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Una de las querellas de la causa por las responsabilidades políticas en la brutal represión que la Policía Metropolitana emprendió durante el desalojo de los talleres del Hospital Borda en abril de 2013 pidió una batería de medidas para reactivar la investigación en la que están bajo la mira el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su Gabinete.
A poco de que la Cámara del Crimen ordenara seguir la investigación luego de revocar un sobreseimiento del líder del PRO en la causa, la querella integrada por un grupo de damnificados pidió al juez del caso que analizara todas las llamadas entrantes y salientes que hubo ese día.
En el expediente no sólo se investiga la responsabilidad que pudo haber tenido Macri, sino también su vicejefa, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; y los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; y de Salud, Graciela Reybaud; entre otros.
Todos habían sido sobreseídos en diciembre pasado por el juez de instrucción Jorge López, pero en abril la Sala IV de la Cámara del Crimen consideró prematuro desvincularlos y, en cambio, ordenó que se sigan siendo objetos de investigación, al igual que los jefes de la Policía Metropolitana.
Ahora, la querella unificada patrocinada por los abogados Lucas Adrián Arakaki y Martín Alderete pidieron un paquete de medidas para reactivarla: entre ellas, un análisis de las llamadas entrantes y salientes que registran los teléfonos (celulares y oficiales) de Macri, Vidal, Rodríguez Larreta, Montenegro, Chain, Reybaud; el titular de la Metropolitana, Horacio Alberto Jiménez; y el subjefe de la fuerza, Enrique Pedace.
En el escrito presentado reclamaron que "se determine el lugar de ubicación así como las celdas de antenas utilizadas, llamadas salientes y entrantes, los números y su titularidad, así como la duración de cada una de las llamadas desde las 12 horas del 25 de abril hasta las 18 horas del 26", el día en que la fuerza porteña desalojó los talleres del Hospital Borda, lo que terminó en la represión contra los manifestantes.
Es sencillo, no hay damnificados, más que los policías de la Metropolitana. La represión fue justa y legal. Basta de dejar hacer a cualquiera cualquier cosa.
Destruyeron un taller de terapia de recuperación para enfermos mentales que era ejemplo en Latinoamérica, solo para beneficiar los negocios inmobiliarios de los "amigos" de Macri. Y para ello apelaron a una represión brutal y sin miramientos contra el personal sanitario y los propios pacientes, con repercusión internacional para escarnio de la Ciudad y del País. Pese a las "firmes promesas" no se tienen noticias que ese taller hubiera sido reemplazado. Lástima que no puedo dejar de pensar que la causa judicial no ha de llegar a nada, como es norma en Argentina cuando involucra a alguien del Poder.