Dentro de las nuevas medidas económicas con objeto de “reactivar la inversión en dólares”, buscan rescatar del circuito ilegal los capitales que pueden tener procedencia indistinta: narcotráfico, robos, lavado de activos, trata de personas etc. Es una condonación de ilícitos, una moratoria a la delincuencia. Un acto desesperado de un gobierno que quiere salvarse de culpas inocultables.

El gobierno a pleno, conformado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el vice, Axel Kicillof; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, anunciaron el lanzamiento de bonos “para atraer dólares que están fuera del sistema”, es decir, en idioma llano: plata ilegal.

Esto le permite a cualquiera que tenga dólares de dudoso origen comprar autos, casas, tierras etc. sin ningún tipo de explicación sobre de dónde provienen los fondos. Esto puede ser desde actividades lícitas hasta de ilícitas, como droga, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, robo o el lavado de activos.

Lorenzino, el hombre que se quiso ir pero no pudo, dijo al respecto que se propone un “nuevo sistema para el desarrollo de sectores estratégicos, poniendo una vez más la mira en el crecimiento y la creación de empleo. Estamos implementando en esta ocasión dos nuevos instrumentos financieros: un bono con impacto directo en el sector energético, en el marco de la nueva ley del Mercado de Capitales, y un certificado movilizador del mercado inmobiliario y de la construcción, en el marco de la nueva Carta Orgánica del Banco Central”.

“Estamos mandando hoy mismo al Congreso un proyecto de ley que contiene como elementos centrales la creación de estos dos nuevos instrumentos financieros: el bono argentino de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de inversiones para el sector inmobiliario y de la construcción”.

La medida es igual a la tomada por Carlos Menem cuando el dueño del Hyatt se afincó en la Argentina y desde el Gobierno dijeron que “no les interesaba preguntar por el origen del dinero”.

“Apuntamos a quienes tengan ahorros en dólares que los puedan usar para invertir”, explicó el titular del Palacio de Hacienda. “Los que tengan en el colchón, en un paraíso fiscal”, enumeró. “Son recursos ociosos”, dijo Lorenzino muy suelto de cuerpo.

Luego, Echegaray aclaró que no podrá acogerse a estos beneficios quien esté imputado de delitos y, particularmente, cuando le preguntaron sobre Lázaro Baéz, dijo que “Báez tampoco”, pero se olvidó aclarar que el empresario K no aparece personalmente en las empresas que son de su propiedad, que contratan y compran en su nombre.

Esta medida, indudablemente, es tomada por el Gobierno para tratar de detener lo que está claro no logra: desactivar la inercia de las investigaciones por lavado de dinero y la complicidad directa de personajes que constituyen el Poder Ejecutivo, muchos de los cuales tienen millones de dólares en paraísos fiscales.

El dinero que por cientos de kilos se amontonan en bóvedas y cajas fuertes, podrá reingresar a la atmósfera del circuito financiero como blancas palomitas. Un lavado hecho a la medida por un sastre con poder.

Con la excusa de “mover los fondos ociosos”, el Gobierno intenta hacer un gran negocio, en lo que para las fuentes consultadas sería la última gran jugada para salvar los activos que tienen afuera y a los que solo adherirán quienes necesitan lavar dinero.

La contradicción de la Presidenta es total: defendió la “pesificación”, traba la compra de dólares en blanco a personas comunes que intentan trabajar y salir del país, la AFIP persigue a los ciudadanos que andan con 100 dólares en el bolsillo y la misma Presidenta habilita a los delincuentes a licuar sus activos mal habidos por millones de dólares con una invitación universal a convalidar la impunidad y poner a la Argentina, entre los países menos confiables y el tope de los paraísos fiscales del mundo.

Rubén Lasagno