En el día de ayer, el departamento de los Estados Unidos, ordenó la salida de Venezuela de los familiares de su personal en la embajada de Caracas, a tres días de que se lleven a cabo las elecciones para elegir a los integrantes de la constituyente convocada por el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

El gobierno estadounidense también informó que autorizó la salida voluntaria de su personal en la capital de la nación latinoamericana, sacudida por una grave crisis política, social y económica.

En una advertencia de viaje, el departamento de estado justificó esta decisión por los crímenes violentos, los disturbios sociales y la falta de alimentos y medicinas en Venezuela.

En el comunicado se plantea que la situación política y de seguridad es impredecible y puede cambiar en cualquier momento y en otra parte agrega que el crimen violento indiscriminado es endémico en todo el país y puede ocurrir en cualquier momento y lugar.

Esta noticia se da a conocer solo un día después de que la casa blanca anunciara una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios de Venezuela, en esta ocasión, 13 relacionados con la elección a la asamblea constituyente, la represión de las protestas de estos últimos meses y el manejo de áreas clave de la economía.

Tres de los afectados por las medidas adoptadas por el ejecutivo dirigido por Donald Trump participaron activamente en la organización de la constituyente, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Elias Jaua, Jefe de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente e Iris Varela, miembro de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente y exministra de asuntos penitenciarios.

Las autoridades estadounidenses aprobaron medidas en contra de cinco altos cargos de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales, a quienes consideran responsables de la represión de las protestas que se ha vivido en Venezuela, Néstor Reverol, Ministro del Interior, Justicia y Paz, Jesús Suarez Chourio, comandante general del Ejército, Sergio Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Boliviana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Boliviana y Franklin García Duque, exdirector de la Policía Nacional Boliviana.

Adicionalmente fueron sancionados cuatro funcionarios que tienen o han tenido papeles clave en la gestión de los fondos del Estado venezolano.

Carlos Erik Malpica Flores, otrora tesorero nacional, Simon Zerpa, vicepresidente de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, Rocco Alvisinni presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior y Turismo, y vicecanciller para América del Norte y Europa.

Las medidas adoptadas por Washington también alcanzan a Tarek William Saab, defensor del pueblo y presidente del consejo moral republicano, por considerarlo responsable en la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Retomando con el anuncio del departamento de estado, este, se produce en el medio de los dos días de huelga general convocados por la oposición, en los que han muerto almenos 6 personas y a tres días de la realización, el próximo domingo, de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Además, este mismo jueves, el gobierno de Venezuela decretó la prohibición de manifestaciones y protestas de cara a las elecciones del domingo.

El ministro del interior venezolano, Néstor Reverol, dijo en un mensaje emitido por televisión que quienes organicen, instiguen y/o participen en marchas o eventos similares para protestar contra la votación, recibirán penas que pueden ir entre 5 y 10 años de prisión.

Tras conocerse estas noticias, la oposición, quienes planeaban una protesta para hoy en Caracas contra la constituyente, decidió ahora extenderla a todo el país.

En su cuenta de twitter, el diputado opositor Freddy Guevara, escribió: “la dictadura dice que no podemos manifestar a parir de mañana, ¿entonces? Mañana ya no es la toma de Caracas, ¡sino de toda Venezuela!!”.

Ayer por la tarde, el parlamentario opositor, Jorge Millán, precisó que la llamada “toma de Venezuela” se iniciara a las 12:30 del día de hoy, y se cree que durara 3 días.

Mientras tanto, el presidente Venezolano, cerró en Caracas el acto de fin de campaña del chavismo de cara a la constituyente.

El mandatario, dirigiéndose al presidente estadounidense, aseguro en el evento que en Venezuela manda el pueblo y le pidió a la oposición cesar sus protestas y sentarse a dialogar en paz.

El actual crecimiento de las protestas  en Venezuela, en la que ya han muerto más de 100 personas, inicio el pasado abril cuando el Tribunal Supremo de Justicia emitió dos polémicas sentencias en las que asumía temporalmente todas las competencias  correspondientes a la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición y lo que el gobierno considera un desacato.

Por más que luego de unos días el Tribunal Supremo de Justicia suprimió varias partes de los fallos, las manifestaciones se siguieron presentando en todo el territorio nacional.

La oposición llamo a los venezolanos a desconocer la autoridad del presidente, al que considera un dictador.

Por su parte, el gobierno, atribuye la grave crisis del país a una “guerra económica” fomentada por la oposición y Estados Unidos.

Además, cataloga a los miembros de la oposición como terroristas que tratan de dar un golpe de Estado y fomentar la intervención nacional.

En el mismo contexto, a principios de mayo, el presidente maduro anunció la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna que sustituye la de 1999, lo que ha sido calificado por la oposición como golpe de estado.

Constitución de Venezuela de 1999 es la Carta Magna vigente en Venezuela, adoptada el 15 de diciembre de 1999 mediante un referéndum popular. El 15 de febrero de 2009, le fue introducida la Enmienda Nº 1 impulsada por el presidente Hugo Chávez, recibiendo respaldo de diversos sectores y el rechazo de los partidos tradicionales.

“Única. Juro sobre esta moribunda Constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro”.