La denominada ley de servicios de comunicación audiovisual, al regular la existencia de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), como empresa titular de los medios de comunicación de carácter público, se propuso, entre algunos de sus objetivos “promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos” y “respetar y promover el pluralismo político”.

Bajo la conducción del directorio que preside Tristán Bauer (y que la oposición también integra, aunque en minoría), RTA S.E. marchó decididamente en contra de dichos objetivos. En efecto, se utilizaron los medios públicos para denostar, señalar y difamar a quienes pensaban diferente, generalmente sin concederles la posibilidad de rebatir el discurso oficial.

Más aún, la pantalla de la TV Pública mostró cómo un funcionario K maltrataba al aire a un periodista que lo había incomodado con una pregunta, y poco tiempo después, dejó de mostrar al periodista maltratado, ya que éste debió dejar su trabajo en la TV Pública.

En definitiva, los medios públicos pasaron a ser parte del costoso aparato de propaganda del partido de gobierno, al mejor estilo de los peores regímenes totalitarios que padeció la humanidad.

En este contexto, Tristán Bauer pretende quedarse para completar su mandato, pero existen vías legítimas y legales para su pronta destitución.

Contra lo que muchos piensan, la estabilidad de los directores de RTA S.E. es muy endeble. En efecto, si bien la ley les otorga mandato hasta los dos primeros años de ejercicio del nuevo Presidente de la Nación, dice también que pueden ser removidos “conforme las cláusulas estatutarias” que crea y modifica el propio Poder Ejecutivo.

Ahora bien, el Estatuto de RTA S.E. establece como causales de remoción de sus directores, entre otras,  el mal desempeño y la negligencia grave. Supuestos, ambos, que se pueden dar por cumplidos con la vulneración de los objetivos previstos por la ley de servicios de comunicación audiovisual antes comentados.

Ahora bien, tan importante como la existencia de causales de remoción, es quien decide si dichas causales se han cumplido y quien tiene la facultad de remover al directorio. Dado que RTA S.E. ha sido creada bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional y que es el Poder Ejecutivo quien ejerce los derechos respecto del capital público comprometido en la sociedad estatal, es el Presidente de la Nación quien se encuentra facultado para remover al directorio, incluyendo a su Presidente, Tristán Bauer.

En definitiva, Mauricio Macri podrá abrir un sumario y notificar a los directores de RTA S.E. los hechos que se les imputan, a fin de que éstos ejerzan, mediante un descargo, su derecho de defensa. Luego de ello, el nuevo Presidente de la Nación estará en condiciones de tomar una decisión que devuelva la pluralidad a los medios públicos de comunicación.