Ya lo dije tantas veces que me canso de mis propias palabras: en mayo de 2008 fui el único periodista que logró entrevistar a Sebastián Forza, asesinado tres meses más tarde en el marco del triple crimen de General Rodríguez.

Los datos que me aportó podrían haber nutrido cuatro expedientes judiciales: la mafia de los remedios, la ruta de la efedrina, el lavado de dinero en los aportes de campaña de Cristina y Cobos, y el triple homicidio ya referido.

Sin embargo, solo fui llamado a declarar en el contexto del último caso por la fiscal Ana Yacobucci, la primera que indagó en lo ocurrido en General Rodríguez. Lo curioso es que jamás pidió la grabación de mi entrevista con Forza ni tampoco la copia de su disco rígido, donde aparecían movimientos bancarios que hubieran permitido anticiparse a muchos de los escándalos que hoy despuntan en los medios, “Rosadita” mediante.

Debe mencionarse que Yacobucci es la misma fiscal que sostuvo que Damián Ferrón, uno de los tres asesinados, se había ido de joda y que por eso no aparecía.

Todo lo antedicho es para contextualizar el fallo de la Cámara Federal porteña, cuerpo que confirmó hoy los procesamientos de cuatro imputados en supuesto blanqueo de dinero de origen ilegal proveniente de la llamada "mafia de los medicamentos", mediante aportes a la campaña electoral que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a la Presidencia de la Nación en 2007.

Allí, en la resolución de la Cámara refrendó este jueves se menciona por primera vez mi entrevista con Forza:

En la sentencia donde se juzgó a los responsables de su homicidio, ocurrido en agosto de 2008, el Tribunal Oral interviniente afirmó que Forza aspiraba a “quedar como el único proveedor de efedrina de Martínez Espinosa con destino a México” (conf. citada realizada a fs. 60 vta. del incidente). Y según declaró bajo juramento el periodista Christian Sanz, cuando lo entrevistó en mayo de 2008, Forza “aseguró en esa reunión que había existido lavado de dinero en los fondos de campaña que financiaron la campaña del Frente para la Victoria.

Según él, era plata del narcotráfico, más precisamente de los carteles de México. Me dio como ejemplo su propio caso, donde él aparecía aportando $200.000, pero luego apareció aportando nada. Esto fue confirmado por varios de los aportantes, estos fueron Gabriel Brito, titular de la firma Global Farmacy (sic), y el otro Julio Cesa (sic) Posse, monotributista, que aportó $310.000. Les decían que si ellos firmaban le daban el diez por ciento de lo que aportaban. Les prometieron beneficios con el Estado. Esto fue en las oficinas de Héctor Capaccioli, ex superintendente, porque lo echaron...” (textual, fs. 496/7).

Es cierto, como argumentaron algunas defensas, que Sanz es un testigo de oídas. Sus dichos deben valorarse conforme la fuente de que se trata. Pero si se los relaciona con todos los demás elementos, variados y unívocos, que se reunieron en la investigación, puede hablarse de la concurrencia de una matriz delictiva en la procedencia y percepción de los aportes de la campaña electoral.

Y el caso de los fondos acercados con la firma de Forza claramente responde a la lógica de esa matriz. Hay suficientes elementos, entonces, para observar el involucramiento ilícito de Capaccioli y Gramajo en estos hechos, porque “La procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según las circunstancias del caso, permita la exclusión de otros orígenes posibles, sin que sea necesaria la demostración plena de un acto delictivo específico...” (ver de la Sala I de la C.N.C.P., causa n° 6754 “Orentrajch”, reg. N° 8622 del 21/3/06).

Dentro de dos días se cumplirán ocho años desde el hallazgo de los cuerpos de Forza, Ferrón y Bina. Será un nuevo aniversario de la desidia, de cómo la impunidad puede más que la justicia.

El esfuerzo que hizo el kirchnerismo para tapar lo ocurrido, incluida la acción del corrupto exjuez Federico Faggionato Márquez —manejado desde la exSIDE— fue directamente proporcional con el involucramiento de sus propios funcionarios en la trama.

Fui el único que en esos días señalaba a Aníbal Fernández como responsable del triple crimen, mientras los grandes medios publicaban cientos de páginas que mencionaban a inexistentes sicarios mexicanos. Me costó carísimo.

Por eso, cuando veo mi nombre en la resolución que hoy emitió la Cámara Federal, pienso que algo de esperanza queda. No mucha, pero algo queda. Ojalá no sea solo un “acting para la gilada”.