructura de la Fundación donde maneja un centro de estudios legales con amplios poderes y con un generoso caudal de dineros públicos que, según varias fuentes consultadas dentro de la Fundación, asciende a la astronómica suma que supera el millón de pesos.

Pero entre la lista de 16 conjueces también figura el nombre de Antonio Rojas Salinas quien defendió los intereses de la Fundación frente a demandas laborales desde la época en que la Fundación aún era la asociación Rebeldía y Esperanza. Schoklender explica que "Hebe le llevaba a Aníbal Fernández algunas ideas que tenía Barcesat de denuncias que se le podían hacer a Macri. Entonces, el hoy Senador se entusiasma y le propone contratarlo, pero el abogado le responde que quedaría mal contratarlo, que públicamente se sepa que él estaba trabajando para el Gobierno nacional".

¿Cuál fue la solución? Según el ex apoderado, "Aníbal hizo un convenio con la Fundación para la creación de un Instituto de investigación de Asuntos Jurídicos donde se transfería 1 millón y pico de pesos a la Fundación y nosotros le pagábamos directamente al abogado". Barcesat niega que el monto sea tan elevado y responde que se debería investigar cuánto cobraba realmente el ex apoderado. ¿Y usted? "Algo así como 15 mil pero no recuerdo", responde públicamente.

Schoklender recuerda que, por ese tema de choque de intereses, tuvo un "quilombo y una discusión fuertísima con Hebe". "Le pregunté por qué tenía que usar la fundación para todo eso. Entre los que cobraban, estaba él y el doctor Rojas Salinas quien ahora el gobierno de Cristina lo propone como conjuez para la causa de Ley de Medios".

      Conclusión: no se trata de un juez cercano a Hebe de Bonafini lo que impulsa el gobierno, sino dos. ¿Creerá ahora la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en la independencia de la justicia o seguirá pensando en tomar el palacio de justicia como propuso en una acalorada marcha pidiendo que se aplique la ley de medios inmediatamente?

Luis Gasulla
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