En un voluminoso fallo de 1.503 carillas, el juez Norberto Oyarbide decidió ayer pedir la prisión de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender. La noticia sacudió la modorra vespertina de los medios y la información corrió como reguero de pólvora con velocidad inusual por los principales portales periodísticos.

Sin embargo, pocos se percataron de que, en el mismo documento judicial, el polémico magistrado decretó la falta de mérito de Fernando Caparrós Gómez y su socio Jorge Fidalgo.

A primera vista, se trata de nombres que no dicen gran cosa. No obstante, ambos son relevantes personajes vinculados a la coyuntura judicial y sus nombres abundan al hurgar en expedientes judiciales que denuncian conocidos escándalos vernáculos.

Lo primero que debe decirse es que Caparrós Gómez y Fidalgo son dueños de la firma Valores Negociables y se vinculan a su vez a Créditos Sur, financiera que cambió cheques en el caso de la mafia de los remedios y que aparece mencionada en el expediente que investiga el supuesto blanqueo de capitales en la campaña del Frente para la Victoria que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia en 2007.

“Sergio Schoklender operaba con la financiera Créditos Sur perteneciente a Juan Manuel Manzorro y Jorge Fidalgo. Se trata de la misma empresa que aparece relacionada a la trama de los remedios ‘truchos’, a través de la compra de documentos a cuestionadas droguerías, una de las cuales pertenecía a Sebastián Forza, asesinado a balazos en agosto de 2008 en el marco de triple crimen de General Rodríguez. Hay que recordar que por ese hecho hoy se encuentra detenido Martín Lanatta, otrora mano derecha del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández”, publicó Tribuna de Periodistas en mayo de 2011.

Caparrós y otro de sus socios, Daniel Laurenti, son piezas clave en el rompecabezas del caso Schoklender porque son los que le vendieron al ex apoderado de las Madres la empresa Meldorek con dos aviones y escindieron una parte de la compañía para formar Gorlac, otra sociedad donde quedaron parte de los bienes del poderoso financista.

En Uruguay, Caparrós también ha sido investigado, aunque en ese caso por un “reporte de operación sospechosa” del contador que constituyó la firma Tivenwest, al que luego se sumó una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) de ese país.

En fin, es difícil que Oyarbide pueda explicar con precisión cómo y por qué decidió dar falta de mérito a Caparrós Gómez y su socio Fidalgo. Sobre todo, luego de que el fiscal Jorge Di Lello lo conminara a citar a ambos a indagatoria en el año 2011.

¿Hubo acaso algún tipo de presión política para zafar a los siempre sospechosos financistas del kirchnerismo? ¿Amenazaron estos con contar cuestiones incómodas referidas al poder de turno?

Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que ya mismo deberían despertar el legítimo interés, no solo de los referentes opositores, sino también de la ciudadanía toda.

Christian Sanz
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