Detallábamos en artículos anteriores algunos de los oscuros antecedentes de José Antonio Iglesias, uno de los abogados que representa a la mayor cantidad de víctimas de la tragedia de República Cromagnon. Una de sus más elocuentes “inconductas” tiene que ver con su designación como veedor en El Hogar Obrero por parte de la jueza Julia Villanueva, algo que desmenuzamos en otras notas y que, investigado a fondo, desnuda toda una trama de conductas ilegítimas.

    Y es que Iglesias, junto a la citada jueza Villanueva, y a otro magistrado llamado Martín Butti, conforman una verdadera asociación ilícita destinada a vaciar empresas, tal cual veremos a lo largo de la presente nota.

    En ese sentido, es dable destacar que la conducta de la Dra. Villanueva está siendo investigada por el tribunal de enjuiciamiento de magistrados que se tramita en el Consejo de la Magistratura a través de las causas Nº 449/04 y Nº 70819.

    En el marco de una de estas denuncias los socios de El Hogar Obrero manifestaron ante el citado organismo que "… hacemos saber que está a consideración del Juzgado a cargo del concurso preventivo de la Cooperativa, una reciente propuesta de los administradores judiciales que deja al descubierto la tentativa de vaciamiento patrimonial de la Cooperativa.-, situación esta que podría encuadrar en la figura prevista en el art. 173, inc. 7º del C.P. y como partícipe necesaria la Dra. Villanueva y en la de asociación ilícita".

    Esta misma figura podría aplicarse a la actuación de Villanueva en otras empresas como Supercanal y Automóviles Saavedra, como veremos a continuación.


Iglesias

    Como demostráramos sobradamente en otras notas, José Antonio Iglesias es un abogado sumamente inescrupuloso (1), al punto de apelar a cualquier tipo de estrategia para conseguir clientes para su estudio jurídico. Por caso, si alguna persona damnificada en la causa Cromagnon se dirige a la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia, sita en Av. de Mayo 606, se encontrará con que, al momento de devolverle su DNI –entregado para corroborar la identidad del damnificado- le “depositan” una tarjeta personal del citado letrado dentro del documento (2).

    En el Curriculum Vitae de Iglesias puede leerse que trabajó en el poder judicial durante 18 años (3), lo cual es muy interesante ya que, luego de haberse retirado como secretario en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el abogado se relacionó con el Juez Dr. Martín Butti, una de las patas de la asociación ilícita a la que hacemos referencia.

   No es menor el dato de que Butti habría intercedido -por nota oficial al Consejo de la Magistratura- para que se prolongara el interinato de la jueza Villanueva en el juzgado Nº 20 a pesar de las graves denuncias en su contra.

    Como era de esperar, el Consejo hizo caso omiso y dio por terminado abruptamente el citado interinato.

   Este periodista consultó con algunas fuentes judiciales este tema y le aseguraron que “Butti es integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones por lo que necesariamente la trilogía Iglesias, Butti, Villanueva (para vaciar empresas), es una realidad”.


Villanueva

    El 27 de octubre de 2003 un cable de la agencia Infosic señalaba que la jueza Julia Villanueva había sido denunciada por haber ordenado la quiebra de una cadena de peluquerías, “pese a que supuestamente fue robado el documento que acreditaba la deuda contraída por la firma”. En la presentación, el denunciante acusó a la magistrada de "prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de autoridad" ante el juez federal Jorge Urso.

    Si bien Villanueva tiene no pocos antecedentes de ese tipo, el que se lleva todos los laureles es el referido a su actuación en el concurso preventivo de la Cooperativa El Hogar Obrero en el que condujo a la entidad a su virtual estado de liquidación en perjuicio de sus asociados (expediente nº 241/04 "Hogar Obrero CCE y Crédito Ltda."). En la misma designó dos interventores judiciales sin existir ningún mérito para ello, sin que existiera denuncia alguna que lo justificara y despojando de la administración a sus representantes naturales. Dicha intervención implicó el desplazamiento de sus autoridades naturales y con mandato vigente y su reemplazo por dos profesionales que lejos de tener un currículum, poseían un frondoso prontuario (uno es Iglesias), ya que los interventores se hallan imputados por la comisión de graves delitos, por lo que en modo alguno podían administrar fondos de terceros, designados de oficio por una administración judicial, cuando precisamente sus antecedentes los califican como expertos estafadores que se dedican al vaciamiento de empresas. Pareciera que justamente ese fue el motivo de su selección por parte de la Dra. Villanueva: vaciar el patrimonio de la asociación. Veamos:

