La inercia político-electoral se vio en los últimos días trastocada por el dolor y la bronca de los deudos de Once y de la AMIA, dos de las máximas tragedias nacionales que por distintas razones ganaron la agenda junto con las tensiones salariales.

El Gobierno ya había tomado nota de que el primer aniversario del choque del tren de la Línea Sarmiento sería un tramo amargo del calendario, tal como quedó expresado en los homenajes a las víctimas realizados en la estación ferroviaria y la Plaza de Mayo.

A su manera, la administración nacional asumió en este año la indelegable responsabilidad política por el accidente: Florencio Randazzo tomó la conducción de un nuevo Ministerio de Transporte y Juan Pablo Schiavi dejó de ser el secretario del área.

Sin haberle encontrado la vuelta a la mejora del servicio en los años previos, el Gobierno busca ahora revitalizar esos ramales metropolitanos mientras la Justicia investiga cuánto incidió la corrupción y la negligencia en la tragedia.

Pocas horas antes del acto en la estación Once, el Senado aprobó un polémico memorándum de entendimiento con Irán para el interrogatorio de los acusados por el atentado a la AMIA, un debate que también hizo supurar broncas acumuladas en 19 años.

El acuerdo se encamina a ser sancionado en la Cámara de Diputados, pero más allá de la victoria legislativa, no está claro cuál es el rédito para el Gobierno.

Salvo que la jugada realmente permita avances o encierre dividendos a mediano plazo, la Casa Rosada tensó su relación con la dirigencia de la comunidad judía en un tema de extrema sensibilidad y en materia de política exterior toma más distancia de jugadores internacionales de peso como Estados Unidos e Israel.

Tensión salarial

El inicio del ciclo lectivo puso nuevamente en la marquesina la puja salarial y, como correlato, la pulseada política entre la Nación y la provincia de Buenos Aires.

Docentes nacionales lanzaron un paro en rechazo de la oferta de 22% de aumento salarial para todo el año fijada por la Nación, mientras que las clases tampoco comenzarán en otras provincias como en Buenos Aires.

Tal como se preveía el conflicto allí volvió a exponer a la relación Cristina-Scioli. En los últimos días el jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, llamó varias veces al ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino, para destrabar otra asistencia financiera.

En la última conversación, Lorenzino le prometió una reunión antes del martes. El gesto alentó el optimismo con el que los funcionarios bonaerenses recibieron a estatales y docentes para pedirles plazo hasta el 15 de marzo a fin de acercarles una oferta de incremento salarial que no superará el 22%.

El plazo no parece antojadizo: el miércoles el titular del Palacio de Hacienda estará pendiente de la audiencia decisiva que se desarrollará en la Corte de Apelaciones de Nueva York por el juicio que iniciaron "holdouts" de la deuda.

Para Cristina Kirchner y para el propio Lorenzino, un hombre de de Buenos Aires, el desbande allí no es sencillo: una provincia desbordada por la conflictividad quizá termine afectando a la popularidad de Scioli, pero también podría ser un bumerán en el principal distrito electoral del país.

La pulseada se da en medio del ajedrez electoral bonaerense, en el que por un lado el kirchnerismo prepara una nueva demostración de fuerza con intendentes para el 9 de marzo en La Matanza y por el otro Scioli y Sergio Massa mantienen sus estrategias por separado, pese a que volvieron a aparecer juntos.

En ese contexto, el kirchnerismo suma nombres a un incipiente clamor por la reforma constitucional que habilite un tercer mandato de la Presidenta, pero al mismo tiempo incuba recelos entre intendentes del conurbano y La Cámpora.

Doctorado en estas lides, Scioli ratificó su alineamiento con Cristina durante un acto en La Plata y por lo bajo sus funcionarios admiten la posibilidad de que resignen en parte sus pretensiones en las listas bonaerenses con tal de que la ayuda nacional permita cubrir las necesidades económicas.

Entramado opositor

La oposición está muy atenta a los movimientos del peronismo kirchnerista para ver si finalmente la oferta electoral del oficialismo se mantiene unificada o se desdobla. Dentro de ese escenario, Mauricio Macri y Francisco de Narváez vuelven a hablar de reconstruir la alianza electoral de 2009 para que el tándem los vuelva competitivos. Las encuestas del PRO señalaron que Gustavo Posse, intendente de San Isidro, no es el apropiado para encabezar una lista de candidatos.

Macri promueve acuerdos con otras fuerzas o extrapartidarios en todos los distritos como Juan Carlos Romero en Salta, Alfredo De Angeli en Entre Ríos y el exárbitro de fútbol Héctor Baldassi en Córdoba, además de Miguel del Sel en Santa Fe.

El revuelo para el jefe de Gobierno está en casa, por el tanteo con Roberto Lavagna para la Ciudad. El exministro quiere imponer condiciones: encabezar la lista de candidatos a senadores; el armado de un frente pro-peronista que incluya hasta moyanistas; y se niega a decir "Macri presidente".

En ese marco, Gabriela Michetti se mueve para evitar la imposición de Lavagna sobre su nombre en la boleta, pero hay un bloque ministerial que impulsa el acuerdo: el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, corrido de la pulseada; el secretario general, Marcos Peña y el ministro de Gobierno, Emilio Monzó.

Para todos ellos, Lavagna encaja perfecto en el plan nacional de campaña por el "No a una reforma constitucional".