Casi no se habló de otro tema esta semana más que del fallo del juez Thomas Griesa que obliga a la Argentina a pagar U$S 1.330 millones a los tenedores de bonos que no entraron a los canjes propuestos por el Gobierno argentino.

A su vez, el kirchnerismo anticipó que no pagará y que apelará el próximo lunes la decisión del juez ya que confía en la justicia norteamericana. ¿Cuáles son los posibles escenarios que se abren al respecto?

La respuesta la aporta Consultora Analytica a través de un interesante informe donde se revela que, en caso que la Cámara de Apelaciones ratifique el fallo de Griesa, pone a las autoridades argentinas frente a dos soluciones costosas. Acatar la sentencia, convalidando de forma no voluntaria la victoria de los fondos buitre, o ratificar su decisión de no pagarle a los holdouts. Bajo esta última hipótesis el tan temido default técnico podría ocurrir, ya sea porque:

-La corte ordena deducir del pago del 15 de diciembre los US$ 1.330 M, afectando el cobro de los bonistas que sí entraron al canje.

-Los intermediarios financieros en los Estados Unidos rechazan el pago argentino o lo aceptan pero no completan la transacción para que los fondos lleguen a los bonistas que entraron al canje.

-O porque la Argentina busca pagar a los bonistas que aceptaron la reestructuración fuera de los EE.UU.

“También pueden surgir soluciones intermedias, en las que se extiendan los plazos y se posponga la aplicación efectiva de los fallos. En este caso la Argentina podría pagar sin problemas los próximos vencimientos, hasta que se resuelva la cuestión de fondo ligada a la compensación por la violación de la cláusula de tratamiento igualitario”, según Analytica.

La definición más favorable sería que el fallo obligue a la Argentina a pagarle a los fondos buitre de la misma forma que a los acreedores que entraron en al canje (92% del total). Se trataría de una victoria para el gobierno argentino y permitiría cerrar definitivamente el costoso capítulo del default, que ya lleva más de una década.

“Esta resolución sería la más lógica (aunque no sabemos si la más probable) pues iría en línea con la tendencia más reciente en materia de reestructuraciones de deuda soberana. Precisamente se buscan evitar conductas especulativas (free riding) mediante la aplicación de cláusulas de acción colectiva por las que cuando una mayoría acepta una propuesta de reestructuración ésta solución se extiende compulsivamente al 100% de los acreedores”, insiste el documento.

Más adelante, el informe arriesga otro posible impacto a evaluar, que sería el que se genera sobre los grandes tenedores de bonos argentinos, como los bancos. Las entidades financieras mantienen 37% de sus activos en títulos públicos, cuyo valor depende directa o indirectamente del spread de riesgo crediticio nacional.

“Si bien descontamos que los títulos de deuda bajo legislación argentina se pagarán en tiempo y forma, ante un desplome en las cotizaciones el patrimonio de las entidades se verá afectado. Esto podría traducirse en menos crédito doméstico”, finaliza Analytica.

Equipo de Economía de TDP