Difícilmente, Mauricio Macri instrumente un ajuste ortodoxo en un año electoral como 2017, en el que la suerte de su proyecto político está en juego, pero es clara la intención oficial de avanzar hacia una economía en equilibrio fiscal, donde prevalezcan sectores sin subsidios y autosustentables.

Es la vieja dicotomía entre Estado y mercado, en la que el Gobierno de Cambiemos claramente prefiere este último. 

Sin embargo, para llegar a su modelo de país ideal necesita de varios pasos, porque viene de un esquema opuesto basado en el patriarcado estatal de subvenciones y regulaciones/cepos con un cierre de déficit fiscal récord en 2015.

Durante todo 2016, Macri forzozamente apeló al gradualismo para ir aplicando su receta económica, con algunas excepciones que tuvieron suerte dispar: la salida rápida del cepo cambiario, el acuerdo con los holdouts y el tarifazo en los servicios públicos frenado y reformulado por la Justicia.

Ahora, el verdadero Macri empieza a asomar en múltiples decisiones de su sello y el ejecutor de esta nueva etapa es el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Casual o causalmente, en simultáneo con la salida del gradualista Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda se fue de Aerolíneas Argentinas la gradualista Isela Costantini, quien al parecer tampoco avalaba el plan oficial de abrir el mercado aerocomercial a otras empresas.

El nuevo ministro dijo que iba a ceñirse a la meta de reducción del déficit fiscal de 4,8 a 4,2% del PBI en 2017, pero anticipó que si puede acelerar ese recorte lo hará. 

Cada ministro tiene la misión de buscar la manera de hacer más eficiente el gasto. 

Aumentos y recortes

En ese marco, el Gobierno amparó el anuncio de una sucesión de aumentos para el primer tramo del año en combustibles, medicina prepaga, TV por cable, celulares, luz, agua, gas, ABL o sus equivalentes provinciales, entre otros. 

En algunos casos como los peajes, son exagerados. ¿Y el combate a la inflación?

También, empezó a rascar la olla de recortes en el sector público que en algunos casos generaron costos elevados como la reducción -luego postergada- de la planta de becarios del Conicet o la no renovación de contratos en el Ministerio de Educación.

Dentro de esa lógica se inscribe la decisión oficial de cancelar el financiamiento del programa Fútbol para Todos, cuyo fin razonable de dejar de subsidiar una industria que puede autosustentarse, por ahora sumió al fútbol argentino en un caos.

La administración de Cambiemos paralelamente busca avanzar en definiciones de su sello para fomentar la inversión extranjera. 

Así, eliminó la última restricción para el ingreso de capitales del exterior que establecía un plazo mínimo de 120 días de permanencia en el país. Vía libre para el bicicleteo financiero.

De blanqueo en blanqueo

La próxima gran apuesta oficial es el denominado blanqueo laboral, que supone una serie de reformas que permitan reducir el trabajo informal o en negro del 35% actual.

Este proyecto será presentado en la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, que completan empresarios y la CGT.

Formará parte de una "reforma impositiva integral" anunciada por Dujovne, cuyo objetivo es bajar la carga tributaria pero ampliar el universo de contribuyentes.

El plan de blanqueo laboral fue elogiado por cámaras empresariales y parece lógico teniendo en cuenta el peso que implica tener un empleado en blanco en la Argentina. 

Pero la CGT rápidamente salió a rechazarlo y lo emparentó con "las políticas de fexibilización laboral de los años noventa". 

Uno de sus pilares es que el Estado pague las cargas durante tres años de nuevos trabajadores (o en negro que pasan a ser formalizados) con sueldos de hasta 12 mil pesos. 

Otro es incorporar el plan social como parte del salario de un empleado (hoy el que recibe un plan lo pierde si trabaja en blanco). 

Esos postulados forman parte del Plan Productivo Nacional, la biblia elaborada por el cerebro económico del Gobierno, Mario Quintana, cuyo objetivo es convertir a la economía en más eficiente sin que caiga el poder adquisitivo de los salarios. 

El lado B del programa es que tiene como espejo el modelo australiano de apertura comercial, commodities y servicios, en el que las industrias no competitivas debieron reconvertirse.

La otra pata del plan Dujovne es un impulso fuerte a la obra pública, esto sí más allá del gasto, cuya doble ventaja consiste en empezar a cumplir con reclamos históricos y pasear candidatos propios por el país con cascos y mamelucos.

El programa tendrá fuerte incidencia en la provincia de Buenos Aires, distrito electoral que reunirá a pesos pesado de la política nacional y que definirá el ganador de la elección legislativa de 2017. 

Con esa lógica, Macri giró 25 mil millones de pesos a María Eugenia Vidal para compensar la ya histórica pérdida de coparticipación de la provincia más grande. 

Hay otras dos medidas en carpeta que tienen que ver con la edad. 

Por un lado, el Gobierno lanzó al ruedo el siempre polémico proyecto para crear un Régimen Penal Juvenil, con la intención de que baje la edad de imputabilidad de delitos de 16 a 14 años. 

Este es un debate con una alta carga ideológica. El nuevo Macri también prometió poner punto final a los piquetes. La otra tiene que ver con la suba de la edad jubilatoria. 

Al lanzar la reparación histórica a los jubilados, el Gobierno advirtió que el sistema previsional se puede mantener en las actuales condiciones por tres años. 

Luego una comisión deberá analizar su sustentabilidad. 

Traducido: posiblemente antes del final del mandato de Macri se busque subir la edad jubilatoria,

hoy en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Esa fue una de las recomendaciones que hizo el FMI al Gobierno.