El continente americano y el mundo entero pasaron por alto la barbaridad cometida por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua cuando decidió en 2008 cancelar la personalidad jurídica a los opositores Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y al Partido Conservador (PC).
Todo ocurrió hace casi una década, apenas un año después del arribo al poder del actual presidente del país, Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El MRS (sandinismo disidente) era un partido muy fuerte en Managua, donde aún existen importantes sectores de clase media.
A pesar de esta probada representatividad, el CSE canceló la personalidad jurídica al MRS por “no cumplir con la inscripción de sus estructuras partidarias en los 153 municipios nicaragüenses”.
A los conservadores les imputó “no presentar candidatos para los comicios municipales en el 80% de los mismos, como establece la ley electoral”, según los altos magistrados.
Además, el Consejo Supremo Electoral destituyó también a 16 diputados electos y 12 suplentes del Partido Liberal Independiente
En este caso, las argucias del CSE apuntaron a que los legisladores “perdieron su condición porque desatendieron los llamados de la nueva representación legal del partido por el cual fueron electos”.
Aunque la Asamblea Nacional es la única instancia estatal que puede destituir a sus diputados, según las leyes nacionales, el dictamen del CSE obedece a que la justicia en todos los órdenes está dominada por el FSLN.
Cualquier parecido con la Venezuela actual, no es pura coincidencia.
Tras perder los comicios parlamentarios de diciembre de 2016, el chavismo se encontró con un Congreso que tenía dos tercios de sus curules en manos de la oposición.
La Mesa de Unidad Democrática creyó que podría ejercer un contrapeso para frenar los desbordes de la dictadura chavista, pero los funcionarios del presidente Nicolás Maduro se movieron con rapidez, imitando a la Nicaragua de Ortega.
Siguiendo “sugerencias” de Cuba y de China (los dos grandes aliados de Nicaragua a nivel internacional) el oficialismo venezolano cambió a la mayoría de los miembros del Tribunal Superior de Justicia antes de perder la mayoría de la Asamblea y se preparó para desautorizar a través de estos flamantes ministros cualquier ley o norma establecida por el parlamento en manos de la MUD.
Actualmente, como los oficialistas saben que cualquier elección municipal, regional o nacional pondrá a morder el polvo al Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), el TSJ caribeño acaba de plantear un sistema político partidario similar al que impera en Managua.
Concretamente, las impresentables rectoras del CNE (abiertamente chavistas) ordenaron la renovación de los partidos políticos en condiciones casi imposibles de cumplir.
Las agrupaciones tendrán apenas dos días y 14 horas para conseguir firmas equivalentes al 0,5% de los electores en 12 estados.
El proceso de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos se iniciará el sábado 18 de febrero.
Venezuela será, desde el punto de vista electoral, una tragedia muy similar a la nicaragüense.
Si logran anular a los partidos de la MUD el sistema democrático del país bolivariano se habrá convertido en un gran chiste.
Detrás de estas continentales se esconde un secreto a voces: el petrólero de la Franja del Orinoco, donde están el 20 por ciento de las reservas de crudo del planeta, se irán por el caribe rumbo al Canal de Nicaragua (que Ortega le dió a los chinos por cien años y comenzará a operar en 2020).
Una carambola a tres bandas que nadie denuncia, a pesar de ser cada día más evidente.
Los asiáticos quieren "previsibilidad" para recuperar sus inversiones (léase, continuidad política, aunque no haya elecciones serias).
Ya le han destinado más de 70 mil millones de dólares a Hugo Chávez y Nicolás Maduro mientras que invertirán más de 50 mil en un gigantesco oleoducto que atravesará la "patria sandinista" de Este a Oeste. Del Atlántico al Pacífico.
¿Por qué se mantienen en silencio cómplice todos los organismos internacionales del subcontinente como el Mercosur, el Parlasur, el CELAC, el Unasur y la OEA?
El cínico titular de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quién aspira a convertirse en el futuro presidente de Uruguay, le echó la culpa al Papa Francisco, por su fallido intento de diálogo entre los asesinos y sus víctimas.
Tiene algo de razón ya que el fracaso del Sumo Pontífice fue épico pero sus excusas no llevan a nuestras democracias a ninguna parte.
Como en el célebre escrito atribuido al dramaturgo Bertold Bretch: “Vinieron por Nicaragua, pero no me importó porque yo no era nicaragüense. Vinieron por Venezuela, pero no me importó porque yo no era venezolano. Hoy vienen por mí, pero ya es demasiado tarde”.