El kirchnerismo no es la causa única del crecimiento del narcotráfico en Argentina. Hay todo un sistema de corrupción que viene de mucho antes y que brinda amplios espacios de impunidad. Sin embargo, parece que debemos afrontar la realidad de que las más altas esferas del narcotráfico mundial están vinculadas, no sólo con nuestro país, sino directamente con nuestro gobierno. Esto es lo que podría esclarecer la reciente detención por fuerzas mexicanas y estadounidenses del “Chapo” Guzmán, el principal narcotraficante del planeta y Jefe del peligroso Cártel de Sinaloa de México.

El primer hecho estremecedor y resonante del repentino tránsito de la Argentina hacia el infierno del mundo del narcotráfico ocurrió en Agosto de 2008, y fue el llamado “Triple Crimen” de General Rodríguez. Las investigaciones del suceso revelaron que empresarios vinculados al tráfico de efedrina (precursora de drogas sintéticas) habían sido grandes aportantes a la campaña presidencial de 2007 de Cristina Fernández. En 2008, un informe de la embajada de Estados Unidos afirmó sus sospechas de que el dinero para la campaña de Cristina hubiera provenido de las FARC de Colombia por gestión de Hugo Chávez (el ingreso de la valija de Guido Antonini Wilson estaría en esa línea), así como de dos cárteles mexicanos, incluyendo el de Sinaloa.

El ex corresponsal del Washington Post, Douglas Farrah, publicó en 2013 una investigación (en sintonía con revelaciones del periodismo mexicano) donde explicaba que el cártel de Sinaloa de México contribuyó a la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007 a través de la industria farmacéutica argentina. En un artículo de Noviembre de 2013 para es.insightcrime.org, Natalie Southwick expresó que “Argentina es ahora una fuente de precursores químicos para los cárteles mexicanos.” De acuerdo con un reporte que la Secretaría de la Defensa Nacional de México entregó en Octubre de 2010 a la Legislatura, a partir de 2007 los cárteles mexicanos se trasladaron a la Argentina para la producción de efedrina.

En 2008, cuando ocurrió el Triple Crimen, había quedado definitivamente sellada la alianza política e ideológica del kirchnerismo con Hugo Chávez, quien en ese mismo año expresó públicamente, contra viento y marea, que las FARC “no son terroristas”. Posteriormente, con el asesinato de Raúl Reyes (hombre fuerte de las FARC) por parte del ejército colombiano en territorio ecuatoriano (otro “paraíso” populista), quedó definitivamente acreditada la fuerte sospecha de una firme asociación financiera y política entre guerrilla, narcotráfico y populismo. Un huido ex magistrado venezolano, Eladio Aponte, llegó a revelar que en Venezuela se había montado un “narcotráfico de Estado”, dirigido por “narcogenerales” y tutelado por el propio Hugo Chávez (abc.es).

A partir de 2007, el gobierno argentino no hizo más que todo lo necesario para que el narcotráfico se consolidara y creciera vertiginosamente en el país. Durante años se negó inexplicablemente a reglamentar la ley de precursores químicos sancionada en 2005, lo que hubiera podido desalentar drásticamente la llegada de los cárteles. Nunca quiso radarizar el espacio aéreo, incluso a pesar de la presión ejercida en ese sentido por Estados Unidos. Tampoco hizo nada para evitar el libre tránsito de narcos colombianos y mexicanos por el territorio del país (advertido desde un principio por la embajada norteamericana), así como para restringir sus inversiones en nuestras tierras y nuestra economía. Por el contrario, sacó una serie de moratorias o “blanqueos de capitales”, ordenándoles a los bancos no reportar sospechas de lavado.

Asimismo, el gobierno argentino desmanteló la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), transformándola en una mera agencia de asistencia para las adicciones y pasándole sus funciones a la Secretaría de Seguridad, en manos del ultrakirchnerista Sergio Berni. Un informe de Mayo de 2013 de la Auditoría General de la Nación (uno de los escasos órganos de control estatales independientes) advirtió sobre el libre tránsito de la droga por el país. Según un reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de Junio de 2013, la Argentina ya era en aquel entonces el tercer exportador de cocaína del mundo.

