Luego de que el domingo Jorge Lanata difundiera el informe que involucra al empresario K Lázaro Báez en el delito de lavado de dinero, varias denuncias se presentaron en la Justicia en relación a esa investigación; sin embargo, a tres días de haberse publicado dicho informe, todavía ningún juez mandó a allanar el centro de operaciones desde donde se resuelven las licitaciones y los grandes “negocios” del kirchnerismo, “La Rosadita”.

En diciembre de 2011, Tribuna de Periodistas dio comienzo a esta trama que continuado en una saga verdaderamente escandalosa. Allí, Jorge Boimvaser, contaba oportunamente: “Los encuentros en la Argentina para ultimar los detalles del reparto de tierras uruguayas, se realizaron en el séptimo piso del Madero Center, el edificio top donde no solo la presidenta Cristina Fernández, sino otros empresarios K han montado sus fastuosas oficinas. Ese séptimo piso donde se resuelven las licitaciones y los grandes lineamientos de la economía, ya se denomina ‘La Rosadita’.”

Ese espacio, ubicado en Juana Manso 555, funcionaba hasta la denuncia de Jorge Lanata como uno de los lugares más seguros para cambiar dólares, ya que se estacionaba directamente en el garage del edificio, de modo de poder cargar los bolsos con los billetes sin ningún tipo de temor de una eventual salidera. Sus vecinos son Amado Boudou y la propia Cristina Fernández, entre otros.

El domingo pasado, Leonardo Fariña le dijo a Jorge Lanata en una de las cámaras ocultas, que en el kirchnerismo se conoce al Madero Center como “La Rosadita”, porque todos los funcionarios caen allí, y que Julio De Vido, inclusive, acuerda las licitaciones de obras pública en ese edificio. Por su parte, Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI que operaba en “La Rosadita”, ratificó la existencia de ese lugar y contó que ahí hacían la escala técnica de la plata sucia que venía del Sur: “De allí era despachada a Suiza vía Montevideo dividida en cuentas de u$s 1,5 millón para evitar sospechas y con la pantalla de empresas en paraísos fiscales”.

Según detalla hoy El Cronista, como muchas empresas manejan una parte de su facturación en negro, no pueden pasar esos valores por el clearing bancario, ya que podrían tener problemas con la AFIP. Entonces cambian en las cuevas cheques al día, con una comisión que es del 2,5%.

“Era una cueva como cualquiera de la City porteña, pero con la ventaja de que era en Puerto Madero”, cuenta uno de los habitúes, que iba ahí a cambiar pesos por dólares, al diario porteño. Eso sí: para ser atendido, había que ser recomendado por algún cliente. Y había que llamar desde el celular de uno, de modo que pudieran ver quién era el interlocutor del otro lado. Caso contrario, nunca atendían.

Otro de los rubros que manejaban en La Rosadita era el descuento de cheques, que en las entidades financieras puede ascender a un costo financiero total del 32%, pero en “La Rosadita” era del 52% anual.

La cueva VIP de Juana Manso se especializaba en el “dólar cable”, como se conoce en la jerga a la transferencia de dólares al exterior de manera ilegal, por la que cobraban una comisión del 4%. Por el contrario, si alguien necesitaba traer divisas desde el extranjero hacia el país, entonces pagaba un 1% del monto total de la operación.

En noviembre pasado, la comisión que cobraba este tipo de cuevas para fugar dólares había llegado a un récord del 7%, pero ahora al no haber operaciones tuvieron que bajar sus pretensiones. Para mandar a Uruguay, que es el destino más accesible, cobraban apenas el 3%, mientras que para los demás países la cifra trepaba al 3,5%, la más baja desde que empezó el cepo cambiario, en octubre de 2011. Eso sí, en todos los casos, estos porcentajes son para operaciones de montos altos, a partir de u$s 100.000, como solían manejar en “La Rosadita”. Como contrapartida, pagaban 1% por los giros del exterior a la Argentina.

A 72 horas de haber señalado esta cueva de manejo ilegal de dinero, ningún juez se ha dispuesto a allanarla, y es muy probable que cualquier prueba fehaciente de algún tipo de ilícito ya esté totalmente desaparecida.

Con un rápido perfil de los jueces que por estas horas tienen en su poder las denuncias al respecto, no es extraño que ninguna medida haya sido ordenada para con “La Rosadita”.

La denuncia más importante es la que llevó adelante Elisa Carrió, la cual recayó en el juez Sebastián Casanello, el único de los 12 jueces federales de la Capital que la semana pasada asistió al acto en el que la Presidenta presentó los proyectos de ley para "democratizar la Justicia".

Casanello es conocido como el “niño mimado” de la Cámara Federal, y tuvo como mentor al siempre sospechado Eduardo “Chiche” Freiler, un camarista considerado “afín” al Gobierno.

Otro de los jueces que podría quedarse con la investigación es Rodolfo Canicoba Corral, quien aclaró recientemente que la doctrina jurídica "más amplia" establece que las cámaras ocultas "no serían válidas" como pruebas para un juicio por presunto lavado de dinero.

Diego Golberg
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