El primer medio en denunciarlo fue Tribuna de Periodistas. No a Hugo Moyano en sí, que viene siendo señalado hace años por diversos medios de comunicación, sino sus vínculos con el mundo de las drogas y el posterior lavado de dinero.

El 6 de mayo de 2016 —hace un año y medio— revelamos cómo el camionero utilizaba los camiones de OCA para repartir estupefacientes. También dijimos que ese dinero se blanqueaba en esa y otras empresas.

“Fuentes de la propia empresa confirmaron que Moyano es el real dueño de OCA. Los mismos informantes son los que refieren que los camiones de esa empresa se utilizan aún hoy para mover narcóticos y luego el dinero producido se lava en esa y otras firmas moyanistas", según la nota que recién se mencionó.

La mención viene a cuento de que este viernes la Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac) denunció a Moyano, a su hijo Pablo, a la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito. La suma asciende a los 4 mil millones de pesos.

Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procelac, formuló la denuncia penal, que recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo, y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita, en virtud de hechos que "podrían resultar constitutivos del delito de lavado de activos" y evasión tributaria, "sin perjuicio de otras hipótesis delictivas que podrán surgir de la investigación", según dijo en el escrito al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.

El pedido de investigación alcanzó también a las sociedades Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales, Pertenecer, Grupo Damasco, Beldora Argentina y Automóviles Améndola.

También al Club Deportivo y la Asociación mutual de Camioneros, Patricio Nicolás Farcuh, Alejandro Ginevra, Ernesto Alejandro Améndola y a "toda otra persona física o jurídica que haya intervenido en el accionar ilícito que se describirá, en especial las del denominado 'grupo Rhuo'".

La principal firma involucrada es la empresa postal OCA, de la cual siempre se sospechó que los Moyano no eran sólo representantes de los trabajadores, sino posibles socios del empresario Farcuh, titular de la firma.

El caso se originó en un "informe de inteligencia" de la Unidad de Información Financiera (UIF) elevado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el 21 de diciembre de 2017.

La UIF remitió el mismo informe al Juzgado Nacional en lo Penal Económico 9, Secretaría 17, por su posible vinculación con otra causa (N° 1654/2016 "Plan Obra SA y otros s/ Infracción Ley 24.769"), consignó el escrito.

El informe de inteligencia de la UIF analizó "múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios" entre empresas, en parte del "grupo Rhuo", en especial desde 2008, "cuyo origen podría ser ilícito", según la denuncia de la Procelac.

Siempre de acuerdo con la investigación de la UIF, "dichas sociedades registrarían numerosos y llamativos movimientos de fondos entre sí, detectándose incluso que en determinados casos la única fuente de ingresos habría sido una serie de transferencias provenientes de sociedades vinculadas".

La presentación detalló además operaciones atribuidas a cada una de las personas físicas o jurídicas denunciadas, así como su crecimiento patrimonial.

El informe de la UIF señaló que OCA es "la firma más relevante del grupo" y que "se encontraría en una delicada situación financiera y fiscal, a partir de un embargo judicial" solicitado por la AFIP "con motivo de una deuda que registraría con ese organismo, generada por la presunta utilización de impuestos retenidos a terceros para financiarse".

Respecto de varias de las sociedades denunciadas, describió diversas irregularidades, inconsistencias y, respecto de OCA, mencionó en particular "la presunta evasión fiscal", donaciones y "vinculaciones del grupo económico con Pablo y Hugo Moyano".

"Estas firmas evidenciaron un crecimiento exponencial, principalmente en el período comprendido entre los años 2009 y 2013, incrementando sus respectivos patrimonios un 1.000%, aproximadamente", señaló.

"Si bien ello, en principio, se sustentaría en el notable crecimiento del volumen de su actividad, lo cierto es que en muchas ocasiones las empresas habrían sido clientes y/o proveedores de otras empresas del grupo. Es decir, gran parte de los movimientos financieros cotejados en los productos de las firmas tuvieron como contraparte a otras firmas del mismo grupo", apuntó el escrito de la Procelac, entre otros detalles.

Además, aludió a "reiteradas transferencias entre cuentas" de esas sociedades y a una "permanente circulación de fondos de una a otra sociedad, en algunos casos sin justificación económica conforme a la información disponible".

"Tales circunstancias, sumadas a la compleja red de conexiones entre las firmas, son indicadoras de riesgo de lavado de activos y por tanto de sospecha de su comisión, cuya efectiva concreción deberá ser objeto de investigación judicial", afirmó.

Junto a lo que llamó "una notable confusión de patrimonios", la denuncia sostuvo que "hay indicios serios de ilícitos fiscales previos" y que "el entramado de operaciones descriptas constituye per se un mecanismo eficaz para introducir en el mercado formal, dándoles apariencia de origen lícito, fondos de origen delictivo".

Respecto de diversas operaciones, la Procelac señaló en particular los presuntos vínculos "del presidente y principal accionista del grupo económico investigado, Patricio Farcuh, con las personas que conducen las instituciones sindicales vendedoras", Hugo y Pablo Moyano.

Entre otros casos, el "grupo Rhuo", según la Procelac, "habría adquirido el paquete accionario de OCA S.R.L. entre los meses de septiembre y noviembre de 2013 por una suma que habría rondado los USD 60.000.000".

Dijo también que "la información cotejada permite plantear cuestionamientos con relación al apalancamiento de esa operación".

Por esos hechos, sumados a la presunta retención de fondos correspondientes a otros impuestos, como IVA y Ganancias, la AFIP inició múltiples causas —que se hallan en trámite— contra esa firma por delitos tributarios, en reclamo de una deuda "que se menciona podría alcanzar la suma de cuatro mil millones de pesos".