"Muchos están esperando que patee el tablero", soltó Cristina Kirchner el viernes al pie del Monumento a la Bandera, atribuyendo a terceros la tensión que el propio Gobierno había generado en las 48 horas previas sobre el cumplimiento del fallo que obliga a pagarles a los fondos buitre.
Desde que se conoció el rechazo de la Corte Suprema estadounidense a intervenir en el caso, la Presidenta y el ministro Axel Kicillof tuvieron posiciones cambiantes: pasaron de mostrarse duros pero negociadores a voltear cualquier canal de diálogo hasta que finalmente decidieron no patear el tablero.
En un momento pareció sobrevolar el riesgo de que la Argentina vuelva a un megadefault, después de haber acordado gran parte de su deuda con acreedores privados; varios pleitos con empresas extranjeras en el tribunal del Banco Mundial; el litigio con Repsol por la expropiación de YPF y con el Club de París.
La seriedad del tema obligó al Gobierno a tomar la decisión menos inconveniente: buscar un entendimiento que incluya a la totalidad de los acreedores, con un plan de pagos viable.
Ese plan bajo "condiciones justas" es lo que anunció Cristina en Rosario, donde ya no mencionó el cambio de jurisdicción para el pago de los bonistas "reestructurados" en Buenos Aires, una jugada destinada al fracaso porque haría que los que la acepten incurran en "desacato" con la justicia estadounidense.
Dificultades
No es tan sencillo. Los fondos buitre ganaron un juicio por U$S 1.330 millones, pero representan apenas el 1% de todos los que quedaron fuera de los canje de deuda realizados por el Gobierno en 2005 y 2010, con una adhesión de 92,4%.
La totalidad de los "holdouts" reclaman unos U$S 12.000 millones, prácticamente un 6% del stock de deuda del Sector Público Nacional, que a septiembre de 2013 era de unos U$S 200.000 millones, según datos citados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre la base de datos de la Subsecretaría de Financiamiento de la Nación.
La nueva deuda reconocida se sumará a los vencimientos previstos hasta 2017 de unos U$S 35.000 millones. En esa cifra no están incluidos compromisos en pesos que serán refinanciados, al igual que U$S 9.500 pedidos al Banco Central para pagar al FMI.
Aun así la proporción de deuda con relación al porcentaje del PBI es baja, según la mayoría de los economistas.
Para el kirchnerismo la decisión implica volver sobre sus pasos y aceptar una derrota política, justo cuando parecía enarbolar otra aventura épica. Si bien es una derrota injusta para el país, por el predominio de un juego de carroña financiera, no hay margen para cruzadas ideológicas.
Sin financiamiento, las reservas actuales del Banco Central llegarían para pagar vencimientos de deuda hasta 2017; y los "buitres" quedarían más habilitados para embargar activos en el exterior como hicieron con la Fragata Libertad.
Además, un nuevo default "traería aparejado un incremento en el riesgo país, y consecuentemente en la tasa de interés, imposibilitando tanto al sector público como privado conseguir divisas, frenando aún más la economía", señaló el IARAF y agregó: "Implicaría cerrarse al mundo cuando más se necesitan inversiones extranjeras en capital e infraestructura".
Si el país logra atravesar esta coyuntura podría retomar un sendero que en el largo plazo lo conduzca al desarrollo. El endeudamiento seguirá siendo una carga, pero si se generan las condiciones adecuadas esa mochila será sensiblemente más liviana.
Un trabajo de la Fundación Pensar —los equipos técnicos de Mauricio Macri— señaló que el país necesitaría una inversión de unos U$S 100.000 millones en la próxima década para revertir el rojo energético, mejorar el transporte y superar el déficit en la red de agua y cloacas y para saneamiento.
Por su parte, Daniel Scioli señaló hace algunos meses al hablar ante un foro empresarial en Nueva York que la Argentina va a necesitar inversiones por más de U$S 220.000 millones, lo cual "es un negocio extraordinario para quienes quieran invertir".
El anuncio presidencial significó un alivio para el gobernador bonaerense, el más pegado de los principales candidatos presidenciales a la suerte del actual gobierno.
Scioli, Macri, Sergio Massa y los presidenciables del Frente Amplio Unen habían manifestado su respaldo al Gobierno ante el nuevo escenario, pero luego pusieron el grito en el cielo cuando parecía que la Casa Rosada daba por tierra con la negociación.
En los hechos, alguno de ellos tendrá que lidiar a partir de diciembre de 2015 con la "herencia" que se forjará en estas negociaciones. Aun con los errores del kirchnerismo, ese legado en torno a la deuda, sería mejor que el recibido hace 12 años.