No debería ser así, aunque lamentablemente parece que la Justicia federal en la Argentina funciona de este modo, subsumida y condicionada por tentaciones revanchistas.

El más reciente y esclarecedor ejemplo de ese pecado original que suele cubrir con un manto de sospecha las decisiones judiciales que involucran al Poder en el país tuvo como protagonista en los últimos días al juez Claudio Bonadio, con su fallo vinculado al atentado contra la AMIA.

Bonadio, que acumula una veintena de denuncias en su contra y a estas alturas no se entiende bien porqué continúa ejerciendo la profesión, desató un escándalo político al solicitar el desafuero de la ex presidenta y senadora electa, Cristina Kirchner, para proceder luego con su detención.

El magistrado, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, procesó con prisión preventiva a Cristina, a quien acusa de traición a la Patria y encubrimiento del criminal ataque contra la AMIA debido al memorando firmado con Irán a comienzos de 2013.

En definitiva, se trata de la denuncia que había realizado el fiscal Alberto Nisman antes de aparecer muerto en su departamento en enero de 2015.

Otros ex funcionarios de la administración anterior, dirigentes sociales y demás ya están durmiendo tras las rejas desde el jueves pasado con motivo de la misma resolución -polémica por cierto- de Bonadio, entre ellos, Carlos Zannini, Luis D´Elía y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

Los tres se suman a Amado Boudou, Julio De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López y Ricardo Jaime, por mencionar solo a un puñado de ex referentes de la gestión kirchnerista que cayeron en desgracia tras el cambio de Gobierno.

Esta avanzada de la Justicia, que parece haberse despertado de golpe, contra ex funcionarios del kirchnerismo generó revuelo en el seno de la clase política argentina en general y en el círculo íntimo de Cristina en particular, desde donde se levantan voces, incluyendo a la ex Presidenta, que aseguran que en la Argentina dejó de existir el estado de Derecho y por ende, todo dirigente opositor corre riesgo de terminar preso.

En realidad, no da la sensación de que la Justicia federal haya enfocado su mira en la oposición en su conjunto, sino que los cañones apuntan básicamente hacia los ex funcionarios kirchneristas acusados o bajo sospecha de haber cometido ilícitos, actos de corrupción o haber incurrido en un mal desempeño como administradores públicos, tras su llegada a la Casa Rosada en 2003 blandiendo consignas de rebelión contra el statu quo.

Rendición de cuentas

Por una cuestión de transparencia y hasta de salubridad democrática en la Argentina, los políticos deberían acostumbrarse a que una vez concluido su mandato como funcionarios puedan ser llamado a rendir cuentas ante la Justicia por las decisiones que hubieran tomado como empleados del Estado, ya que, en definitiva, ni más ni menos que ese rol desempeñan en el Poder.

Sin embargo, en los últimos años los jueces federales se han empeñado en convertirse en un estorbo en el camino hacia una mejor calidad institucional -tan necesaria por estos días- dentro del sistema judicial: Bonadio, uno de los presuntos magistrados incluidos en la "servilleta" de Carlos Corach, integra esa nómina de obstáculos.

Porque lisa y llanamente, desde su mismísima designación, allá por 1994, dispuesta por el ex mandatario Carlos Menem y en momentos en los que Bonadio se desempeñaba como número dos de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, cumpliendo órdenes de Corach justamente, el cuestionado juez ha sabido acumular méritos para ser considerado como un magistrado "amigo del Poder"... ¿o no decía eso la servilleta?

Es más, a Bonadio jamás pareció preocuparle el qué dirán y ahora, después de haber transitado por años complejos durante el kirchnerismo, cuando por ejemplo beneficiaba con sus fallos al Grupo Clarín en medio de aquella disputa con el Gobierno por su adecuación a la Ley de Medios, decide lanzarse de lleno a esta cruzada contra funcionarios de la gestión anterior con argumentos que, a decir verdad, humean algo de revanchismo.

"Traición a la Patria y encubrimiento" es la acusación que plantea Bonadio, el mismo magistrado que en noviembre de 2005 fue separado de la investigación del atentado contra la AMIA por "falta de imparcialidad" y por haber mantenido un doble rol de juez y sospechoso, luego de que el Gobierno en ese momento imputara en la causa al ex ministro del Interior Corach, su amigo y ex jefe en la función pública.

En aquel entonces, Bonadio debía indagar sobre presuntas maniobras de encubrimiento o intentos de construir una "verdad falsa" para cerrar el caso a cualquier costo, después de que el mortífero ataque explosivo contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 personas fallecidas y decenas de heridas.

Más que una mueca, es una burla del destino, o de la Justicia federal del país en realidad, que Bonadio 12 años después tenga a su cargo una causa tan, pero tan delicada como la que se inició tras la denuncia del malogrado Nisman y proceda como lo hizo esta semana, abonándose al festival de prisiones preventivas desatado en la Argentina en las últimas semanas y obrando en función de un simple juicio de valor, o no tan simple.

La revancha es mala consejera

No debería ser así, aunque parece que lastimosamente para la Justicia federal la tentación es más fuerte y entonces suceden estas cosas.

Por amiguismos, por conveniencia, por corrupción, por presiones políticas o por sed de revancha se han tomado a lo largo de la historia decisiones en las más altas esferas que conspiran contra la credibilidad del sistema judicial.

Por haber archivado en tiempo récord la denuncia de Nisman hoy es el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, de Capital Federal también, el que debe comparecer ante el Consejo de la Magistratura y ve comprometido su futuro laboral como magistrado.

Bonadio claramente tendría que seguir sus pasos y someterse a un escrutinio, de igual manera que el ex juez Norberto Oyarbide debería estar preso en la actualidad, después de haber batido un récord de denuncias por mal desempeño.

La resolución de Bonadio basada en un juicio de valor, es decir, frente a la sospecha de que los imputados pueden llegar a entorpecer el proceso de investigación y por ese motivo ordena detenerlos (con prisión preventiva, o sea, sin sentencia firme), no hace otra cosa que alimentar y agigantar la supuesta condición de "mártires" sobre la cual el kirchnerismo intenta construir su discurso de resistencia.

Cristina denunció una presunta campaña de "persecución política sin precedentes" en la historia democrática nacional y el diputado electo por el kirchnerismo Agustín Rossi sostuvo en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas que todo dirigente opositor "tiene que pensar que en cualquier momento puede perder su libertad".

Tras el fallo de Bonadio, en medio de un final de año de por sí tenso para el Gobierno, el rol de "víctimas" prácticamente les cae como anillo al dedo incluso a los ex funcionarios de la gestión anterior vinculados a causas por supuesta corrupción en las que a simple viste las pruebas son más contundentes, como por ejemplo, Hotesur y Los Sauces. En ambas está involucrada Cristina.

Hasta la izquierda, tan vilipendiada por el kirchnerismo en los últimos años, salió a respaldar a la ex Presidenta y a los demás implicados en la resolución de Bonadio, mientras se mantiene por estas horas la incógnita sobre lo que sucederá finalmente en el Senado con el pedido de desafuero de Cristina que dispuso el juez: ¿votará a favor el peronismo anti-k? Difícil, ¿no?