Al plantear la reforma al Código Procesal Penal de la Nación, Cristina Kirchner no fue del todo sincera. Está claro que lo que busca la mandataria no es mejorar el sistema criminal ni agilizar los litigios, sino manipular los tiempos procesales allende 2015, cuando deje el poder.

Si realmente le interesara mejorar la coyuntura judicial actual, lo que haría la presidenta sería promover mayor independencia en el Consejo de la Magistratura y desistiría de sostener a toda costa a jueces como Norberto Oyarbide, que enfrenta una quincena de señalamientos en ese mismo órgano.

Las intenciones de la mandataria, lejos están de esa intención: luego de intentar en vano colocar a puntuales jueces federales en juzgados clave, entendió que más sencilla tarea es la de ubicar fiscales afectos a la permeabilidad oficial.

Ello explica por qué Cristina delegó mayor poder en la procuradora Alejandra Gils Carbó, de diálogo directo y cotidiano con ella. Los fiscales dependen de esta funcionaria, autoproclamada kirchnerista. ¿Cómo mejorará esta situación la justicia procesal penal? Nadie lo entiende.

En otro orden de cosas, la mandataria se ocupó de aclarar que los magistrados seguirán teniendo la potestad de sentenciar —sería insólito si así no fuera—, pero ello no despeja ninguna suspicacia: si el fiscal no logra hacer una precisa instrucción judicial, difícilmente un juez pueda emitir un fallo preciso. ¿Cómo hacerlo si no hubo una buena investigación previa?

No es la única incongruencia que reflejó Cristina: también aseguró que, “si los fiscales o los jueces no cumplen con los plazos van a tener sanciones graves y serán causal de jury". ¿Qué necesidad tenía de decirlo, siendo que existe un Consejo de la Magistratura que hoy mismo no se ocupa de observar incorrecciones aún más relevantes que cometen los jueces vernáculos?

Como sea, lo más importante no es tanto lo que pasará con los jueces, sino más bien con los expedientes que estos tenían en su poder al momento de ser sancionados. ¿Quién los sustanciará? De eso, no casualmente, no hablo Cristina.

Sí abundó la jefa de Estado en un punto álgido, el de los extranjeros: habló de expulsarlos siempre y cuando hayan cometido irregularidades “y sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito”.

La puntualización no fue azarosa: se trata de uno de los reclamos que había hecho Sergio Berni en declaraciones públicas, sobre la base de estadísticas que luego se demostraron falsas.

El secretario de Seguridad había sostenido que el 19% de los delitos que se cometen en el país tienen la impronta de personajes foráneos. Quien lo refutó fue un puntilloso informe de la Comisión Bicameral de Seguridad Interior titulado “Estadísticas desmienten que los inmigrantes cometan más delitos que los argentinos”.

Allí, se sostiene que, lejos de las pretensiones de Berni, la delincuencia que compromete a extranjeros es de apenas el 6%. En el mismo documento, se revela un dato aún más increíble: hay más presos argentinos en Bolivia, Paraguay, Uruguay que ciudadanos de esas nacionalidades encarcelados en Argentina.

Más allá de que la iniciativa conspira contra la proclama de supuesto progresismo del gobierno kirchnerista, es más que seguro que habrá elocuentes reclamos contra Cristina por la xenofobia que destila la medida de marras.

Quienes analizan cuestionar a la jefa de Estado no militan en la oposición, sino en la izquierda, algunos incluso reportan en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que comanda el periodista K Horacio Verbitsky. Curiosidades del relato.

Hablando de interrogantes: si los extranjeros cometen el 6% de los delitos, ¿por qué no se habla de la franja que comprende al otro 94%? Peor aún, ¿qué pasa con los funcionarios públicos implicados en hechos de corrupción? ¿Estos no merecen acaso ser expulsados, al menos de sus cargos?

Es sintomático el silencio casi sepulcral de los blogueros K en las redes sociales luego de las palabras de Cristina. Son una postal del descontento de la “tropa propia”.

También es significativo que apenas un año antes de dejar el poder Cristina se “acordara” de tan trascendente reforma procesal. ¿Por qué no mencionó una sola palabra al respecto en los últimos 12 años?

A esta altura, solo una frase de la presidenta parece cobrar inusitado valor: “La sociedad se siente desprotegida". Vaya “sincericidio” si los hay.