La ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional denunció este miércoles a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal).

En el texto de la denuncia se acusa a la primera mandataria de no haber designado a las autoridades del Consejo Consultivo Honorario de Medios Públicos, conforme lo establece el artículo 124 de la ley 26.522 (Ley de medios de Comunicación Audiovisuales), que rige desde octubre de 2009, y que desde entonces el Ejecutivo no ha cubierto dichos cargos.

Al parecer, preocupados por los artículos de desinversión que afectan al Grupo Clarín, el Gobierno se olvidó o hizo caso omiso a la designación de esas autoridades

“Al no designarse al Consejo Consultivo no es posible ejercer el denominado control social del cumplimiento de los objetivos de la Ley de medios por parte de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado; norma que integra una ley que fue  impulsada y sancionada por el propio oficialismo, y que no forma parte de los artículos judicialmente cuestionados de la ley”, consideró el letrado de la ONG, José Magioncalda.

Según el AFSCA, dicho Consejo Consultivo debería estar integrado por dos personas a propuesta de las Facultades y carreras de Comunicación Social o Audiovisual o Periodismo de universidades nacionales; tres a propuesta de los sindicatos con personería gremial del sector con mayor cantidad de afiliados desempeñándose en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado al momento de la designación; dos por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o representativas de públicos o audiencias; seis a propuesta de los gobiernos jurisdiccionales de las regiones geográficas del NOA; NEA; Cuyo; Centro; Patagonia; Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; uno a propuesta del Consejo Federal de Educación; dos a propuesta del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia que representen a entidades u organizaciones de productores de contenidos de televisión educativa, infantil o documental; y uno a propuesta de los Pueblos Originarios; todos con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de la ley. Sin embargo, según la ONG, después de tres años de aplicación de la ley de medios, estas autoridades aún no han sido designadas por el Ejecutivo.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide.

María Luisa Torres