“Dos denuncias judiciales se suman a las críticas contra la fundación que preside Susana Trimarco, la madre de “Marita” Verón. Recibe más fondos oficiales que cualquier ONG del rubro, pero se desconoce si atiende a víctimas de trata”. Así presenta la información el diario cordobés La voz del interior.

Con la firma de Edgardo Litvinoff, ese matutino pone el foco en las “rendiciones poco claras” de la ONG al tiempo que menciona el maltrato a los empleados y el “silencio de las autoridades de la entidad”. A continuación, la crónica imperdible del diario de Córdoba:

¿Cómo empezó esta historia? Cuando se conoció que el Gobierno de Córdoba había otorgado 2.400.000 pesos a esa institución, asociaciones de lucha contra la trata, y legisladores de la oposición criticaron la medida. Hasta las entonces autoridades de la Secretaría de Lucha contra la Trata de la Provincia se mostraron sorprendidas por la novedad.

Fue cuando La Voz del interior difundió esa noticia, en septiembre de 2013, casi un año después de la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno y la entidad que preside la madre de “Marita” Verón, la joven secuestrada y desaparecida en abril de 2002.

Fue cuando el diario cordobés La Voz del interior difundió esa noticia, en septiembre de 2013, casi un año después de la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno y la entidad que preside la madre de “Marita” Verón, la joven secuestrada y desaparecida en abril de 2002.

Allí se detallaba también la nula relación de la fundación con la Secretaría contra la Trata, y la incógnita sobre la asistencia que presta en Córdoba: tiene una sede en la capital provincial, donde, en teoría, se asesora a las víctimas, pero no posee ningún refugio ni registra estadísticas, como cantidad de mujeres atendidas o ayudadas.

La presidenta de la sede local, Gabriela Spengler, no respondió los cuestionamientos y tampoco ofreció cifras en esta oportunidad. Ni existen registros de gestión en la Provincia.

La Provincia ya le pagó a la fundación 1.6000.000 pesos de los 2.400.000 comprometidos.

¿Cómo sigue la historia? Dos denuncias recientes enriquecen las dudas que ya habían sido publicadas.

Se trata de dos demandas laborales promovidas por exempleadas de la fundación, que aseguran haber sido maltratadas – tanto por Spengler como por Trimarco– y luego despedidas, tras sortear una serie de irregularidades, más un trato despectivo y violento que derivó, según ellas, en secuelas psicológicas.

Verónica Silvera y Paula Bianco trabajaron durante un año como abogada y psicóloga de la entidad, respectivamente. Entre los hechos que mencionan en sus presentaciones, figuran:

Inventar legajos. “(...) en muchas oportunidades acudían personas con diferentes inconvenientes que en nada tenían que ver con nuestra materia. Sin embargo, cuando eso ocurría, la directora (Spengler) nos solicitaba encuadrar la problemática como si se tratase de potenciales víctimas de trata para cumplir ‘con los números mensuales’, debiendo dar de alta la causa, creando en apariencia un legajo”.

Rendiciones irregulares. “(...) la primera rendición de cuentas fue confeccionada con varios meses de atraso a contar desde la firma del convenio que dio comienzo a la sede de Córdoba, y para ello se empezaron a aportar tickets con gastos totalmente ajenos al funcionamiento de la fundación (se presentaron tickets de supermercados con gastos de productos de consumo personal, tickets de nafta, facturas de distintos lugares, etc.)”.

Cualquier tarea. Señal an: “No estábamos cumpliendo la misión de la fundación, ya que terminábamos limpiando, cuidando niños, repartiendo remeras, atendiendo a personas con problemas de falta de trabajo, vivienda, problemas de comunicación con sus hijos, pacientes psiquiátricos (...), y otros”.

No se trata sólo de una afirmación: las demandantes conservaron cuadernos propios en los que asentaron día por día a quiénes se asistía y cómo. De allí se desprenden las tareas que no tenían que ver con el objeto de la institución.

Financiamiento múltiple. Más allá del compromiso del Gobierno de Córdoba de aportar 2.400.000 pesos a la fundación – a través de la entonces Jefatura de Gabinete–, Silvera y Bianco denuncian: “Los traslados que debíamos realizar se hacían por medio de la Policía provincial, al igual que las instalaciones, los trabajos de arquitectura, la decoración, etcétera. Los recursos eran remitidos por la Policía de Córdoba sin ningún tipo de control, porque a veces se remitía dinero dos veces por el mismo concepto”.

Las denuncias fueron presentadas el viernes pasado y recayeron en los juzgados de Conciliación 2ª, secretaría 4;y 3ª, secretaría 6. El abogado de las demandantes es Nicolás Boncini.

Fueron infructuosos los intentos para comunicarse con la fundación María de los Ángeles para despejar estas incógnitas. Tampoco se respondió a las consultas de este diario desde la sede Tucumán de la fundación.

Desde el Gobierno de Córdoba, la secretaria de Lucha Contra la Trata, Patricia Messio, sólo respondió preguntas por escrito. De allí se desprende que no se han encontrado irregularidades administrativas en las rendiciones de cuentas de la fundación (s e rindieron 1.400.000, faltan 200 mil).

Respecto del control de la tarea que lleva adelante la entidad, señala que la Secretaría “solicitó a la fundación la remisión de un informe sobre las acciones realizadas durante el año en curso”. Pero no se aclara cuándo, por qué se solicita recién cuando la institución lleva un año y medio funcionando, o si existe un plazo para recibirlo.

En cuanto a la relación que la Secretaría mantiene con la fundación, comunica que “está siempre a disposición para desarrollar acciones y responder requerimientos” –lo que dejaría entrever que no se han realizado– y que “se llevaron a cabo las gestiones necesarias cada vez que fueron solicitadas”. Pero no se aclara cuáles ni cuántas.

“No la conocemos. No sabemos qué hacen. Mirá que nosotras caminamos la calle. Pero no encontramos a nadie que haya tenido contacto con ellos”, dice Eugenia Aravena, titular de la sede local de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), sobre la fundación de Trimarco. Y expone su bronca: “Me parece muy injusto. Nosotros somos una triste organización de base, con cursos de capacitación para compañeras y otros servicios, y no recibimos un solo peso para nuestra sede, donde incluso alojamos gente. Vivimos haciendo actividades de autogestión, a pulmón, con gente que dona... y a veces no tenemos ni yerba o azúcar”.

Para Alicia Peresutti, una de las más reconocidas luchadoras contra la trata en Córdoba, cualquier organización “tiene la obligación ética, moral y hasta penal de rendir las mismas cuentas que tenemos que rendir todos. Es plata de los cordobeses”.

Un ejemplo basta para medir uno y otro caso. Mientras la fundación María de los Ángeles ya cobró 1.600.000 pesos de la Provincia, Vínculos en Red – que preside Peresutti– recibió $ 100 mil con los que levantó y techó un albergue de medio camino en Villa María, de 360 metros cuadrados. La promesa para la última entidad fue de $ 1.200.000.

En la Unicameral, el oficialismo nunca aceptó los pedidos de informes de las legisladoras María Matar ( UCR), Graciela Sánchez, Marta Juárez y María del Boca (Frente Cívico), que requerían descripción de los subsidios y de los motivos por los cuales estos fueron entregados a Susana Trimarco.

El lunes 15 de diciembre se conformará una comisión interinstitucional de Lucha contra la Trata integrada por la Justicia, ONG, Secretaría de Trata y legisladoras. No está previsto que la fundación de Trimarco participe. “Es más: queremos que esa comisión también pueda investigar lo que sucede con esa entidad”, señaló Graciela Sánchez.