¿Acaso en 2007, a través de la intermediación del chavismo, el gobierno argentino selló un acuerdo, entre otros actores, con el cártel de Sinaloa, por el cual se aceptó financiamiento político a cambio de impunidad y protección para sus negocios e inversiones en la Argentina? ¿Se transformó deliberadamente a la Argentina en proveedora de precursores químicos para los cárteles mexicanos y colombianos? ¿Fue éste el puntapié inicial de un proceso de consolidación del narcotráfico en Argentina y de infiltración de nuestras instituciones políticas? Por lo pronto, es el gobierno quien tiene desde hace tiempo la responsabilidad de clarificar estos interrogantes. Podría hacerlo sometiéndose a investigaciones independientes, compareciendo ante el Congreso y habilitando conferencias de prensa serias y libres sobre la cuestión, pero ha preferido el silencio.

Llamativamente, las fuentes ideológicas usadas por el populismo posmarxista se prestan para la relativización y hasta la justificación del uso político del narcotráfico. El determinismo posestructuralista de Michel Foucault permite considerar a los criminales verdaderos héroes anti-sistema, víctimas de una estructura social opresora invisible. El populista Ernesto Laclau considera a la criminalidad una “condición de constitución de un sujeto revolucionario”, mientras que Hebe de Bonafini ha reivindicado a viva voz a la narco-guerrilla de las FARC y Sergio Berni ha llegado a citar públicamente a Pablo Escobar, fundador del cártel de Medellín, para defender la legalización irrestricta.

Numerosos analistas y periodistas han sugerido que el capo del cártel de Sinaloa, el “Chapo” Guzmán, residió de 2010 a 2011 en nuestro país, más precisamente en la provincia de Córdoba, pero habría tenido que fugarse con una identidad falsa cuando se enteró de que la DEA (agencia estadounidense antidroga) le seguía los pasos. Según el periodista e investigador Roberto Maturana, “hay registros de su esposa e hijastra saliendo de Argentina en Marzo de [2010]”. Y continúa: “Coincide con la aparición de Shoklender como asiduo visitante del Chaco a partir del 2007. Por esta época también, Joaquín el Chapo Guzmán, decidió trasladar una parte importante de sus negocios a la Argentina y más específicamente al feudo de Capitanich”. Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, afirmó que el 11 de Marzo de 2011 Guzmán salió junto con su familia desde Buenos Aires hacia México.

En Febrero de 2011 (casualmente en tiempo coincidente con el supuesto rastreo en nuestro país del capo narco mexicano por parte de la DEA) la Argentina provocó y escaló deliberada e inexplicablemente un incidente diplomático con los Estados Unidos. Un avión militar de dicho país había venido para entrenar a nuestras tropas especiales federales (GEOF) y fue requisado mediáticamente por el canciller Héctor Timerman, quien determinó que traía “material sensitivo” no declarado. Finalmente, el material incautado fue devuelto a los Estados Unidos, pero el episodio fue usado como pretexto para restringir notablemente la cooperación con la DEA, lo que se supone habría sido del agrado del “Chapo” y del narcotráfico en general.

La alianza del populismo latinoamericano con el narcotráfico internacional denota la naturaleza antidemocrática y cínica de dicho sistema de pensamiento y de gobierno. En el populismo, el control de la población se da fundamentalmente a través de los ámbitos cultural y económico, tercerizándose el ejercicio de la represión y de la fuerza bruta en bandas armadas financiadas por el gobierno. Todo esto lleva a una fuerte necesidad de dinero para mantenerse en el poder, que se conjuga con la carencia de escrúpulos propia de todo gobernante autoritario. El resultado, en Latinoamérica, es esta espantosa asociación entre populismo y narcotráfico.

Es lamentable que el autoritarismo antirrepublicano subsista en pleno siglo XXI bajo nuevas formas. Pero es increíble que en nombre de una supuesta ideología se pueda trabajar para convertir a un país en satélite del narcotráfico internacional. No está de más traer a colación la afirmación históricamente constatada de que, no es que el fin justifique los medios, sino que los medios ilegítimos dañan el fin si es que éste alguna vez existió verdaderamente.

Rafael Micheletti
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