Mientras estas líneas se escriben, policías de varias dependencias de Mar del Plata decidieron acuartelarse en reclamo de mejoras salariales que están bajo análisis de los ministro de Seguridad y Economía bonaerenses, Alejandro Granados y Silvina Batakis.

En la ciudad entrerriana de Concordia, la situación llegó a tal nivel que se reportó un muerto a nivel oficial en las últimas horas. Hubo numerosos robos en el centro de la ciudad y hay 25 heridos.

No es el único distrito donde los uniformados se encuentran en preocupante manifestación. También ocurre en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y el Chaco de Jorge Milton Capitanich.

En Neuquén y San Juan la cosa parece haberse calmado, ya que efectivos de ambas provincias parecen haber aceptado los ofrecimientos de aumento oficiales, dando por terminadas sus protestas.

No obstante, el reclamo de los policías permanece latente  en estas horas y, lo que es peor, el indeseado efecto que esto generó: los saqueos ciudadanos. ¿Cómo pacificar un fenómeno que se potencia cerca de las fiestas y al que no le interesan los acuerdos salariales de la policía?

En estas horas, solo hay preocupación en algunas provincias por lo que pudiera ocurrir. En la siempre emblemática Buenos Aires, por caso, el gobierno nacional debió avanzar en el armado de un ostentoso “comando conjunto de operaciones”.

Allí, en el terruño bonaerense —espejo de lo que suele ocurrir luego en otros distritos— se cocina el germen de lo que todos temen que ocurrirá más temprano que tarde. No se trata de sospechas, sino de certezas. Daniel Scioli cuenta en su poder con información fehaciente de que habrá saqueos aislados en diferentes puntos de su territorio.

A ese respecto, no fueron casuales las palabras que pronunció ayer domingo: "Es importante la prudencia y responsabilidad de todos los sectores cuando faltan dos días para que se cumplan 30 de años de democracia y es importante que podamos transitar esta última parte del año con paz".

Por las dudas, Scioli insistió en sus mensajes de “incentivo” dirigidos a la policía bonaerense, no sea cosa que inicien una inoportuna huelga en medio de posibles desmanes.

En Mendoza, la situación no es mejor: ayer por la tarde, unos 100 vecinos de barrios del Oeste de Godoy Cruz atacaron a piedrazos un supermercado Átomo del barrio La Estanzuela pidiendo comida.

Las alarmas que se habían encendido horas antes, finalmente se hicieron carne. Es que, autoridades de los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social locales habían advertido sobre la posibilidad de que comenzaran los nunca bienvenidos robos masivos.

¿Cómo cercar y frenar el fenómeno de los saqueos, tan proclives al “efecto contagio”? ¿Qué es lo que ocasiona que esto suceda?

Hay varias cuestiones que confluyen a ese respecto. En primer lugar, la situación social que se ha agravado y cuyo síntoma más elocuente se da en Buenos Aires, donde se multiplica la afluencia a las siempre impopulares “ollas populares”.

El líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, se lo dijo a Infobae de esta manera: "El problema social se agudizó, la gente se agrupa más en los comedores, la necesidad es más fuerte".

Es entonces que aparecen repentinas críticas por parte de movimientos de desocupados, quienes denuncian que los planes sociales ya no tienen la misma efectividad frente al incremento de la inflación y que, además, es muy difícil acceder a los de valor medio, que actualmente alcanza los 750 pesos.

La Asignación Universal por Hijo tampoco es vista como una solución. Con una inflación de 25% anual, los $460 que perciben los beneficiarios ya pasaron a ser apenas un paliativo menor en los hogares de bajos ingresos.

El otro blanco de cuestionamientos es el Plan Argentina Trabaja, un programa puesto en marcha en agosto del 2009 con el objetivo de generar cooperativas de trabajo contratadas por el Estado para desarrollar tareas de limpieza así como para la construcción de viviendas. Se estima que la asignación de $1.500 alcanza en la actualidad a 150.000 trabajadores.

Pero los beneficiarios se quejan de la desactualización de los montos y afirman que hubo una reducción de los puestos, de la mano de una menor actividad inmobiliaria.

Ese es el contexto en el que debe analizarse lo que sucede en estas horas y que promete agravarse al paso de las horas.

Es un fenómeno que parece haber superado al gobierno nacional, ocupado en estas horas en correr detrás de los pequeños estallidos provinciales. ¿No sería más conveniente trabajar en la prevención con coordinación que correr detrás del fenómeno ya ocurrido?

En parte, la responsabilidad es del gobierno nacional, que no atinó a resolver a tiempo lo que sucedía en Córdoba. También les cabe responsabilidad a los funcionarios de esa provincia por llegar tarde al debate.

Ello, junto a la situación descripta en torno a la desocupación y desigualdad, hacen un caldo de cultivo peligroso que empieza a manifestarse en su costado más crudo y violento. Es solo el comienzo.