La Corte Suprema fue nuevamente noticia por ponerle límites al Gobierno al rechazar el per saltum en el caso Clarín. Recientemente, había ordenado al PAMI dar a conocer los datos de publicidad solicitados por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Otras acciones independientes históricas han sido el 82% móvil, la libertad sindical, el caso Patti o la restitución del ex procurador de Santa Cruz. En medio de instituciones políticas desprestigiadas y cuestionadas, el máximo tribunal brilla por su credibilidad.

Por la formación y trayectoria de sus miembros y su independencia del Gobierno que la conformó, la Corte Suprema de nuestro país alza su voz con gran autoridad técnica y moral cada vez que resuelve. Nos ha legado a los argentinos una serie de piezas jurídicas magistrales (lesa humanidad, derechos humanos, seguridad jurídica, acceso a la información pública, división de poderes), así como un ejemplo de mesura y prudencia que la dota de un aire de objetividad y grandeza.

 Una Corte Suprema está llamada a trabajar silenciosamente e intervenir lo justo y necesario para sostener la legalidad, sin dejarse llevar por el torrente de los procesos políticos coyunturales. Eso es lo que nuestro máximo tribunal ha estado haciendo y lo que exalta tanto los ánimos del gobierno. No tiene un solo argumento para atacarla, ningún exceso para endilgarle.

 La historia de la conformación de la actual Corte Suprema explica nada menos que el secreto de la institucionalidad que tanto necesitamos. Luego de la década de los 90 y la fatal crisis de 2001, el sistema político en su conjunto fue duramente cuestionado por la ciudadanía. La Corte de aquel entonces fue una de las principales recipiendarias de dicho descontento, caracterizada como “adicta” y señalada como una de las grandes responsables de los abusos y la corrupción que desembocaron en un infernal y lamentable estallido social.

 Néstor Kirchner accedió al poder de la mano de Duhalde, presidente saliente, con apenas un 22% de los votos, sin poder rematar a Menem en segunda vuelta y con muy escaso control institucional. Debía construir una legitimidad que un sistema fuertemente debilitado no le había podido suministrar ni siquiera en términos formales. Por eso transformaría posteriormente la elección legislativa de 2005 en un plebiscito de su gestión.

 Su proyecto de poder hegemónico estaba encaminado desde el principio, y quedaba patente tanto en el proceso de construcción de poder ejecutado en Santa Cruz como en el nombre de su coalición “Frente para la Victoria”. Pero durante los dos primeros años estaba obligado a ganarse la confianza del pueblo, a mostrar una clara ruptura con el pasado menemista que los aquejaba a él y a su partido y a no generar rispideces o temores que pudieran poner en jaque su frágil e incipiente poder nacional.

 Fue así cómo Kirchner ensayó por primera vez en el plano nacional una estrategia que caracterizaría a su administración y la de su esposa: ante la debilidad, tomar una causa ciudadana con alto consenso social, adaptarla a sus objetivos políticos, usarla y capitalizarla. Esto mismo se daría con la ley de medios y la reforma política luego de la derrota de 2009.

En este caso, sin embargo, se dio la particularidad de que no contaba con control del Congreso y que, además, la Constitución le exigía sabiamente una mayoría de dos tercios de los miembros presentes del Senado para aprobar las designaciones. La “adaptación” no fue posible y la renovación fue verdadera e integral. No fue una renovación de maquillaje, como quedó demostrado que les hubiera gustado a los Kirchner en su reacción posterior frente a la creciente independencia de la Justicia.

 El entonces presidente Néstor Kirchner expidió un decreto por el cual se auto-imponía un plazo de exposición pública y debate de sus candidatos para integrar el máximo magisterio. Más allá de lo acertado de la medida, sin dudas no se compara en cuanto a su injerencia en el resultado final con la mayoría calificada exigida por la Carta Magna ni con la conciencia y presión social acerca de la necesidad de una renovación real del sistema político, lograda por la crisis de 2001 pero también por mucho trabajo de dirigentes políticos y sociales que se plantaron frente al menemismo (actitud en las antípodas de la de los Kirchner).

 Cuatro personajes de renombre del mundo jurídico (Zaffaroni, Highton de Nolasco, Argibay y Lorenzetti) ingresaron al Tribunal para sumarse a quienes venían desempeñándose desde los inicios de la nueva etapa democrática, dándole independencia, prestigio y pluralidad al órgano. Una vez destituidos o llevados a renunciar por juicio político los magistrados menemistas, la cabeza del poder judicial quedó con siete miembros de nueve, consolidándose la renovación en 2006 con una ley muy reclamada por la oposición y por el tercer sector que redujo a 5 nuevamente la cantidad de jueces supremos, permaneciendo con siete hasta que se llegue a ese número.

 En contra de lo que enseña la doctrina populista, la fortaleza de las instituciones no se mide por la acumulación de poder sino por su credibilidad. La división de poderes no es sinónimo de debilidad, sino de equilibrio, control y consenso, que es sabiduría. Fue gracias a ello que durante los primeros dos años de gobierno el kirchnerismo pudo construir legitimidad y un lazo de confianza con la ciudadanía que ha empezado a romperse a la par del endurecimiento de los resortes autoritarios de nuestro caduco y obsoleto sistema político.

Si Cristina Kirchner se percatara de esto, le agradecería a la Corte la oxigenación permanente de nuestra democracia en vez de apuntarla como a un enemigo. Si tomara conciencia de la importancia de contar con instituciones creíbles y eficientes para alcanzar el desarrollo sostenido, enfocaría su gobierno en un sentido diametralmente opuesto al actual.

Claro que lo último implicaría sincerar el INDEC, devolverle al Congreso sus facultades, dejar de abusar de los DNU, cortar con las presiones e injerencias en la Justicia, acatar los fallos que le son adversos, restaurar los organismos de control, transparentar la gestión de recursos, implementar un sistema de acceso a la información pública, democratizar su partido, competir contra estructuras clientelares contrarias a la institucionalidad, abandonar el fanatismo y, fundamentalmente, renunciar a la idea y tentación de la perpetuidad en el poder.

Rafael Micheletti
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