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Ante un panorama de decrecimiento de la economía, incremento de la inseguridad y hasta complicaciones en el frente externo, el Gobierno insiste en avanzar con el polémico “per saltum”, como si fuera algo necesario y fundamental. Como si su sanción fuera la solución a todos los problemas argentinos.
En las últimas horas, en una entrevista realizada por diario La Nación, el senador y jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, habló de la “necesidad de reglamentar” esa herramienta tan relacionada con el menemismo, "porque hay que encontrar un mecanismo de salida para situaciones de gravedad institucional que, por la proliferación de medidas cautelares o de acciones dilatorias de parte de los abogados, muchas veces interrumpen una resolución definitiva".
El funcionario admitió algo que es grave: que en realidad el Gobierno busca su sanción para aleccionar al grupo Clarín. "Nada mejor que en una cuestión como ésta, de trascendencia pública e institucional, para que les ponga fin a cuestiones de monopolio que en otros países se han terminado hace cien años", afirmó Pichetto.
¿Tan estúpido se puede ser para cegarse con una pelea que no le sirve a la sociedad? Mientras el kirchnerismo gasta todos sus esfuerzos en una batalla tan absurda, crecen la pobreza, la desigualdad y el desempleo en la Argentina. Al mismo tiempo, la inseguridad y el narcotráfico hacen estragos. ¿No sería más conveniente dirigir los esfuerzos a solucionar esas cuestiones?
Picheto parece haberse dado cuenta de su equivocación y, en la misma entrevista, aseguró que la implementación del per saltum no sería solamente para usar en la controversia con el Grupo Clarín. "Está pensado para todas las cuestiones que revistan gravedad institucional que se proyecten sobre el público en general y que por su trascendencia comprometan a las instituciones de gobierno y los principios y derechos garantizados por la Constitución. Puede ser para este tema, pero también para otros", sostuvo.
¿En serio nos quieren hacer creer eso desde el Gobierno? ¿Por qué no se aplicó el per saltum para acelerar los procesos en contra del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime? ¿Por qué no se buscó sancionar esa herramienta frente a las dilaciones del escándalo de las valijas de Guido Antonini Wilson o los viajes de Claudio Uberti?
En todos esos expedientes, lejos de buscar acelerar los tiempos de la Justicia, el kirchnerismo buscó su “estiramiento” y presionó a los jueces para lograr hacer zafar a sus hombres de confianza.
Ya lo dije en varias columnas escritas en este mismo sitio: lo que ocurre con la Justicia es de una gravedad pocas veces vista. Lo mismo que siempre se criticó al menemismo —con justo derecho— sucede ahora con el kirchnerismo. Los jueces son presionados para que fallen a favor de los funcionarios corruptos.
Si así no lo hicieren, se los alecciona, primero a través de “carpetazos” dados a conocer a través de los medios oficialistas; si esto no alcanza, se les da un “correctivo” a través del Consejo de la Magistratura.
¿Cómo pretende el Gobierno que los ciudadanos no salgan a la calle ante este panorama, que se suma a todo lo ya mencionado? ¿Qué debería hacer la sociedad para mostrar su bronca?
Ya lo dijo Charly García alguna vez: “Nos siguen pegando abajo”.
Carlos Forte
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