Finalmente, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal resolvió este miércoles que debe actuar el juez Sebastián Casanello en la causa por presunto lavado de dinero, que acumula las denuncias presentadas a partir del programa de televisión Periodismo Para Todos del pasado domingo, que conduce Jorge Lanata.

Según indicó CIJ, fue en una contienda de competencia entre el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Casanello, y el Juzgado Federal N° 6, cuyo titular es el juez Rodolfo Canicoba Corral, recientemente recusado por falta de imparcialidad.

Según la resolución firmada por el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, “en atención al incipiente estado de los expedientes ahora acumulados, la única pauta para decidir la controversia es la fecha impuesta en el cargo. Por tal razón y vistas las constancias obrantes… de este legajo, deberá ser el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7, el que prosiga el trámite de estos actuados”.

Casanello conoce la causa desde que la diputada Elisa Carrió, ampliara este lunes una denuncia judicial contra Báez y funcionarios del Gobierno nacional por presunta "asociación ilícita", luego de las declaraciones del Fariña, en las que habló de operaciones de "lavado" de dinero y donde vinculó al hombre de negocios con Néstor Kirchner.

El magistrado tiene 38 años y fue designado por Cristina Kirchner. Asumió en el Juzgado 7 en octubre pasado. Antes había sido secretario de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

Para saber qué pasa por su cabeza, hay que estar al tanto de que es el único de los 12 jueces federales de la Capital que la semana pasada asistió al acto en el que la Presidenta presentó los proyectos de ley para "democratizar la Justicia".

Conocido como el “niño mimado” de la Cámara Federal, Casanello tuvo como mentor al siempre sospechado Eduardo “Chiche” Freiler, un camarista considerado “afín” al Gobierno.

Tiene a su cargo el caso de enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime y el de espionaje realizado por la Gendarmería sobre organizaciones y dirigentes sociales.

¿Avanzará el expediente en sus manos?

María Luisa Torres