Desde este medio ya se ha denunciado la corrupción en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, demostrando que la misma es estructural. Cuando se nombró al actual subsecretario de Pesca, Néstor Miguel Bustamante, se denunció la “doble vía” de su cargo. Ayer abogado gestor de las empresas pesqueras, hoy su empleado dentro de la subsecretaría de pesca.

La Procuración del Tesoro de la Nación, máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo, tiene dicho que el Estado, como persona ética por excelencia, debe actuar no sólo dentro del orden jurídico, sino también en consideración a la equidad y a los principios que la informan. Por ello, los agentes que integran la organización estatal están sujetos a ciertos deberes éticos en el ejercicio de sus funciones que exceden el mero cumplimiento formal de la legalidad vigente. Bustamante es abogado y estudió ética, sabe de qué se trata.

Consultada la secretaria General del SOIP, Cristina Ledesma, sobre las intenciones de buscar un límite para las cooperativas a partir de cual serán consideradas legales o ilegales, dijo: “La única forma de que los trabajadores aporten a la Obra Social y a la cuota sindical es estando registrados, no hay otra forma. No reconocemos ninguna cooperativa legal, no existen cooperativas legales en el Puerto, esto ya lo sabe todo el mundo”. Casi sin tomar aire, exclamaba que “el registro de cooperativas ya lo hicimos nosotros y son todas truchas”.

Como consecuencia de esta acción directa del Estado Nacional, Bustamante sostuvo que “Aquellas empresas que cuentan con empleados registrados, han sido acompañadas en un proceso de obtención de cuotas de merluza” y agregó: “Ejemplo de esto es el caso de una firma marplatense que contaba con 1.100 empleados registrados, recibió una cuota de merluza por 15 años de 500 toneladas”, graficó. Según el resultado que se desprende de inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo nacional, en la zona portuaria de Mar del Plata, en el transcurso del mes de agosto de 2012, sobre un total de 79 establecimientos relevados, se detectaron irregularidades en 69. De este modo, sobre 1.575 trabajadores de fileteado de pescado, se hallaron irregularidades en 1.204, por lo que el porcentaje de trabajadores no registrados ascendió al 78,4%.

Queda claro que el lobista Subsecretario de Pesca tiene la potestad de otorgar cuotas de de captura a empresas con trabajadores en blanco. ¿Por qué no quita el cupo de Moscuzza con los antecedentes registrados de trabajadores en negro? Por corrupción simple y pura. De nada sirven la Ley 25188 de Ética en la Función Pública si los funcionarios no cumplen ni la ley de contrato de trabajo (LCT), menos la ley federal de pesca. Nada les interesa pues están blindados de impunidad.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sancionó a la empresa Pedro Moscuzza SA con una multa de $598.625,80 por no tener a su personal debidamente registrado en la visita que los inspectores realizaron el pasado 14 de marzo a las instalaciones de la planta procesadora ubicada en Ortiz de Zárate 2950. Ni fue la única visita ni tampoco es el único expediente que desde la cartera laboral labraron contra la tradicional empresa pesquera marplatense. Una semana antes, el 7 de marzo, los inspectores relevaron a 87 personas que trabajaban en el frigorífico y no estaban registradas como marca la LCT.

Si bien ese expediente todavía no tiene resolución —ni la va a tener— teniendo en cuenta que la multa de la autoridad de aplicación supera los 10 mil pesos por cada obrero en negro, Moscuzza debería hacer frente a una sanción millonaria. Todo esto son titulares, castigos fehacientes no existen. Solo premios a la impunidad.

Ese 14 de marzo los inspectores debieron asistir en dos oportunidades al frigorífico al constatar que mucha gente no había sido debidamente censada. Un expediente reveló 36 obreros sin registrar y en otro figuran los 51 que motivaron la resolución de la multa económica. Según reconocen la firma Pedro Moscuzza e Hijos SA, CUIT: 30504715392 procesa el pescado con obreros ligados a dos cooperativas dentro de su propio establecimiento: “Los 3 Amigos” y “Coopenfilmar”, sumando con ambas casi 190 personas. Sumadas las 3 inspecciones del Ministerio de Trabajo, son 174 obreros.

