El artículo 36 de la Constitución Nacional, equipara sabiamente el golpismo con la corrupción. Dice que “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.” Ratificando que “Estos actos serán insanablemente nulos.” Y sostiene que “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento…”.

La Real Academia Española, define la palabra “corrupción” en su cuarta acepción, referida a “las organizaciones, especialmente en las públicas”, como “práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole, de sus gestores.”. Y, asimismo, define la palabra “dictadura”, también en su cuarta acepción como “Gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente.”

Cuando el desvío de las funciones y medios del Estado, se torna progresivo y se generaliza como forma de relación entre los propios poderes estatales y entre el poder del Estado y la sociedad, la corrupción nos va acercando cada vez más a una dictadura, sin necesidad de golpe.

Ello es así, en tanto que, aquellos que gobiernan, dejan de hacerlo bajo el imperio de las normas que se comprometieron a cumplir, y se colocan por sobre la ley, generando la aparición de un nuevo régimen, que no es el de la Constitución y las leyes, sino del de su propio arbitrio.

Del ejercicio de esta arbitrariedad, surge también la necesidad de espiar, dañar o matar al que no es susceptible de ser corrompido o piensa distinto, como forma de obtener por vía del miedo, el acatamiento social que no se obtiene por vía de la legitimidad.

En definitiva, la dictadura puede darse a partir de un quiebre constitucional provocado por el uso de la fuerza, o bien ese quiebre puede producirse de manera lenta y progresiva, mediante destrucción paulatina de los controles del Estado y mediante el acostumbramiento de la sociedad a las prácticas ilícitas. Así, la supresión total de la legalidad, se traduce en la presencia de corrupción en cada aspecto de la vida pública. Puede, entonces, una dictadura, erigirse como la suma de todas las corrupciones.