-Interventor Nº 1: José Antonio Iglesias:

Causa Nº            Fecha              Imputación                            
32.843             07-11-95            Defraudación
109.779            26-11-98           Estafa
28.926             26-03-99            Defraudación Por Administración Fraudulenta
38.277             06-04-01            Estafa
27.551             12-05-04            Delito De Acción Pública


-Interventor Nº 2: Mario Jasatzky

Causa Nº            Fecha              Imputación                
36.740             25-06-04            Falsificación Documentos Públicos
41.415             15-07-04            Asociación Ilícita

   Como vemos, estos dos veedores lejos de poseer un Currículum que los acredite son poseedores de un verdadero prontuario, lo que podría sugerir que lejos de ser un hecho casual, su designación es un hecho premeditado en el entendimiento de que cada uno de ellos está cobrando la suma de 14.500 pesos, sin perjuicio de que la administración llevada a cabo no sería precisamente "transparente".

    De igual manera y para guardar relación acorde a la selección efectuada por la Jueza Villanueva cabria señalar la del controlador Juan Ulnik quien por nada hacer cobra la suma de $ 4500 lo que totaliza la suma de $ 33.500 mensuales, por una intervención abusiva y nunca solicitada por los asociados.


Modus operandi

    Comentábamos al principio del presente artículo que Villanueva está siendo investigada por la comisión de irregularidades en perjuicio de varias empresas, de la mano de “veedores amigos”. Uno de los casos más emblemáticos se puede observar en los autos: "Aurea Ases c/ Autopistas del Sol", donde la magistrada está acusada de denegar arbitrariamente pruebas sobre las obligaciones negociables de la actora por un valor superior a los 560 millones de dólares. La demandada fue propiedad de Francisco Macri y Sevel Argentina, automotriz que también resultara demandada por la querellante Automóviles Saavedra (Expte. nº 449/2004 "Silvia T. Cantón, Presidente de Assa).

    En el mismo sentido, tenemos el caso de Supercanal S.A. en el que Villanueva aparece señalada por la imposición irregular de un monopolio en favor de la empresa competidora Multicanal. Ello se concretó de similar manera que con el caso de El Hogar Obrero, con la intervención de dos abogados como veedores de SUPERCANAL, que trabajaron para Multicanal (del grupo Clarín, su competidor y accionista minoritario).

   Lo interesante de lo antedicho es que, en todos los casos donde se encuentra denunciada la jueza se pueden hallar tres denominadores comunes:

    1) La nombrada obró siempre como Jueza interina,

    2) En cada juicio hubo en juego sumas millonarias y

    3) Se dictaron sentencias contrarias a derecho.


Concluyendo

    Quienes conocen su trabajo, no dudan en calificar a la Dra. Villanueva como una experta vaciadora de empresas nacionales. Obviamente su trabajo no podría haberse llevado a cabo de no haber contado con la colaboración de veedores de la calidad moral de Iglesias.

    En el marco de lo dicho, no deja de llamar la atención que, si se piden antecedentes a la Oficina de Reincidencias cuando va a asumir un simple cadete en algunas reparticiones de la administración Pública, no se tome el mismo recaudo cuando un juez de la Nación es designado para administrar fondos de un tercero.

    Contradicciones de un país cuya decadencia no es nada casual... (Continuará)

Christian Sanz

(1) Este periodista tuvo la posibilidad de hablar con la ex esposa de Iglesias y otros conocidos del letrado y pudo verificar algunas de las oscuras conductas del abogado. Entre otras, el poco interés que este tenía por su hijo fallecido cuando estaba vivo, a quien sugestivamente suele invocar para intentar convencer a los familiares de la victimas de Cromagnon para que le confíen sus casos.

(2) La representación de familiares de víctimas de Cromagnon es un excelente negocio para Iglesias, ya que los honorarios que cobrará cuando termine la acción de la justicia ascienden a varios millones de pesos. Quien escribe estas líneas desafió a Iglesias a donar esos honorarios –el abogado aseguró trabajar desinteresadamente en la causa- pero nunca tuvo respuesta de su parte.

(3) Uno de los antecedentes más llamativos que se desprende del Currículum de Iglesias tiene que ver con su cargo de Gerente de Asuntos Legales de The Bank of New York, entidad acusada de lavar dinero y otros tantos negocios sucios. Otro indicio puede verse en la página de Internet de su estudio jurídico: tiene como consultor en derecho penal a Julio Virgolini, abogado del narcolavador Alfredo Yabrán y -oh! coincidencia- representante del grupo Callejeros, acusado también por la masacre de Cromagnon.


ANEXO

    Hay en la justicia una verdadera mafia enquistada desde hace años para realizar negocios jugosos en perjuicio de particulares que buscan justicia. La conducta de Villanueva no es novedosa ni única, de hecho está relacionada con otros miembros del poder judicial para poder actuar de la manera en que lo hace.

    Una de las fuentes consultadas por este periodista mostró gran sorpresa por el gesto del Dr. Norberto Borlenghi -denunciado en la causa ASSA por prevaricato y cohecho al igual que la Dra. Villanueva-, quien se promociona en su portal junto a la jueza denunciada "cuando la magistrada en el expediente denunciado lo habria beneficiado en cifras multimillonarias por nada menos que el 50% del monto de la demanda rechazada. Cuando participó con otros 39 profesionales y habiendo actuado simplemente como procurador. Por lo antedicho ya se habría transformado la trilogía en una cuatrología, por ahora".

    En esta denuncia se encontrarían envueltos otros personajes como el ex juez de la Nación Guillermo Tabanera quien habría abandonado la jurisdicción para dedicarse a la "defensa" de Fiat multinacional cuando decidió retirarse del mercado automotriz argentino. Esta situación se consolidó con el vaciamiento de empleados, proveedores, concesionarios y otros, dejando un tendal de contratos prendarios impagos descontados por las financieras del grupo Fiat (Corfin y Carfina) y consolidando su retiro con sucesivas y sugestivas fusiones, transformaciones, absorciones, contemporáneamente con la fuga de capitales propios y ajenos. Precisamente allá por 1977, cuando se instrumento el retiro, el ex juez se ocupo con sus vinculaciones de permeabilizar algunos funcionarios judiciales para que no vieran, omitieran, o simplemente fueran engañados en su buena fe. El desarrollo inequívoco y continuo de su actividad quedó manifestado en la declaración que prestara ante el Consejo de la Magistratura en ocasión de la investigación que se realizara por el tráfico de influencias judiciales en el fuero comercial.

    Prosigue mi fuente: "La citada multinacional habría sido nada menos aquella largamente beneficiada por el gobierno de la presidencia de Perón (sic). El retorno no precisamente triunfal del caudillo fue patrocinado por la Terminal automotriz desde el Giuseppe Verdi de Alitalia a su representante Luccino Belmont que, como agradecimiento, bancó la venta de maquinaria pesada obsoleta por la Terminal a la republica cubana, deuda que aun hoy permanece impaga y así seguirá 'forever' por 1.540 Millones de dólares. De alguna manera había que compensar el frustrado negocio de asegurar el monopolio de la industria automovilística de la Argentina por la Italiana, negocio original que no puedo ser concretado por el desenlace político posterior".

    Pero dicha ex terminal automotriz argentina perseveró en su actitud como miembro de la P2 (Propaganda Due, numero 357 de la nómina individualizada en la sede del venerable maestro Liccio Gelli de los integrantes de la asociación mafiosa), por lo que incursionó, entre otras actividades, en la edificación del "paraíso de la corrupción". Nos referimos a la empresa Impregillio, hoy que demanda al estado Argentino por una diferencia de mayores costos por 1000 millones de dólares. Sin embargo el gobierno argentino ha reconvenido por algunos centenares que le habrían sido pagados de más.