Moscuzza es, de las tres industrias más importantes del puerto marplatense, la que no ha adherido al programa de registración que promueve la Subsecretaría de Pesca a partir de la asignación de cuotas individuales transferibles de captura. ¿Es necesario reiterar por qué el Subsecretario de Pesca no retira los cupos de pesca a esta empresa con cientos de expedientes en su propia secretaría que certifica la ilegalidad del ingreso a la matrícula nacional de la flota comunitaria de Moscuzza impulsada por Menem-Sola?

Esta situación de ilegalidad, más allá de los supuestos perjuicios económicos a través de multas a la empresa, también le debería generar problemas con los administradores del recurso pesquero, pues su lobista Bustamante debería revocar los cupos de captura a la empresa por las infracciones comprobadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Aquí no hay pagos registrados de ganancias eventuales comprobados. Tampoco puede una empresa tercerizar su objeto societario. Pero esto a la empresa Moscuzza no le trae a la fecha ningún problema.

La ostentación de impunidad de la empresa se demuestra en su página web. Donde exponen la capacidad de producir más de 100 toneladas de materias primas diariamente, de almacenar 8 mil toneladas en sus cámaras frigoríficas y hasta 150 toneladas de hielo por día. En una superficie cubierta de más de 26 mil metros cuadrados sorprende que no figure la cantidad de trabajadores que procesan semejante caudal de pescado. Ni uno solo. Están llenos de dinero del pescado de todos los argentinos, a expensas de quienes jamás se van a jubilar, elaborado con personal en negro y capturado con buques con sus permisos de pesca ilegales tal como lo determinara la UBA-AGN-SIGEN-PTN.

El corso café mar del plata

El día viernes 26 de octubre de 2012 a las 15 hs, el subsecretario de Pesca Miguel Bustamante y el representante de la empresa Moscuzza SA tomaban café a la vista de todos en Mar del Plata. Quizás “la defensa” sea esta: “No nos escondíamos de nadie…” No hay defensa. Un funcionario público no puede reunirse con quien es responsable de la pobreza de miles de trabajadores del pescado por décadas, triangulaciones en exportaciones, triangulaciones en permisos de pesca nulos de nulidad absoluta en origen, violaciones a la Ley Federal de Pesca, depredación por arrojar pescado fresco y bueno al mar probado en la causa 15956 Juzgado Federal Nº1, Mar del Plata con fotos tomadas por un inspector de Prefectura en mi presencia como querellante. Causa dormida agonizando, casi muerta.

No tiene explicación posible, ninguna de ningún tipo, que el subsecretario de Pesca Miguel Bustamante se reúna con los armadores así en un café de manera personalizada. Debería citarlo la justicia. ¿Y para qué se reunió con el representante de una empresa que debería sancionar por todas las ilegalidades comprobadas por el Ministerio de Trabajo? Para Moscuzza es primordial poder seguir operando con el sistema Cooperativo pues no quieren dejar de ganar millones que les asigna su lobista Bustamante desde el manejo espurio de las toneladas de cuotas de captura que transformadas a pescado elaborado y exportado sin cargas sociales son millones de dólares al año. La ostentación hace que los funcionarios pesqueros estén ebrios de impunidad sabiéndose no justiciables, ricos, poderosos, sin ética ni moral ni escrúpulo alguno.

Los acuerdos personalizados entre administrador y administrado en la pesca argentina llevaron al estado actual del caladero por la corrupción estructural apañada por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. Como dato anecdótico y risible sino fuera tan triste. Bustamante no atinaba a encontrar la billetera en su pantalón, así fue como el representante de Moscuzza SA, contador Luis Ángel Fernández, pagó el consumo de la mesa delante de varios testigos. Obviamente, Bustamante, como lobista de la empresa y Subsecretario de Pesca no paga, cobra. ¿La ley de ética pública sirve para algo? Muchos son los testigos.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador