Reuniones urgentes de los ministros del gobernador chaqueño, una entrevista que provocó un cimbronazo político y un testigo ocular que demuestra que la narcopolítica no solo es un término de moda. El escándalo recién comienza.

Todo comenzó en Skanska

El 4 de agosto del 2010, Adrián López, apoderado de la firma Infiniti, acusó al gobierno nacional de estar detrás de las maniobras por supuestos sobreprecios en el caso Skanska.

Sus abogados defensores eran Carlos Alberto Salvatore y Luis Sasso, del estudio jurídico Salvatore. En sus denuncias, Adrián López implicó al exjefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman; a Néstor Ulloa, extitular del Fideicomiso Banco Nación y hasta a la productora Ideas del Sur del conductor televisivo Marcelo Tinelli.

López reconoció que se había reunido con funcionarios públicos para ocuparse de relacionar gente y hacer lobby. La causa Skanska había nacido en el 2005, cuando la AFIP había hallado facturas apócrifas por 2 millones y medio de pesos por publicidad de OCA a favor de la productora de Tinelli. El juez Javier López Biscayart llegó a recolectar las pruebas del pago de coimas que los propios empresarios suecos reconocieron como reales, y le costó su cargo a Flavio Madaro, al frente de Energas y al citado Ulloa.

Los titulares ficticios —prestanombres— de Infiniti eran Adolfo Belloni, un jubilado que recibía 300 pesos mensuales para aparecer con un cargo que no ejercía, y Luis Di Biase, un carpintero indigente.

López era la tercera pata de un negocio tan similar a los que encontró la Justicia en causas emblemáticas de corrupción de los últimos años, como en Sueños Compartidos o en la exCiccone. Según la confesión del propio implicado, la estafa de Skanska habría llegado a los 1.500 millones de pesos. La empresa sueca reconoció la evasión fiscal y pagó 13 millones de pesos al estado argentino. Infiniti no era la única empresa fantasma implicada, sino que existían otras 23 firmas similares.

Para defender al gobierno nacional, el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, acusó en el Congreso a Telerman de utilizar facturas apócrifas para entregar pauta publicitaria. De López no se supo mucho más, pero su abogado cobró notoriedad mediática cuando fue detenido en los primeros días de diciembre del 2012 en la ciudad de Rosario, señalado como uno de los principales cabecillas de la banda que traficaba cocaína desde Quitilipi a España y Portugal. La llamada causa “Carbón Blanco” la investiga la jueza federal de Saenz Peña, Chaco, Zunilda Niremperger, quien había ordenado la captura del abogado.

Los traficantes metían las sustancias en bolsas de carbón vegetal y eran, supuestamente, financiados por el abogado Salvatore. El hombre fuerte del Grupo Salvatore fue apresado en el subsuelo de un importante supermercado rosarino cuando salía de hacer las compras y estaba por subirse a su auto Volvo, patente FFF-915. En el operativo habían participado el personal de Seguridad Aeroportuaria y de Drogas Peligrosas del Chaco.

Extraña advertencia

En su página oficial de Facebook, el Grupo Salvatore subió el 4 de agosto del 2010 una entrevista a su propio dueño, en el que denunciaba una supuesta extorsión por parte de un Secretario del Juzgado Federal de Ferreiro Pella, que incluía espionaje y trabajos de inteligencia por parte de la Gendarmería Nacional. Según el implicado, le habrían dicho en las fuerzas de seguridad que quedaría detenido por una causa armada por lavado de dinero si no colaboraba económicamente con sus extorsionadores.

En la imperdible entrevista, el abogado y empresario menciona a un Contador que oficiaba como nexo entre la Justicia y las fuerzas de Seguridad, de apellido García López, quien cumplía tareas para el Director Nacional Electoral, Julio Tullio. Salvatore les pedía tener la certeza de que ellos tenían acceso real a ese expediente, armado o no, pero que terminó siendo real.

Por esos supuestos pedidos de dádivas, los policías implicados fueron condenados y el gendarme, exonerado. Salvatore cayó preso dos años después.

El exabogado de Carlos Grosso estaba al frente del Grupo Salvatore, que incluía las firmas CS Entertainment (participó de la realización del film de animación “Plumíferos” junto con Telefe Cine y la productora del multipremiado director de cine, Juan José Campanella), ImpoMundo Store (importación y comercialización de artículos electrónicos) y NS Edificios, entre otros, por el que proveían de materiales a distintos planes de construcción de viviendas y obras públicas en el interior del país, por ejemplo, a la provincia del Chaco. Su supuesto socio era el dirigente de fútbol y expresidente del club Real Arroyo Seco, Patricio Daniel Gorosito, como informó Tribuna de Periodistas la semana pasada, que logró salir del país antes de que el caso estallara.

