Luego de que la Justicia le haya aclarado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que Cristóbal López probablemente no pueda pagar todo lo adeudado, el ente recaudador, por medio de su abogado Ricardo Gil Lavedra, en las últimas horas, presentó una apelación ante la Justicia.

Esta última presunción no es casual, sino que los interventores de la causa, en una exhaustiva revisión de papeles, llegaron a la conclusión de que la empresa Oil Combustibles es inviable, por lo que mencionaron que la AFIP no va a cobrar lo debido.

Por tanto, el juez Javier Cosentino citó al ente recaudador el próximo lunes 26 de marzo a una audiencia en el juzgado Comercial para saber qué es lo que piensan hacer respecto de la empresa de López, ya que tienen dos opciones: pedir la quiebra de la empresa de combustibles o darle un plazo para que pueda pagar al menos una parte.

La realidad es que el empresario de alguna forma salió ganando, y la suma de 8 mil millones de pesos no pagados por el Impuesto a la Transferencia  de Combustibles (ITC), ahora actualizada por multas e intereses por un monto de 17 mil millones de pesos, “desapareció”.

Los camaristas que facilitaron la excarcelación de Cristóbal López y de su mano derecha Fabián De Sousa, fueron Jorge Ballesteros y Eduardo Guillermo Farah. Este último, tras la acusación de Elisa “Lilita” Carrió, se vio en la obligación de manifestar que no recibió coima alguna.

Es dable destacar que la diputada Carrió, devota a sus hábitos y respaldada por el ministro de Justicia, German Garavano, calificó como “un acuerdo de impunidad” la resolución de la Cámara Federal que desembocó en la excarcelación de los empresarios arraigados al anterior Gobierno.

Tras el cambio de caratula que pasó de un delito penal contra la Administración Publica a una apropiación indebida de tributos, López y De Sousa quedaron en libertad pudiéndose cerrar la causa pagando una parte de lo adeudado.

Sin embargo, la Ley tributaria, reformada el diciembre pasado, castiga con hasta 6 años de prisión a aquellas personas que se apropien de tributos por más de 100 mil pesos

Según Gil Lavedra, este último cambio de la tipificación “podría ser la puerta para la extinción del delito y ahora cualquiera decisión de la Justicia está bajo sospecha”.

La Corte Suprema de Justicia, ayer decidió que el Consejo de la Magistratura investigue las irregularidades que llevaron a la excarcelación de los empresarios, a sabiendas que se equivocaron al no llevar adelante un sorteo que designara a los jueces a cargo de la causa.

La razón de que no se haya llevado a cabo un concurso, es porque de esa forma existía un 50% de probabilidad de que salga sorteado el juez Martin Irurzun, lo que hubiese generado que tanto López como De Sousa permanezcan dentro del penal.

Por tanto, Ballestero recurrió a Farah, quien ya había intervenido anteriormente, designado por sorteo, en el marco de una causa conexa, lo cual fue explicado al Conejo de la Magistratura.

Actualmente, con el antecedente del juez Eduardo Freiler, el Gobierno apunta contra Ballestero con la convicción de que no se va a resistir, aunque esté se mostró bastante furioso.