Con bombos y platillos, rodeada de una atmósfera propia de un estadio de fútbol, el 16 de abril de este año y por cadena nacional, Cristina Kirchner anunciaba el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% del paquete accionario de YPF, por entonces en manos de la española Repsol.

Dicho evento, precedido por una gesta de acoso a la compañía desde principios de 2012, fue usado y explotado como bandera política y, además, como cortina de humo para disimular los graves baches de la política energética K. Así las cosas, la mayor empresa del país e icono sentimental para muchos, volvía a ser del Estado. El nacionalismo infantil y la demagogia populista tan característica del kirchnerismo, había encontrado su causa perfecta.

Pero una vez más, la realidad cacheteo al relato. En efecto, este 13 de noviembre, la acción de la empresa cerró a $72 en el mercado local, situándola, una vez más, en mínimos históricos. Desde el comienzo del maltrato oficial a hoy, dicho papel ha perdido más del 60% de su valor, teniendo en cuenta que el mismo se llegó a negociar a $188 el 23 de enero de 2012.

Un sencillo cálculo que circula por el medio, sencillo pero revelador, demuestra con números concretos la crónica del vaciamiento. YPF y su valor de mercado, a principios de año, se situaba en $66 mil millones, mientras que hoy su valor es de $28 mil millones. Unos $38 mil millones de capitalización bursátil se pulverizaron en las 209 ruedas que tuvo este año. Si tenemos en cuenta que cada jornada bursátil es de 6 horas (11:00 a 17:00), por cada hora que YPF cotizo en la pizarra de la Bolsa de Buenos Aires, la misma perdió 30 millones de pesos de valorización, o lo que es lo mismo $500.000 por minuto, es decir, más de 100.000 dólares tomando la cotización oficial.

¿Los motivos? Abundan. Para resumirlos en pocas palabras, este gobierno y su cóctel de medidas anti inversión, que van desde la confiscación misma de la empresa, pasando por el cepo al dólar y la pesificación de facto, el “efecto Chaco” y los fondos buitres, en el marco de un país donde reina la inflación, el estancamiento, la desconfianza y la incertidumbre económica, hacen que YPF se vea acéfala de una dirección (que todos sabemos es política) responsable y previsible. En concreto, existen numerosas razones para que los inversores le huyan. Y tanto es así, que aún pagando a tasas superiores al 15% le cuesta conseguir financiamiento, a no ser que éste venga de la mano de ANSES o de algún otro prestamista bajo presión.

Mención aparte también merecen todos los anuncios de posibles sociedades con petroleras extranjeras de la talla de Chevron, Sinopec o la rusa Gazprom que, según parece, no marcharon como se esperaba.

El panorama a futuro se ve sombrío, a no ser que se produzca un drástico cambio en la política económica, orientado a generar previsibilidad y reglas claras, que ayude a paliar y disminuir el riesgo soberano argentino (hoy en niveles por encima de países como Venezuela), se restaure la confianza en el país y sus empresas, permitiendo volver al mercado de deuda a tasas razonables, el cual financie los planes de expansión de la empresa.

El otro camino que queda, es seguir manoteando cuanta caja se cruce en el camino, obligando a los actores económicos, sean bancos, aseguradoras, u organismos estatales, a prestar dinero a tasas negativas, alimentando así el circuito devastador de la desconfianza, circuito del cual a medida que pasa el tiempo se torna más difícil salir. Este parece ser el camino que por ahora elige el gobierno, en virtud de su economista estrella Axel Kicillof, quien todo lo que toca destruye. Y es que después de todo para él −y para el relato en general− “La seguridad jurídica es un concepto horrible”.

Franco Tealdi
Agencia OPI Santa Cruz