Vamos de paseo… en un Volvo nuevo

Diario Norte del Chaco señaló recientemente que el auto de alta gama, marca Volvo, patente FFF 915, propiedad de Salvatore y secuestrado por la jefatura de Drogas Peligrosas, habría sido utilizada por su titular, el comisario mayor Edgardo de la Cruz, para movilizarse sin la autorización judicial correspondiente. Pero no solo el comisario se habría subido al lujoso automóvil.

Hace tres días sonó el teléfono de la casa de quien escribe estas líneas. El reloj marcaba la medianoche y la información que escucharía en la breve charla de seis minutos dejaría impávido a este periodista como el Príncipe del cuento infantil ante la ida de Cenicienta. Como en el clásico cuento, los protagonistas sufrirían una transformación al marcar el reloj el fin de un agitado día.

Miguel Chamorro, un militante social al frente del Foro Popular contra el Narcotráfico, había visto bajar del Volvo Gris al ministro chaqueño Juan Manuel Pedrini en la localidad de General Capdevila, una población ubicada entre la ciudad de Gancedo y Pinedo, provincia del Chaco. El auto del titular de la empresa “Our Business is your Business” que había secuestrado días atrás en Rosario por orden del juzgado de Saenz Peña, habría deambulado alegremente en tierras del gobernador Capitanich con uno de sus ministros como ocupante.

Chamorro asentó la denuncia en la Dirección General del Órgano de Control Institucional, y en las próximas horas rectificará sus dichos ante la propia jueza Niremperger, quien investiga la causa denominada “Asado Blanco”, por la cual se encuentran detenidos en Portugal los señores Leonardo Prodan, Rolando Di Renzo, Matias Franchetti, Miguel Moreno y Walter Gonzalez Camaño. En la denuncia, Chamorro indicó que no solo él lo vio a Pedrini, sino que refuerzan sus dichos los testimonios de Federico Palacio, un dirigente social local, y la señora Norma Murgana, propietaria de la moto con la que viajaron a la localidad en búsqueda de una cocina de estiramiento de Pasta Base que funciona allí. Con el Volvo gris, otros funcionarios menores y personal de Gendarmería, posaban alegremente para las fotos.

Pero el escándalo no concluye allí. Anoche, la plana mayor de ministros del gobernador Capitanich se encontraba reunida, preocupada por la trascendencia nacional e internacional de un escándalo de grandes proporciones. “Esto llegará lejos”, avizora Chamorro mientras le aporta a este columnista un dato singular: “Salvatore era proveedor de elementos utilizados en la construcción, incluso para una empresa vinculada con los Schoklender: Construcciones Calificadas”. La empresa, semifantasmal, según el propio Boletín Oficial perteneció al exfuncionario porteño, Enrique Rodríguez, hasta mediados del 2009, cuando vendió sus acciones a Manuel Camet, un exempleado suyo que era compañero de fiestas sociales que incluían al menor de los Schoklender.

Salvatore habría entregado aires acondicionados y viajes a Aruba en distintos juzgados y en la policía local. Mientras era entrevistado por primera vez, luego de tres meses de silencio en una provincia que es fundamental para comprender el escándalo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la sombra de la narcopolítica volvía a aparecer.

“La narcopolítica no se soporta más”, agregó Chamorro quien explicó que, mientras estos hechos ocurren, un joven de nombre “Cristian” es asesinado mientras miraba un partido de futbol en un ajuste de cuentas entre bandas de traficantes. Dos años atrás, otra camioneta fue encontrada con cocaína en su interior. La conducía el hijo del diputado provincial oficialista Egidio García, quien, ante la requisitoria periodística, tiró la pelota “al cuarto piso de la gobernación”, donde tenía sus oficinas el exsubsecretario de Culto, José Mongelo, actual diputado nacional que dependía del ministro Pedrini.

El 1 de febrero del 2013, quien escribe estas líneas declaró como testigo en la causa que investiga a los hermanos Schoklender y a la hija de Hebe de Bonafini, entre tantos otros, y aún está fresco el recuerdo del rostro del juez Federal Norberto Oyarbide, preguntándome si podía ampliar mi declaración en relación con los proveedores que tenía la Fundación en el Chaco.

El dato de Chamorro sobre Salvatore dejó a este cronista boquiabierto, como el príncipe del cuento de Cenicienta.

Luis Gasulla
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